Cuba no es un Estado fallido como afirma el presidente estadounidense Donald Trump para “justificar” la profundización del bloqueo y las sanciones comerciales con que aspira a exterminar al gobierno de la Revolución.

El Estado socialista de Cuba no se compara al de un títere que puede manipular y ordenar que aliente la ingobernabilidad en Bolivia y Perú, como lo están haciendo hoy sus aliados carroñeros de otros países en América Latina.

Horas antes de viajar a la República Popular China (RPCh), que se define como socialista de mercado, Trump declaró que Cuba es una nación fallida. Lo hizo luego de agudizar el bloqueo económico mediante la restricción de energía a La Isla y amenazar con otra intervención armada.

Sin mencionar el vocablo “bloqueo”, el magnate quiere borrar la historia y perpetuar su afán imperialista. Hace 67 años, en febrero de 1962, John F. Kennedy firmó la Ley de Bloqueo que cada presidente de su país fortaleció, pero nunca al nivel del sadismo con que lo está haciendo Trump.

El bloqueo fue la respuesta imperialista contra la Revolución Cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista, se declaró socialista, se liberó de la dependencia de Estados Unidos (EE. UU.), combatió la desigualdad interna e influyó radicalmente en el mundo.

¿Cómo puede la República de Cuba ser un Estado fallido, si desde 1961 erradicó el analfabetismo y creó un sistema de salud sólido y el mejor de América Latina? ¿Cómo puede “fallar” si sus médicos salvan a millones de personas en México y el mundo, sus deportistas ganan preseas y sus artistas maravillan al mundo?

En EE. UU., en cambio, 45 millones de personas –la mayoría blancos– son funcionalmente analfabetas y el nivel de estudios de 130 millones de adultos está por debajo del sexto grado y el de lectura es casi nulo.

Tales deficiencias en la potencia militar se asocian con la pobreza y el desempleo, según un informe sobre los Niveles de Analfabetismo que, en junio de 2025, difundió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A raíz de que el bloqueo impide a Cuba adquirir insumos médicos, tecnología y novedades científicas con sus pares en el mundo, científicos cubanos han desarrollado fármacos contra el colesterol, VIH infantil, pie diabético, cáncer de pulmón y vacunas contra el Covid-19.

La única urgencia sanitaria en La Isla deriva de la espera para la ejecución de cirugías de 100 mil pacientes (más de 11 mil niños) por falta de energía eléctrica en los quirófanos, debida a la intensificación criminal del bloqueo ordenado por Trump.

Sin embargo, con esfuerzo sobrehumano, los cubanos resisten al embate neofascista de Washington apuntalados por las escuelas y centros de producción e investigación científica creados por su Revolución.

En EE. UU. empeora la salud pública con el alza de las enfermedades asociadas a la desnutrición, infecciones parasitarias, deficiencias cardiovasculares, depresión y consumo crítico de opioides y otras drogas.

Esos males escalan, sobre todo, en las zonas marginadas y la región sur, en el llamado “Cinturón Negro”; la mayoría se hallaban en el olvido, pero han vuelto con la pobreza, denuncian la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONG Health Affairs.

En Cuba no hay una crisis de salud pública causada por la drogadicción, como en EE. UU., donde se registra un incremento sostenido. Más del 51 por ciento de los estadounidenses mayores de 12 años ha consumido estupefacientes al menos una vez. La estadounidense sí es una población fallida que paraliza a su propio Estado.

Es internacional el prestigio de los deportistas cubanos por su excelencia técnica y disciplina, con la que ganan los primeros sitios en: boxeo, beisbol, carreras y saltos sin doparse, como ocurre con casi el 9.2 por ciento de los atletas estadounidenses que usaron sustancias o métodos prohibidos en sus competencias, según Sports Machine Open.

Máxima presión

El inmundo discurso con que el imperialismo descalifica a sus adversarios ahora es utilizado para acusar al héroe de la Revolución y expresidente cubano, Raúl Castro, de ordenar el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, en 1996.

Esa trama falaz derivó en nuevas sanciones que entraron en vigor el 1° de mayo para asfixiar a los cubanos, cuando miles de ellos marchaban en defensa de su soberanía y contra las amenazas de agresión.

En la vanguardia de la manifestación iba Raúl Castro, de 94 años, al lado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Ambos encarnan la dignidad de un pueblo que lucha por su autodeterminación, un pueblo que sufre ya décadas de castigo y perversión neofascista.

Nunca como ahora ha sido tan letal el bloqueo multidimensional estadounidense contra Cuba. Con la intención de prohibir la adquisición de bienes necesarios para mantener con vida a la población, Trump vetó el acceso a toda fuente de energía e impide que operen las instituciones.

Para agudizar la desesperación de los cubanos y hacer que se levanten contra su gobierno, amenazó con sanciones a los gobiernos que doten a La Isla de combustibles. Así, el magnate piensa abrir la puerta al retorno del criminal exilio cubano y reimponer el depredador capitalismo sobre Cuba.

Por ello, Trump reforzó el bloqueo y aplicó más sanciones contra el sector minero, cerrando el acceso a servicios financieros como acción transversal que daña a todos los cubanos. Ésta no sólo es una guerra económica, se llama crimen de lesa humanidad, se apellida genocidio y exhibe el carácter criminal del imperialismo estadounidense contra un pueblo que busca la paz bajo sus propias normas.

Como expresión de su necropolítica, el residente de la Casa Blanca admitió que, por décadas, sus antecesores evaluaron intervenir Cuba. “Todo indica que seré yo quien lo haga. Estaré encantado de hacerlo. Tomaré Cuba casi de inmediato”, alardeó el dos de mayo durante una cena del Centro Raymond F. Kravis en West Palm Beach, Florida.

Esta utopía imperial no explica al mundo, ni a las mujeres y hombres de Cuba, por qué y bajo qué ley internacional el estadounidense ocupará su territorio. El Secretario de Estado, Marco Rubio, apoya esa ilegalidad con la difusión de que Cuba “amenaza” la seguridad nacional de EE. UU. Aunque la amenaza real provenga del Senado estadounidense que ya reiteró su rechazo a efectuar operaciones militares contra La Isla.

La intimidación contra Cuba se resume con el avance del mayor portaaviones hacia ella: el USS Abraham Lincoln que, según Trump, se detendría a 100 metros de la costa y, desde allí, los cubanos dirían: “Muchas gracias, nos rendimos”.

Por ello, Rubio presiona y miente. Afirmó que La Isla compró 300 drones militares a Irán y Rusia, adquisición que el canciller cubano desmintió. Su falacia de que existe presencia de inteligencia extranjera en La Isla motivó un encuentro inédito el 10 de abril con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, para “explorar un posible avance en la relación”.

No hay que olvidar que, hasta en los momentos más ríspidos, Cuba siempre ha cooperado en temas de seguridad con EE. UU. Aun así, Trump amagó al gobierno cubano a negociar antes de que sea demasiado tarde y sentenció: “sin un acuerdo, no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela”.

Del fracaso del bloqueo deriva el proyecto de secuestrar y enjuiciar a Raúl Castro, al que México debe oponerse rotundamente; y no avalarlo como lo expusieron en la pasada Cumbre con la Unión Europea Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, “liberar” La Isla con una intervención militar.

Los Estados fallidos de EE. UU.

La nación que en su momento surtió de estaño a Los Aliados contra el nazifascismo (1939-1945), en cuyo periodo gobernaba el Movimiento al Socialismo (MAS), hoy vive bajo polarización, desestabilización y caos.

Es tan grave la crisis político-económica e institucional de la Bolivia actual, que ya es un Estado fallido debido a la recesión, la escasez de divisas y la profunda división sociopolítica.

El golpe contra Evo Morales y el arribo de gobiernos proestadounidenses diluyen la visión de la izquierda sobre el codiciado litio, del que Bolivia posee 57 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de EE. UU.; además de hidrocarburos, oro, plata y minerales críticos.

Casi 39 por ciento de los 12.7 millones de bolivianos, son indígenas distribuidos en 36 pueblos; la mayoría aymaras y quechuas, con los pueblos chiquitano, guaraníes y moxeños que, durante el gobierno del MAS, obtuvieron conjuntamente 25 millones de hectáreas (23 por ciento del país), reconoce la organización International Work Group for Indigenous Affairs.

Las élites, concentradas en Santa Cruz, van por esa riqueza territorial; para alcanzar su objetivo, exacerban la tensión sociopolítica con su visión racista y supremacista en las zonas urbanas de tierras andinas. Para disimular su labor de zapa, estas oligarquías llevaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) su discurso del caos y la “desinstitucionalización”, para allanar el camino de la desestabilización mediante las agencias intervencionistas estadounidenses.

Ante el deterioro de la economía, tales facciones conservadoras advierten que la situación actual es resultado de la mala gestión y corrupción de los “gobiernos comunistas”. Esa derecha coincide con el analista Felipe Limariño cuando revela que la asistencia de los embajadores de Rusia e Irán y las comitivas de China e India alentaron la toma de posesión del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, que representó “la debilidad relativa del Estado sin capacidad de control territorial”.

Décadas de explotación imperialista de sus recursos y servicios básicos alientan la crisis boliviana, así como la reversión socioeconómica de los gobiernos de Lenin Moreno y la golpista Jeanine Áñez.

Hoy, Bolivia es el único país de la región con crecimiento negativo, su contracción económica corresponde a menos del 1.1 por ciento, sus reservas internacionales están agotadas y la inflación expresa el 20 por ciento.

