Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
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Cinco municipios de la Huasteca potosina acordaron negar a Petróleos Mexicanos (Pemex) la firma y el sello requeridos para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los permisos para la compra y uso de explosivos, en una decisión que busca impedir el avance de proyectos de exploración relacionados con la posible reactivación del fracking en la región.
Los cabildos de Xilitla, Tampamolón Corona, San Antonio, Tanlajás y Ciudad Valles resolvieron no avalar las solicitudes de la empresa productiva del Estado y adelantaron que tampoco autorizarán cambios de uso de suelo ni otros permisos municipales que faciliten actividades de exploración de hidrocarburos.
La decisión se produjo luego de que, el pasado 30 de junio, Pemex enviara al Ayuntamiento de San Antonio una solicitud para mantener vigente, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, un permiso que le permitiría adquirir y utilizar 190 toneladas de explosivos de alta potencia y mil cargas de ciclonita en trabajos relacionados con campos ubicados en Tanlajás, Ébano y San Antonio, así como en las asignaciones petroleras de Ébano y Pánuco, que abarcan los municipios de Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
La preocupación de autoridades municipales y organizaciones sociales aumentó debido a que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja mediante fracturación hidráulica (fracking), además de un programa de adquisición sísmica para el periodo 2025-2032 en el norte de la cuenca Tampico-Misantla, una zona que comprende 17 municipios de San Luis Potosí.
El proyecto retoma una estrategia planteada en 2018 durante el Plan Quinquenal de exploración petrolera, que posteriormente quedó sin efecto tras la política del gobierno federal de no impulsar esta técnica.
Ante las críticas, Pemex aseguró el pasado 11 de julio que el trámite no está relacionado con actividades de fracking y sostuvo que la solicitud corresponde a un permiso preventivo para operar en siete pozos existentes y, eventualmente, realizar estudios sísmicos.
Sin embargo, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) y de la Contraloría Autónoma del Agua sostienen que los estudios sísmicos representan el primer paso para identificar y desarrollar yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica. Además, afirman que el permiso solicitado también abriría la posibilidad de realizar exploraciones en los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
Las organizaciones civiles buscan que los 17 municipios incluidos en el proyecto definan una postura común frente a los planes de exploración. Hasta ahora, Matlapa, Axtla de Terrazas, Tamuín, Huehuetlán, Coxcatlán y Aquismón han manifestado disposición para sumarse al rechazo, mientras que Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tanquián, Tancanhuitz, Tampacán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale aún no fijan una posición oficial.
Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Aunque se han ubicado las fuentes contaminantes, prevalece la inacción de los gobiernos locales.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera