Hacienda contempla inyectar a la petrolera más de 81 mil mdp.
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Cinco municipios de la Huasteca potosina acordaron negar a Petróleos Mexicanos (Pemex) la firma y el sello requeridos para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los permisos para la compra y uso de explosivos, en una decisión que busca impedir el avance de proyectos de exploración relacionados con la posible reactivación del fracking en la región.
Los cabildos de Xilitla, Tampamolón Corona, San Antonio, Tanlajás y Ciudad Valles resolvieron no avalar las solicitudes de la empresa productiva del Estado y adelantaron que tampoco autorizarán cambios de uso de suelo ni otros permisos municipales que faciliten actividades de exploración de hidrocarburos.
La decisión se produjo luego de que, el pasado 30 de junio, Pemex enviara al Ayuntamiento de San Antonio una solicitud para mantener vigente, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, un permiso que le permitiría adquirir y utilizar 190 toneladas de explosivos de alta potencia y mil cargas de ciclonita en trabajos relacionados con campos ubicados en Tanlajás, Ébano y San Antonio, así como en las asignaciones petroleras de Ébano y Pánuco, que abarcan los municipios de Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
La preocupación de autoridades municipales y organizaciones sociales aumentó debido a que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja mediante fracturación hidráulica (fracking), además de un programa de adquisición sísmica para el periodo 2025-2032 en el norte de la cuenca Tampico-Misantla, una zona que comprende 17 municipios de San Luis Potosí.
El proyecto retoma una estrategia planteada en 2018 durante el Plan Quinquenal de exploración petrolera, que posteriormente quedó sin efecto tras la política del gobierno federal de no impulsar esta técnica.
Ante las críticas, Pemex aseguró el pasado 11 de julio que el trámite no está relacionado con actividades de fracking y sostuvo que la solicitud corresponde a un permiso preventivo para operar en siete pozos existentes y, eventualmente, realizar estudios sísmicos.
Sin embargo, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) y de la Contraloría Autónoma del Agua sostienen que los estudios sísmicos representan el primer paso para identificar y desarrollar yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica. Además, afirman que el permiso solicitado también abriría la posibilidad de realizar exploraciones en los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
Las organizaciones civiles buscan que los 17 municipios incluidos en el proyecto definan una postura común frente a los planes de exploración. Hasta ahora, Matlapa, Axtla de Terrazas, Tamuín, Huehuetlán, Coxcatlán y Aquismón han manifestado disposición para sumarse al rechazo, mientras que Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tanquián, Tancanhuitz, Tampacán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale aún no fijan una posición oficial.
Hacienda contempla inyectar a la petrolera más de 81 mil mdp.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos reduce en 59 mil 251 millones de pesos los recursos para mitigación.
El contrabando de combustible habría dejado un daño al erario por 10 mdp.
Guardia Nacional y Marina concentran los principales incrementos con 34 y 23 por ciento, respectivamente.
La petrolera admitió que las medidas comprometen su flujo de efectivo y márgenes operativos.
La empresa mantiene una deuda de 77 mil 500 millones de dólares.
Más de dos mil localidades y cientos de ejidos se verán afectados por el modelo extractivista.
Mientras Brasil, Guyana, Argentina y Venezuela ganan espacio por la disrupción del mercado energético, Pemex mantiene sus exportaciones en niveles históricamente bajos y prioriza el abasto interno
Los ingresos de la compañía fueron hasta 12 veces más bajos frente a otras empresas.
La empresa aplicará un ajuste de emergencia de 45 mil mdp para no exceder los límites de endeudamiento autorizados.
Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
Analistas de la Universidad Iberoamericana advierten que esta práctica provocará desplazamientos poblacionales y daños a economías locales.
Desde 2019, el Gobierno Federal ha otorgado recursos por casi dos billones de pesos (bdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex). No obstante, la compañía mantiene un crecimiento marginal en su producción de hidrocarburos líquidos, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las utilidades de la empresa cayeron 69.7 por ciento en el segundo trimestre del año.
El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera