Las cárceles se han convertido en algo tan cotidiano en la vida de los estados modernos que, para gran parte de la sociedad, es prácticamente impensable el desarrollo social sin la existencia de centros penitenciarios. Aparentemente, la presencia de prisiones procura el respeto y cumplimiento de los derechos ciudadanos; sin embargo, a pesar de la proliferación de centros penales durante las últimas décadas, poco se han garantizado los derechos básicos de las personas, cuando en realidad son parte fundamental del aparato represivo estatal. Incluso representan una estrategia de seguridad que la derecha en América Latina plantea, sobre todo por el ejemplo de Bukele.

Si bien es cierto que para que se respete el Estado de derecho es importante la existencia de reglas que sancionen a quienes las trasgreden, también es cierto que con encerrar a quienes cometen un delito no se resuelven los problemas. Esto seguirá así en tanto el sistema carcelario no se diseñe para la reinserción social; en realidad, quienes pasan por prisión, generalmente salen con un estigma.

Y en algunas sociedades marcadas por la desigualdad, existen sectores de la población con más probabilidades de terminar en la cárcel que recibir una educación de calidad, como es el caso de Estados Unidos entre población afroamericana, nativa o latina. Como escribe el poeta Miguel Hernández: “Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, /van por la tenebrosa vía de los juzgados: /buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, /lo absorben, se lo tragan”.

En el caso de México, las cosas no son alentadoras, pues a pesar de que ha aumentado el número de personas en la cárcel, casi 265 mil 875 presos, alrededor de cien mil, no han sido sentenciados, es decir, están privados de la libertad sin saber todavía si son culpables o inocentes.

En un nivel más concreto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la población privada de libertad en los centros penitenciarios de Sonora aumentó 33 por ciento durante 2025. Este incremento ubicó al estado en el segundo lugar nacional con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes.

Este incremento no se relaciona con una mayor persecución de los delitos; porque si se revisa la relación entre los delitos denunciados y la cantidad de personas en la cárcel, la proporción se mantiene desde hace más de 20 años. Más bien se explica por tres razones. La primera consiste en la implementación de una política de prisión preventiva cuya falta de incidencia en la seguridad pública ya se ha probado durante el último periodo. En segundo lugar está el rezago judicial: 42 por ciento de los reclusos sonorenses no tienen sentencia. Y en tercer lugar, la imposición de penas más largas sin posibilidad de libertad por buen comportamiento.

Aunque se han incrementado los arrestos, no se ha invertido en los centros penitenciarios y esto provoca el hacinamiento al interior. Las cárceles de Sonora son las segundas con mayor aglomeración; hay 187 personas por cada 100 espacios disponibles.

El hacinamiento penitenciario es una de las violaciones más recurrentes a los derechos humanos, pues está relacionado con la limitación al acceso de servicios urbanos, con el incremento en la violencia interna y el deterioro de la integridad física de las personas privadas de su libertad.

La mayoría de quienes están ahí tienen entre 18 y 39 años, en la cúspide de su capacidad productiva. Sin embargo, las políticas de reinserción social representan un fracaso, pues 45.5 por ciento reconoce que pasa entre 13 y 18 horas encerrado en su celda. Esto les deja entre seis y 11 horas para aprender algún oficio o terminar sus estudios. Así las cosas, cómo es posible hablar de una reincorporación a la sociedad si la consecuencia directa deriva de la degradación colectiva.

Sonora está llenando sus penales sin resolver los problemas de seguridad. Estas cárceles sin inversión y con población interna hacinada, se han convertido en un obstáculo que condena de por vida a quienes están adentro e indirectamente al resto de la población.

Por tal razón es necesario repensar el sistema carcelario, desde una reforma o, como algunos plantean: la abolición de éstas. De una u otra forma, se deben probar medidas de impartición de justicia que no requieran cárceles; de lo contrario, únicamente serán campos de exterminio y degradación.