Detrás de esa próspera imagen existe otra realidad: la de miles de comunidades rurales que sobreviven alejadas de los centros urbanos.
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En San Luis Potosí, a decir de investigadores, especialistas y activistas, las emisiones de contaminantes, a las que se encuentra expuesta la población, han alcanzado niveles peligrosos que arriesgan la salud de los habitantes de las diferentes regiones, principalmente de la capital. Aunque se han ubicado las fuentes contaminantes, prevalece la inacción de los gobiernos locales.
Los ciudadanos de San Luis Potosí realmente no están enterados de la mala calidad del aire, agua y suelo; la mayor parte de la responsabilidad recae en las áreas correspondientes del gobierno, pues existe una deficiente e incompleta red de monitoreo para detectar la presencia de elementos contaminantes, lo que impide concretar medidas y acciones para evitar sus efectos negativos.
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) sólo posee cuatro casetas de monitoreo del aire con tecnología costosa, pero que no mide la presencia de todos los contaminantes y sólo abarca pequeñas áreas, lo que no refleja la totalidad de las zonas de la capital y vuelve totalmente deficiente el sistema, que reporta buena calidad del aire cuando realmente es mala o muy mala, informan medios locales.
Este semanario consultó voces expertas que describieron con la mayor exactitud posible el estado en que se encuentra la calidad del aire en la entidad.
Fernando Díaz Barriga, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió a buzos que “mientras los reportes de monitoreo diario indican una calidad del aire mayoritariamente ʽbuenaʼ o ʽaceptableʼ, los diagnósticos ambientales a largo plazo de la UASLP alertan sobre crisis estructurales tanto en aire como en agua”, y reveló que “la polución ya no es un riesgo lejano, sino una realidad palpable que impacta simultáneamente en agua, aire y suelo en las cuatro regiones del estado”.
El experto hizo énfasis en la saturación de partículas y en la insuficiencia de monitoreo del aire; además, denunció ceguera institucional: “el problema se magnifica porque el monitoreo actual resulta insuficiente (con apenas cuatro casetas oficiales), lo que deja grandes vacíos de información sobre incendios y la calidad real del aire que respira la población”; también destacó: “los gobiernos locales… han incurrido en omisiones graves ante la falta de monitoreo y una preocupante apatía política frente a la crisis ambiental”.
Rogelio Flores Ramírez, de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT), explicó a buzos que se debe transitar a Redes de Monitoreo basadas en sensores de bajo costo para superar las limitaciones oficiales, y agregó que la instalación, mantenimiento y operación intermitente de las estaciones tradicionales –como las vinculadas al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica)– son sumamente costosas.
Para Walter Armando Barrera López, titular del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático (Labcacc) de la UASLP, San Luis Potosí es de las pocas capitales mexicanas sin un sistema de monitoreo ambiental confiable ni datos públicos oficiales válidos, pues sólo operan cuatro estaciones de monitoreo en la zona metropolitana. Ninguna está equipada para medir adecuadamente los siete contaminantes, criterio exigido por la norma mexicana (ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, plomo, PM10 y PM2.5), por lo que calificó la calidad del aire como “pésima”, con niveles de contaminación alarmantes, peor que en la Ciudad de México (CDMX), porque las investigaciones del Labcacc detectaron picos-horarios donde la presencia de partículas finas –PM10 y PM2.5, por su tamaño medido en micras– en la capital potosina es hasta cinco veces mayor que la registrada en la CDMX.
Además, los análisis evidenciaron la existencia de concentraciones muy elevadas de metales pesados suspendidos en la atmósfera de la ciudad, los cuales representan un riesgo severo de enfermedades respiratorias crónicas, daño neurológico y cáncer. La atmósfera de San Luis Potosí es inestable y peligrosa debido a la compleja mezcla de emisiones provenientes de plantas cementeras, fundidoras, industrias metal-mecánicas, más de 120 ladrilleras y el parque vehicular, precisó Barrera López.
Por su parte, Luis González Lozano, director general de Cambio de Ruta AC, denunció que la entidad enfrenta una crisis aguda de contaminación, agravada por la falta de un sistema de monitoreo eficaz y la inacción gubernamental. Agregó que la carencia de casetas modernas y eficientes de la SEGAM, que no emite alertas cuando la calidad del aire es mala e identifica como una de las causas de la contaminación del aire por el aumento acelerado del parque vehicular y la ineficiencia vial con velocidades de apenas 15 Km/h en horas de mayor tráfico.
Entre las causas identificadas de la contaminación se encuentran combinadas las geológicas –por la falta de planeación urbana– y el crecimiento industrial, que se ha puesto por encima de la salud pública.
Los efectos en el mundo
En el Informe del Medio Ambiente, realizado por el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se lee “la exposición al aire contaminado tiene implicaciones sociales y económicas importantes, siendo quizá una de las más relevantes la de ser la principal causa ambiental de muertes prematuras a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 la contaminación del aire fue responsable de 3.7 millones de muertes en el planeta… en el continente americano se registraron cerca de 58 mil decesos”.
En México, según el mismo documento, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2014ª) evaluó el impacto económico y sobre la salud de la calidad del aire en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, donde encontró que si se cumplieran los límites recomendados por la OMS para la concentración de partículas PM2.5 –contaminantes microscópicos en el aire– se evitarían pérdidas económicas por 45 mil millones de pesos (mdp) y dos mil 170 muertes prematuras. Y considera lo establecido en la normatividad mexicana para este mismo tipo de partículas, si su concentración se mantuviera por debajo del límite determinado, se evitaría un gasto de 27 mil mdp y alrededor de mil 317 muertes prematuras.
La fuente señala que el Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM), de la Dirección General de Gestión del Aire dependiente de la Semarnat, incluye el criterio de las emisiones de contaminantes para fuentes fijas por entidad federativa; aunque existen inventarios locales elaborados para algunas ciudades mexicanas, reportados mediante sus respectivos Programas para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), dependientes de los organismos de Medio Ambiente locales.
Aire, agua y suelo contaminados
En el caso del agua, Fernando Díaz Barriga, de la UASLP sostuvo que, la presencia de flúor, arsénico y uranio en el agua potable se debe al abatimiento de los acuíferos, por lo que las autoridades deben perforar pozos a profundidades extremas donde el agua llega a las piedras ricas en estos minerales pesados.
Además, denunció una causa exclusiva de la actividad humana: la industria local consume cerca del 10 por ciento del agua del acuífero y devuelve al entorno aguas residuales mal tratadas que infiltran compuestos químicos peligrosos al subsuelo. En el caso del suelo, se identifican como fuentes críticas de contaminación los invernaderos, debido al uso masivo e ininterrumpido de plaguicidas y pesticidas, y los pozos mineros históricos y actuales, pues la actividad minera ocasiona la dispersión de metales pesados en el aire y la tierra.
El otro riesgo de contaminación del aire son las ladrilleras, que ya se convirtieron en un “foco rojo” por la quema de basura y llantas usadas como material inflamable altamente contaminante, la combustión intencional de caña, así como la cultura del plástico, que es fuente directa de la alarmante acumulación de microplástico. El investigador identificó el desorden inmobiliario como una causa central de problemas ambientales, ya que las autoridades permiten la construcción de fraccionamientos habitacionales cercanos a las zonas de amortiguamiento industrial y agrícola.
Rogelio Flores señaló como causas de la contaminación las emisiones industriales, la falta de control corporativo y la proximidad peligrosa, ya que se construyen fraccionamientos residenciales demasiado cerca de los sectores de producción; además de que muchas empresas operan sin el control adecuado de sus emisiones a la atmósfera, lo que se agrava ante la debilidad institucional de las autoridades para fiscalizarlas o efectuar el cobro de impuestos por contaminación.
El sector de producción de ladrillo artesanal es una de las fuentes fijas de mayor impacto en la periferia de la capital por insumos de baja calidad como residuos pesados o aceites; también son un problema las recicladoras clandestinas y los incendios subterráneos, ya que se queman llantas y aparatos electrónicos de forma directa para fundir o extraer metales valiosos (cobre o aluminio) y algunos tiraderos sufren incendios subterráneos activos. También señala el crecimiento desmedido del parque vehicular.
Walter Armando Barrera López, también del Labcacc, reconoció la contaminación ambiental de la zona metropolitana de San Luis Potosí como un fenómeno de química compleja porque confluyen múltiples fuentes de emisión agresiva; y aclaró que la dinámica potosina combina una fuerte carga industrial pesada con factores viales y meteorológicos específicos.
Identificó a la industria metal-mecánica y fundidoras como las responsables de verter altas concentraciones de metales pesados y compuestos inestables a la atmósfera urbana; las plantas cementeras como grandes emisoras de material “particulado”, las ladrilleras tradicionales y la emisión por movilidad motorizada. El doctor estimó que el diseño de avenidas y el tránsito lento aumenta drásticamente el tiempo que los vehículos pasan emitiendo contaminantes a velocidades mínimas.
La industria, las ladrilleras y el crecimiento del parque vehicular son, para Luis González Lozano, de Cambio de Ruta AC., las tres principales fuentes de contaminación atmosférica en la región de San Luis Potosí. Mientras la actividad industrial y las ladrilleras liberan procesos con altos niveles de partículas hacia el entorno, la ineficiencia vehicular y la saturación vial, que obliga a transitar a velocidades de apenas 15 a 16 Km/h, multiplica las emisiones de gases por combustión incompleta.
Las consecuencias locales
Sobre las consecuencias en la salud de la población y en la incidencia contaminante en el índice de mortalidad, los especialistas también manifestaron su opinión. Rogelio Flores Ramírez advirtió que la contaminación en el estado provoca graves padecimientos crónicos y un riesgo agudo latente, lo que incide directamente en el incremento de la mortandad debido a crisis cardiovasculares y respiratorias fulminantes. Para el especialista, en la población con condiciones preexistentes severas como asma grave y alergias agudas, los picos diarios de contaminación actúan como detonantes inmediatos.
En el caso de la exposición repentina a altas concentraciones de partículas finas (PM2.5) de los hotspots (puntos de acceso) urbanos pueden desencadenar infartos o crisis hipertensivas en personas vulnerables. Pero también existe el riesgo crónico. Respirar diariamente aire contaminado al 90 por ciento causa padecimientos irreversibles a largo plazo, como cáncer de pulmón, enfisema pulmonar y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Para el doctor Fernando Díaz Barriga, la contaminación en San Luis Potosí representa una crisis de salud pública sistémica, crónica y transgeneracional y estableció que los contaminantes locales atacan directamente el desarrollo cerebral de los niños y dañan el nivel molecular de las células, ya que aceleran enfermedades que elevan silenciosamente la mortalidad general en el estado.
Las investigaciones revelan que la combinación de metales pesados e hidrocarburos (emitidos por la industria y las ladrilleras) causan daño genotóxico (ruptura en las cadenas de ácido desoxirribonucleico); este deterioro celular crónico incrementa exponencialmente casos de cáncer, insuficiencia renal prematura, diabetes y enfermedades cardiovasculares en la población adulta de la zona metropolitana y el altiplano. Los tóxicos ambientales desencadenan o aceleran desenlaces fatales de enfermedades preexistentes (como infartos cardiacos), accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, pero la contaminación rara vez aparece en el acta de defunción como causa de la muerte.
Armando Becerra López alerta que a partir de los análisis del Labcacc se reporta que la inhalación constante o prolongada de material particulado (PM10 y PM2.5) acelera el desarrollo de enfermedades como asma grave, bronquitis crónica y EPOC; los metales pesados suspendidos en el aire logran traspasar la barrera biológica del cuerpo y afectan el sistema nervioso central.
El investigador estimó que la composición química del aire potosino contiene elementos que potencian el cáncer de pulmón y otros tejidos a largo plazo, y coincide con las estimaciones de la OMS porque reconoció que la exposición diaria a esta mala calidad del aire acorta significativamente los años de vida saludables de los habitantes.
González Lozano, por su parte, estableció que, de acuerdo a las métricas de la OMS, la polución causa alrededor de siete millones de muertes prematuras anuales en el mundo; mientras subraya que reportes del entorno ambiental de San Luis Potosí evidencian un alarmante incremento del 47 por ciento en las últimas décadas, ligado a la mala calidad del aire, ya que las muertes anuales en la entidad pasaron de mil 123 a mil 658.
Como alternativas de solución, al identificar la falta de acciones concretas para resolver el problema, Luis González, de Cambio de Ruta, planteó que las dependencias “no han cumplido con su obligación, por lo que los ciudadanos recurren a la promoción de amparos por la vía jurídica para transparentar las acciones efectivas, pues en el caso de la SEGAM, por ejemplo, han llegado a pedir fe en la calidad del aire para retrasar el cumplimiento de sentencias judiciales que la obligan a medir adecuadamente las emisiones”.
Por otro lado, se pronunció por “la preparación de un mega amparo sobre la garantía de calidad saludable del aire, con el que se pretende la implementación de un sistema de monitoreo que no sólo arroje datos aislados, sino que formule análisis y políticas públicas reales”; además impulsa “reformas legales para que tanto autoridades como particulares negligentes enfrenten sanciones severas y costeen directamente la remediación del daño”.
Desde el Laboratorio de contaminación atmosférica, el doctor Walter Barrera López propone “la reestructuración completa de la red de monitoreo oficial, sustituyendo los equipos obsoletos por estaciones automáticas con tecnología de punta capaces de medir partículas PM2.5 y compuestos tóxicos en tiempo real. Creación de un sistema de alerta temprana que emita contingencias ambientales cuando los niveles de polución sean críticos; desarrollar un protocolo de actuación vinculante que obligue a las industrias a reducir su producción y al transporte a limitar su circulación”.
Díaz Barriga, enfocado en un modelo de civismo ambiental, estima que, “ante la inacción institucional histórica, la población debe blindarse desde el hogar y organizarse colectivamente para frenar la exposición a tóxicos. Entre las medidas concretas, se debe hacer una reducción radical de plásticos, y no calentar alimentos o bebidas en recipientes de plásticos porque el calor acelera el desprendimiento de microplásticos hacia la comida, así como sustituir botellas de agua desechables por termos de acero inoxidable o botellas de vidrio reutilizables. Recomienda el uso comunitario o familiar de filtros de ósmosis inversa o tecnologías de carbón activado diseñadas para metales pesados”. Además, llama al activismo mediante el acuerdo de Escazú como herramienta legal para obligar a las autoridades a entregar información transparente sobre la calidad del agua y del aire.
Sobre la presunta responsabilidad institucional, Rogelio Flores Ramírez sostuvo que “ha faltado una fiscalización efectiva y un sistema de monitoreo eficiente, ya que las dependencias ambientales no obligan a las empresas a mitigar realmente sus nubes de desecho y permiten que operen evadiendo normas de emisión básica, así como las áreas de desarrollo urbano que otorgan permisos de construcción habitacional en zonas contiguas a sectores de producción industrial, desprotegiendo deliberadamente a las familias potosinas”, por lo que propone gravámenes financieros severos a las industrias pesadas que saturen la atmósfera y “que el gobierno local modernice la red de monitoreo atmosférico y diseñe planes de mitigación superiores a los tres años de gobierno de alcaldes que obligue a la continuidad de sanciones por quema de llantas y materiales”. González Lozano denunció que no existe una verdadera agenda verde en la entidad.
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Escrito por Érika Herrera
REPORTERA