La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que 66 Estados son partícipes del presunto genocidio cometido en Gaza al incumplir su obligación internacional de prevenir y sancionar ese delito, además de mantener vínculos políticos, militares, financieros y comerciales con Israel.

En una entrevista con The Nation, la jurista italiana sostuvo que sus investigaciones permitieron elaborar un mapa de la complicidad internacional en el conflicto y afirmó que numerosos gobiernos continúan respaldando a Israel pese a las advertencias emitidas por organismos internacionales.

"He trazado el mapa de la complicidad de 66 Estados que violan su obligación de prevenir y castigar actos de genocidio", declaró Albanese, quien ocupa el cargo de relatora especial desde 2022.

La funcionaria señaló que Estados Unidos desempeña un papel central debido al respaldo militar y financiero que brinda a Israel, además de albergar a algunas de las principales empresas tecnológicas, instituciones financieras y compañías vinculadas con la industria de defensa que, afirmó, obtienen beneficios económicos del conflicto.

En ese contexto, Albanese acusó a bancos, fondos de inversión, fabricantes de armas y empresas tecnológicas de lucrar con la ocupación israelí y con la ofensiva militar en Gaza, un fenómeno que calificó como "necrocapitalismo", al considerar que las ganancias económicas se construyen sobre la destrucción y el sufrimiento de la población palestina.

Como ejemplo, mencionó a Palantir Technologies, a la que atribuyó el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en información obtenida durante la guerra en Gaza, así como a compañías como Microsoft, Amazon y Alphabet, incluidas en un informe presentado por la relatora en junio de 2025 sobre la participación del sector privado en la ocupación de los territorios palestinos.

Albanese recordó que en marzo de 2024 presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que concluyó que las acciones de Israel en Gaza constituían un genocidio. Explicó que llegó a esa conclusión tras documentar durante meses las muertes masivas de civiles, el elevado porcentaje de mujeres y niños entre las víctimas y las condiciones impuestas a la población palestina.

La relatora también recordó que la Corte Internacional de Justicia reconoció en enero de 2024 la existencia de un riesgo de daño irreparable para la población palestina, por lo que consideró que los Estados tenían la obligación de actuar para prevenir un posible genocidio, incluida la suspensión del comercio de armas con Israel.

Tras la publicación de sus investigaciones, el gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones contra Albanese, la incluyó en la lista de personas "especialmente designadas" y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ella. La relatora calificó esas medidas de "obscenas" y afirmó que buscan castigarla por su trabajo en defensa de la justicia internacional.

Por su parte, Amnistía Internacional condenó las sanciones y las calificó como "una deplorable afrenta a la justicia internacional", al considerar que representan un intento de obstaculizar el trabajo de los mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU.