Mientras organismos defensores de derechos humanos alertan que la propuesta legislativa que plantea la esterilización obligatoria de mujeres en situación de calle en Bolivia vulnera la autonomía reproductiva de las féminas y contraviene con tratados internacionales, en redes sociales el proyecto ha recibido un amplio respaldo de sectores conservadores y liberales, así como de iglesias evangélicas que públicamente han manifestado su apoyo.

A 17 horas de la publicación en Facebook, en la cuenta Curioso Mundo, la iniciativa acumulaba más de 22 mil comentarios, en su mayoría a favor, además de siete mil 700 veces compartida y alrededor de 265 mil reacciones positivas. 

Entre quienes respaldan la propuesta predomina la idea de que la esterilización obligatoria ayudaría a disminuir la pobreza y evitar el sufrimiento de niñas y niños que nacen en condiciones de extrema vulnerabilidad; sin embargo, organizaciones civiles y especialistas sostienen que la respuesta del Estado no debe ser restringir derechos, sino fortalecer políticas públicas de salud, vivienda, protección social y atención integral para mujeres, niñas y personas en situación de calle.

Infiltración de iglesias evangélicas

En este contexto, la politóloga mapuche Verónica Azpiroz Cieñan, originaria de Argentina, afirmó que el resurgimiento de este tipo de propuestas no responde a un fenómeno aislado, sino a una tendencia que comienza a extenderse por el Cono Sur.

Durante el programa Había una vez, en el que se abordó el tema "El ciclo vital de las mujeres y la propuesta de esterilización forzada en Bolivia", la magíster en Salud Intercultural y doctoranda en Salud Colectiva comentó: "No es casual que suceda en Bolivia, porque lo mismo está pasando en Chile, con la redefinición de las tres causales para abortar, y también en Argentina se quiere intentar algo parecido. En el Cono Sur está apareciendo un trasvasamiento de este tema que evidentemente está pensado desde el norte global".

Asimismo, la especialista en salud sexual y reproductiva de las mujeres explicó que estas iniciativas aparecen en un contexto de crisis económica y de gobiernos que, dijo, buscan desviar la atención hacia temas que confrontan directamente a los movimientos feministas y de derechos humanos.

"Las medidas económicas que toman los gobiernos ajustadores que trabajan con la recesión económica necesitan esconder los fracasos económicos detrás de una provocación a movimientos de derechos humanos y movimientos feministas que han hecho grandes avances en la ampliación de sus derechos. Nosotros ya tenemos un avance en el ejercicio de los derechos y la ocupación del espacio público; de alguna manera están midiendo fuerzas para saber hasta dónde somos capaces de sostener los derechos alcanzados", expresó.

Además, se refirió al respaldo que ha recibido la propuesta desde iglesias evangélicas, un hecho que calificó como revelador del momento político que atraviesa la región.

"Me parece sintomático que salgan voces de las iglesias evangélicas a apoyar estos proyectos porque una de las políticas de expansión de la democracia estadounidense es la infiltración de iglesias evangélicas en las comunidades indígenas y en los sectores populares para anestesiar la capacidad que tiene un pueblo de pensar un proyecto de desarrollo propio o del buen vivir", destacó.

La investigadora también recordó que Bolivia ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de esterilización forzada, al igual que Perú, por lo que consideró que una iniciativa de esta naturaleza sería incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado: "a este señor diputado (Néstor Rodríguez) le asiste una señora que se llama ignorancia... ¿Cómo hace una medida para la cual el país ya fue sancionado, tuvo que pagar una multa y que ahora no podría tener esta iniciativa porque está violentando el orden de prelación de norma?".

Durante la entrevista, se destacó que la propuesta contraviene compromisos internacionales suscritos por Bolivia, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), instrumentos que consideran la esterilización forzada una forma de violencia contra las féminas y de violencia reproductiva.

La especialista consideró que este tipo de iniciativas históricamente no afectan a toda la población por igual, sino que se dirigen hacia grupos específicos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

"¿Quién viola a las mujeres en situación de calle? ¿Por qué no pensar en un proyecto para hacer la vasectomía como un servicio de salud cotidiano en Bolivia? ¿Por qué no existe una política de salud sexual y reproductiva gratuita y de calidad para toda la población masculina?", concluyó.