En Quintana Roo se genera cada vez más riqueza, pero la distribución permanece desigual.
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Organizaciones de derechos humanos y comunidades choles, tseltales y tsotsiles alertaron sobre una nueva oleada de criminalización y vigilancia en sus territorios, donde el Gobierno federal construye la carretera de las Culturas.
Los indígenas chiapanecos denunciaron el sobrevuelo de drones, la invasión de parcelas por parte de trabajadores de empresas constructoras y la destrucción de manantiales. También señalaron que la obra inició sin los estudios y permisos necesarios.
En una carta pública, las comunidades y organismos firmantes, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo del Sureste, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detener la destrucción de bosques tropicales y parcelas, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar una visita inmediata para documentar las presuntas irregularidades.
Las organizaciones sostienen que mujeres tseltales, choles y tsotsiles quedaron fuera de las consultas y denunciaron la realización de asambleas con personas ajenas a las comunidades. Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
También denunciaron presiones contra quienes rechazan el proyecto, el cual, aseguran, no fue presentado con veracidad a las personas afectadas.
Cabe destacar que el tramo Palenque-Ocosingo, el primero del proyecto, comenzó a construirse el 8 de junio de 2025, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
El texto recuerda que el 9 de agosto más de cuatro mil personas de 600 comunidades indígenas se movilizaron en peregrinación y afirma que ninguna autoridad las ha escuchado. Desde entonces, se han registrado amparos por falta de consulta, caravanas de observación y manifestaciones en Ocosingo, Chilón y Bachajón.
Las comunidades pidieron al Gobierno de Chiapas y a los municipios abstenerse de ejercer violencia, y a la presidenta Sheinbaum cancelar lo relacionado con la carretera y reactivar el diálogo. Advirtieron que continuarán defendiendo sus territorios y exigieron que se respete su derecho a la consulta libre, previa e informada. Hasta el momento, ni la Semarnat ni la Profepa han emitido una respuesta pública sobre las solicitudes planteadas.
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Escrito por Victoria Cruz
Estudiante de Comunicación en la UNAM.