Colectivas feministas cuestionaron las felicitaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado mexicano por el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, al considerar que los reconocimientos internacionales no corresponden con la realidad de violencia, impunidad y desprotección que enfrentan mujeres y niñas en el país.

En una respuesta dirigida al organismo internacional, las firmantes calificaron de inaceptable que se celebren supuestos avances y la reducción del 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios respecto de 2021, cifra presentada por las autoridades mexicanas.

Afirmaron que ese indicador no refleja la dimensión real del problema, pues numerosos asesinatos de mujeres se clasifican como homicidios dolosos, homicidios culposos, accidentes o suicidios, sin que se agoten las líneas de investigación relacionadas con razones de género.

En su pronunciamiento, denunciaron que la simulación institucional encubre la impunidad y la negligencia de las autoridades, que, señalaron, no han garantizado condiciones efectivas de protección y justicia para las víctimas.

Las colectivas sostuvieron que menos del 10 por ciento de los asesinatos de mujeres obtiene una sentencia y que, en la mayoría de las entidades federativas, alrededor del 90 por ciento de los casos de feminicidio no se investiga ni sanciona.

Denuncian violencia sexual y trata de niñas y mujeres

El colectivo también advirtió sobre la persistencia de la violencia de género y la explotación sexual. De acuerdo con las cifras citadas en su documento, siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia y cinco de cada diez han sufrido agresiones sexuales.

Asimismo, denunciaron la existencia de redes de trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, así como de pornografía y prostitución infantil, problemáticas que, afirmaron, no reciben una respuesta institucional suficiente.

Las firmantes cuestionaron la eficacia de programas gubernamentales como los Centros LIBRE y las redes comunitarias impulsadas por las autoridades, al considerar que sus alcances no corresponden con la magnitud de las violencias que enfrentan mujeres y niñas.

Otro de los puntos de desacuerdo fue el uso de la expresión «trabajo sexual» en instrumentos legales y recomendaciones internacionales. Desde una postura feminista abolicionista, las colectivas rechazaron que la prostitución sea reconocida como una actividad laboral y la definieron como una forma de explotación sexual vinculada con las desigualdades económicas y de género.

Advirtieron que reconocerla como trabajo bajo el argumento de garantizar derechos puede contribuir a normalizar la comercialización de los cuerpos de mujeres y niñas. Por ello, demandaron políticas públicas orientadas a prevenir la explotación sexual, ofrecer alternativas económicas a las víctimas y avanzar hacia la abolición del sistema prostituyente.

Exigen justicia y protección para niñas y adolescentes

Ante este panorama, las colectivas dirigieron sus exigencias al Estado mexicano y a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Entre sus principales demandas plantearon la asignación de presupuestos suficientes para fiscalías especializadas y autónomas, con perspectiva de género y de clase, así como la creación de juzgados que atiendan los delitos de violencia contra las mujeres.

También exigieron investigaciones con debida diligencia, el fin de la impunidad y mecanismos efectivos para combatir la trata de personas y la explotación sexual.

En materia de protección a la infancia, solicitaron establecer sistemas de alerta temprana ante desapariciones y feminicidios de niñas, garantizar la reparación integral del daño y brindar respaldo a quienes quedan en situación de orfandad a consecuencia de estos crímenes.

Finalmente, pidieron a los organismos internacionales que no respalden sin cuestionamientos los informes y resultados presentados por el Gobierno mexicano y que atiendan las denuncias de las víctimas y sus familias, quienes continúan buscando justicia ante la falta de resultados institucionales.

Las firmantes insistieron en que la aprobación de nuevas disposiciones legales no basta para acreditar avances si no se traduce en investigaciones efectivas, sanciones para los responsables y garantías reales de seguridad y justicia para mujeres, niñas y adolescentes.