Baja California Sur es reconocido internacionalmente por sus destinos turísticos, los hoteles de lujo y la derrama económica generada por una industria que ha transformado principalmente a municipios como Los Cabos y La Paz. Sin embargo, detrás de esa próspera imagen existe otra realidad: la de miles de comunidades rurales que sobreviven alejadas de los centros urbanos, con dificultades para acceder a servicios médicos, infraestructura, empleo y apoyos sociales.

Baja California Sur aprendió a vender una imagen de prosperidad. En las últimas décadas, la entidad construyó su identidad económica alrededor del turismo: playas reconocidas internacionalmente, hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios, campos de golf y una industria que atrae anualmente a millones de visitantes nacionales y extranjeros.

La postal se completa por el mar de Cortés, las embarcaciones frente al Arco de Cabo San Lucas, los complejos turísticos de Los Cabos y las inversiones que transformaron antiguos pueblos pesqueros en destinos de clase mundial, que ahora pertenecen al relato de un estado promotor de crecimiento y oportunidades.

La bonanza dejada por el turismo resulta desigual y llega para unos pocos. Entre enero y octubre de 2025, la Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur (Setue) reportó una derrama económica turística de 23 mil millones de pesos (mdp). Hasta este punto del país llegaron unos 4.1 millones de turistas por aire.

Pero existe otra Baja California Sur, una que no aparece en las campañas turísticas, que se encuentra lejos de las avenidas llenas de restaurantes, los hoteles frente al mar y zonas donde la inversión privada modifica el paisaje aceleradamente.

Ese otro estado comienza en los caminos donde termina el pavimento, está en las rancherías dispersas entre la sierra y el desierto, en comunidades donde una consulta médica puede significar horas de traslado; una lluvia puede convertirse en amenaza para una vivienda construida hace décadas; donde los adultos mayores cuidan las últimas historias de una forma de vida que paulatinamente desaparece.

Ahí, en medio de ese amplio y silencioso territorio, vive María Dolores Higuera, tiene 102 años; su ejemplo representa una memoria viva de Baja California Sur, pero también una pregunta incómoda sobre el desarrollo: ¿quién quedó fuera del crecimiento económico que transformó al estado?

Ella es una de las más de 70 mil personas, es decir, de casi el nueve por ciento de la población de la entidad, que vive en una de las dos mil 500 localidades rurales donde los habitantes sufren condiciones precarias, limitados por caminos de difícil acceso y la falta de servicios de salud, educación, etc.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), otras 33 mil personas sustentan su economía en la ganadería y agricultura, aunque no necesariamente habitan las zonas rurales.

Una vida entre el rancho y el abandono

Para llegar a San Pedro de la Presa, hay que abandonar las rutas principales y avanzar hacia la delegación de Los Dolores, en el municipio de La Paz. El viaje desde la capital del estado requiere más de tres horas y media.

El último tramo transcurre por caminos de terracería, la distancia no sólo se mide en kilómetros, también se mide en tiempo para recibir atención médica, en dificultades para transportar alimentos, en costos para salir de la comunidad y en las posibilidades de sus habitantes para acceder a servicios básicos.

En ese lugar vive María Dolores Higuera; nació en 1923, trece años después de la Revolución Mexicana. Durante más de un siglo ha visto cambiar al país y al propio Baja California Sur.

Cuando era joven, el territorio aún tenía una comunicación limitada con otras regiones. La vida dependía del trabajo agrario, de los animales, del conocimiento transmitido entre generaciones y de la capacidad de las familias para adaptarse a uno de los territorios más áridos del país.

Con el paso de los años llegaron transformaciones profundas. Baja California Sur se convirtió en estado en 1974. La construcción de infraestructura conectó algunas comunidades, el turismo se convirtió en el principal motor económico.

Los Cabos pasó de ser una región con actividad pesquera y agrícola se transformó en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Pero tal cambio no ocurrió de la misma manera en todas las regiones; en San Pedro de la Presa, el tiempo parece haber avanzado lentamente y la vivienda donde María Dolores vive con sus hijos refleja esa desigualdad.

Ahí comparte sus días con Manuel Salvador Higuera, de 75 años, y María Cristina Higuera, de 65, tres adultos mayores, es decir, una familia que depende principalmente de sus propios esfuerzos.

Las paredes de la casa combinan madera, lámina y palma, el techo muestra las consecuencias de los años. La lluvia entra, el deterioro avanza y las reparaciones que necesitan recursos económicos no siempre son posibles.

“Se mete el agua; el techo ya no sirve; y aquí le andamos capoteando la camita por donde no le caiga el agua y poniéndole un hule a las cobijas… así para que no se moje”, narró María Cristina Higuera, hija de María Dolores.

No es solamente el deterioro de una vivienda, sino también la consecuencia de vivir en una comunidad donde las distancias complican las necesidades cotidianas.

Tres adultos mayores cuidándose entre sí

La historia de la familia Higuera también muestra otro fenómeno que ocurre en varias comunidades rurales: el envejecimiento de quienes permanecieron en el campo. María Dolores está en cama desde hace más de dos años y quienes la cuidan no son jóvenes, se trata de sus propios hijos.

Manuel Salvador enfrenta problemas de salud, María Cristina también tiene padecimientos que limitan sus actividades; sin embargo, ella todavía realiza las labores necesarias para mantener el hogar.

A María Cristina, la responsabilidad se le acumula: entre cuidar a una madre de 102 años, atender a un hermano enfermo y resolver las tareas domésticas, busca la manera de sostener una vivienda que requiere mantenimiento.

“Mi hermano también está padeciendo reumas; ahí con batallas se mueve también; no batallo con un adulto, batallo con dos”. Una realidad que afecta a muchas comunidades rurales donde los cuidadores también necesitan cuidados. El campo envejeció y quienes permanecieron, enfrentan cada vez más dificultades para continuar.

Un estado rural que pocos conocen

La imagen turística de Baja California Sur suele ocultar una característica fundamental: es uno de los estados con mayor dispersión territorial del país. Su extensión supera los 73 mil kilómetros cuadrados, pero su población se concentra principalmente en pocos centros urbanos.

El resto del territorio está formado por pequeñas localidades separadas por grandes distancias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define como localidades rurales aquellas con menos de dos mil 500 habitantes.

El Censo de Población y Vivienda reportó en 2020 que en Baja California Sur existen miles de localidades rurales distribuidas en sus cinco municipios.

Aunque la mayoría de la población vive en zonas urbanas, una parte considerable del territorio depende todavía de comunidades pequeñas donde persisten actividades ganaderas, agrícolas y pesqueras.

El problema es que muchas de estas localidades enfrentan un proceso de despoblamiento. La falta de empleo, educación, servicios médicos y oportunidades para las nuevas generaciones provoca que muchos jóvenes migren hacia La Paz, Los Cabos u otros estados.

El resultado son rancherías con menos habitantes, familias cada vez más envejecidas y actividades tradicionales que pierden continuidad.

La geografía sudcaliforniana representa uno de los mayores retos para llevar servicios públicos, pues no es lo mismo atender una ciudad concentrada que comunidades separadas por cientos de kilómetros.

La distancia se convierte en una barrera; para una familia urbana, acudir al médico significa tomar transporte y recorrer algunos minutos. Para una familia rural implica organizar un viaje de varias horas, contar con vehículo, pagar combustible y enfrentar caminos en malas condiciones. En lugares como San Pedro de la Presa, la salud depende muchas veces de la posibilidad de trasladarse.

El campo que todavía existe

A pesar de que Baja California Sur se percibe como un estado dedicado al turismo, la actividad agrícola tiene una presencia fundamental en el territorio. El Censo Agropecuario 2022 del Inegi documenta que la entidad posee aproximadamente 7.1 millones de hectáreas de área rural, de las cuales alrededor de 5.6 millones tienen uso o vocación agropecuaria, lo que refleja la dimensión territorial de las actividades agrícolas, ganaderas y productivas que aún se conservan en la entidad.

El territorio existe, la producción existe y las comunidades rurales permanecen; sin embargo, las condiciones para continuar habitándolas y mantener las actividades tradicionales del campo se han vuelto cada vez más complejas. La falta de servicios, las distancias, el envejecimiento de la población y la migración de las nuevas generaciones han transformado la vida rural sudcaliforniana.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce el campo o cuánta superficie permanece destinada a actividades agropecuarias, sino quiénes trabajarán esa tierra en los próximos años y qué ocurrirá con las comunidades que durante décadas edificaron la identidad y el sustento de Baja California Sur.

El campo resiste, pero ya no se vive de él

El abandono del campo sudcaliforniano no sólo puede medirse por el número de rancherías que han perdido habitantes o por las dificultades para acceder a servicios básicos; también se refleja en la incertidumbre de quienes todavía producen alimentos y enfrentan, año con año, condiciones cada vez más adversas para mantener su actividad.

En el Valle de Santo Domingo, considerado el principal distrito agrícola de Baja California Sur, los productores de trigo atraviesan uno de los ciclos más complicados de los últimos años. La falta de horas-frío durante el invierno redujo significativamente los rendimientos por hectárea, lo que afectó directamente la economía de 130 a 150 familias dependientes exclusivamente de este cultivo.

Juan Manuel García Amarillas, presidente de la Central Campesina Independiente en Baja California Sur, explica que normalmente las cosechas alcanzan entre seis y siete toneladas por hectárea; sin embargo, este año, muchos productores apenas obtuvieron entre dos y cuatro toneladas, una reducción con pérdidas millonarias para el sector.

“Estamos estimando que ya no se producirán alrededor de seis mil toneladas de trigo. Eso significa cerca de 30 mdp que ya no circularán en la economía del Valle de Santo Domingo”, lamentó.

Las consecuencias, advierte, no se limitan a los agricultores. La disminución de la producción repercute en toda la cadena económica del campo: jornaleros, transportistas, operadores de maquinaria, comercios locales y proveedores de insumos ven reducidos sus ingresos cuando una cosecha fracasa.

“Golpeará mucho el tema familiar y social. Los jornaleros se quedarán sin trabajo porque el agricultor no tendrá capacidad para seguir con sus labores cotidianas durante el resto del año”, alertó.

A esta situación se suma el incremento constante en los costos de producción. Combustibles, fertilizantes, semillas y agroquímicos han elevado los gastos de los productores, mientras que el precio de los granos no crece al mismo ritmo, sino que se reduce cada vez más la rentabilidad de la actividad agrícola.

Frente a este panorama, permanecer en el campo ya no es una decisión estrictamente económica. “Estamos en los ranchos porque es algo sentimental; ya ni siquiera es por negocio. Tenemos años que nos ha ido muy mal; pero ahí nos dejaron nuestros padres y ahí estamos trabajando día con día, hombro con hombro, para poder salir adelante. Diariamente, las cosas se ponen mucho más difíciles y no sabemos ya qué hacer ni para dónde darle”, sentenció García Amarillas.

Las cifras oficiales muestran que el campo sudcaliforniano todavía existe. Lo que está en riesgo no es el territorio, sino las personas que lo habitan. Son ellas quienes envejecen, quienes migran o quienes todavía producen pese a las pérdidas económicas, y sostienen una actividad que muchas veces sobrevive más por convicción que por rentabilidad.

Durante décadas, el desarrollo de Baja California Sur se ha medido por la llegada de turistas, la construcción de hoteles y el crecimiento de sus ciudades. Quizá ha llegado el momento de medirlo también por la capacidad del Estado para garantizar que las comunidades rurales no desaparezcan. Porque el verdadero desafío no será explicar por qué el turismo convirtió a Baja California Sur en una potencia económica, sino responder por qué, mientras permitió que el campo se rezagara.

¿Cómo puede un estado que presume cifras históricas de inversión turística mantener comunidades donde envejecer significa hacerlo lejos de un médico, de un camino en buenas condiciones o de oportunidades para que las nuevas generaciones permanezcan en el lugar donde nacieron?