La constante en la historia fiscal mexicana ha sido la baja recaudación tributaria y su regresividad; esto se traduce en una debilidad histórica de la hacienda pública. Esta debilidad se refleja en todo el sistema impositivo, pero con especial agudeza en el impuesto predial, uno de los instrumentos fiscales más importantes para las arcas municipales. Su recaudación es alarmantemente baja: a nivel nacional apenas alcanza el 0.2 por ciento del PIB. La diferencia con países ricos como Inglaterra es abismal, pues allí se recauda el 3.7 por ciento; pero también resulta menor en comparación con países con niveles de desarrollo económico similares a México, como Chile, donde la cifra llega al 0.78 por ciento, cuatro veces más.

El impuesto predial se cobra con base en el valor catastral que los gobiernos municipales imputan a los inmuebles, y éste a su vez se compone del valor del suelo y los materiales de construcción. En semanas recientes, la cámara de diputados aprobó la Ley de Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que se propone actualizar el registro catastral de todos los municipios mexicanos. Los diputados de los partidos opositores han llamado predialazo a esta Ley; pretenden con ello alarmar a la población (propietarios) sobre el aumento de impuestos, lo que iría en contra de la promesa que la 4T ha hecho de no incrementar la carga fiscal.

Vale la pena considerar que actualizar el catastro de los municipios es muy caro y poco rentable electoralmente, por lo que los gobiernos municipales prefieren no hacerlo, mucho menos considerando que su gestión se reduce a un espacio de tres años. Con esta Ley, la actualización catastral quedará en manos del Gobierno Federal, particularmente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, los gobiernos municipales no podrán asignar el valor catastral, ellos no tendrán esas facultades.

El impuesto predial es, idealmente, el impuesto más progresivo porque grava la propiedad, la riqueza en stock, aspecto en el que las sociedades capitalistas son más desiguales que, por ejemplo, la distribución del ingreso. De acuerdo con informes de Oxfam, en México el 10 por ciento de la población más rica tiene 75 por ciento de la riqueza nacional, que abarca el ingreso y las propiedades. El impuesto predial debería servir para gravar las propiedades e invertir ese dinero en las zonas donde viven las familias pobres y con ello cerrar la brecha de riqueza.

Sin embargo, por la forma en que se implementa actualmente, el impuesto predial es altamente regresivo. Las familias ricas destinan menos porcentaje de su ingreso a pagar el impuesto predial que las familias pobres. Además, la proporción del predial en relación con el valor inmobiliario es más pequeño en las viviendas de familias ricas que en las familias pobres. Es por eso que urge la actualización del valor catastral y registral de los inmuebles. Necesariamente, eso implica el aumento del impuesto predial, aunque el Gobierno Federal lo niegue para no perder votos.

No obstante, esta actualización no garantiza por sí misma la progresividad del impuesto. Incluso es muy probable que el impuesto predial de asentamientos de familias pobres aumente, ya que para su cobro no se toman en cuenta factores económicos o sociales del propietario. Por tanto, ninguna ley, sin la defensa de los pueblos por sus derechos a habitar la ciudad, beneficiará automáticamente a la población, aun cuando sea necesaria para un Estado con más oportunidades.

Pero la progresividad del sistema fiscal no termina en la recaudación, se debe completar con el gasto del gobierno. Si bien se espera que la actualización del valor catastral incremente los ingresos municipales, para que éstos contribuyan a reducir las desigualdades resulta indispensable que la ciudadanía exija su inversión en bienes y servicios básicos: escuelas, alumbrado, hospitales de todos los niveles, banquetas y calles seguras. Sólo así se podrá terminar con otras problemáticas como la segregación residencial, la gentrificación, la financiarización y la especulación de nuestras ciudades, pues estos problemas surgen de que la gente no controla, mediante la organización y la lucha, las renovaciones urbanas que, a la postre, terminan expulsando a la población más pobre.