El hispano-boliviano Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino-nieto de Víctor Paz Estenssoro, ganó la presidencia en 2025 con el lema: “Capitalismo para todos y reforma interna”. Su visión geopolítica se aleja del modelo socialista del MAS y propone “recapitalizar” el país y reinsertarlo en el mercado internacional mediante la indicación de “desmontar el Estado tranca”.

Son reformas para reducir el número de empleados públicos, privatizar empresas estatales y atraer inversiones para estabilizar la economía. Aunque asumió no privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, sino que los va a “reconvertir”, ya trabaja en otra reforma a la Constitución presentada el nueve de mayo.

A cinco meses de gestión, el malestar ya generó protestas y Bolivia enfrenta su peor trance económico en cuatro décadas. “Estoy decepcionada, el presidente nos prometió que todo iba a mejorar, pero nada ha mejorado”, denunció una docente rural a la agencia francesa AFP. Los precios de la carne de pollo y legumbres subieron por escasez y falta de apoyo gubernamental.

Las protestas iniciaron con la exigencia de mejoras sectoriales, aumentos salariales, estabilizar la economía, abasto seguro de combustible, mejor calidad de la gasolina para automotores y anular leyes que imponen más restricciones a bienes comunitarios.

Rodrigo Paz rechazó la demanda de aumento salarial por ser “inviable”; y por eso hoy todos los sectores exigen su renuncia. Tal suceso se produjo en el contexto de la segunda orden de captura contra Evo Morales, porque no se presentó en días pasados al juicio acusado de “trata agravada de personas” por su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente entre 2015 y 2016.

Los bolivianos protestan ya de forma masiva. Los bloqueos paralizan La Paz, El Alto y otros cruces importantes del país, mientras la policía se ensaña contra manifestantes que ahora solamente exigen la renuncia del ultra-neoliberal Rodrigo Paz. Es el enojo, descontento y hartazgo concentrados en esa crisis que escaló en mayo y multiplicó bloqueos en hasta 51 puntos de interrupción vial sobre los nueve departamentos bolivianos.

La falta de visión política del gobierno empeoró la situación al ordenar a la fiscalía el arresto e inicio de proceso judicial contra 11 dirigentes, uno de los cuales es el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. En marzo pasado presentó un pliego con 211 demandas, entre ellas aumento salarial de 20 por ciento, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que el Parlamento cese la formulación de iniciativas para penalizar los bloqueos.

De ahí la ruptura del vicepresidente, Edmand Lara, quien condenó el arresto de Argollo y pidió a Paz no “gobernar persiguiendo o encarcelando a quien piensa distinto y a quien protesta porque tiene hambre”. Lara denunció los desatinos del mandatario a través de las redes sociales; en una carta abierta, le reclamó la falta de diálogo con mineros y señaló: “La bronca iba a estallar”. Ésa es la Bolivia fallida que Trump no ve.

Perú

La nación andina ha vivido en crisis institucional hace muchos años. Ello aumenta el descontento entre su sociedad, además de alimentar la desconfianza entre vecinos y socios del exterior. Aunque su sistema financiero parece sólido y su macroeconomía estable, observadores alertan que avanza hacia la calificación de Estado frágil, por una casi endémica fractura política, extendida corrupción y creciente informalidad. El Banco Mundial (BM) afirma que representa un Estado con “economías paralelas” por el auge de la minería ilegal.

Desde 2016, los peruanos vieron pasar a ocho presidentes –sólo dos electos por voto popular y el resto por decisión parlamentaria– cuyas erráticas políticas y gobiernos brevísimos han contribuido a la desestabilización.

Analistas internacionales califican a Perú como el país más inestable de América Latina y destacan que casi todos sus expresidentes han enfrentado juicios por corrupción y abuso de poder. El más señalado fue Alberto Fujimori (1990-2000), preso además por violar derechos humanos, pero indultado. Lo sucedió Alejandro Toledo (2001-2006), hoy en EE. UU. donde evade la extradición por corrupción; Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó después de ser imputado por sobornos.

Lo relevó Ollanta Omala (2011-2016), acusado luego de lavado de activos; Pedro P. Kuczynski (2016-2018), también por compra de votos; Martín Bizcarra (2018-2020) por “incapacidad moral”. Entre 2020 y 2022 hubo tres presidentes: del 10 al 15 noviembre de 2020 Manuel Merino, quien renunció tras  protestas masivas. Del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021, Francisci Sagasti. Del 28 de julio de 2021 al siete de diciembre de 2022, Pedro Castillo. Y Dina Boluarte (2022), por enriquecimiento ilícito. Fue ella quien, en 2025, calificó a Bolivia como Estado fallido por apoyar al presidente Pedro Castillo.

La sucedió en el Ejecutivo José Jeri, quien sólo fungió del 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026. porque fue censurado y ahora preside el país José María Balcázar, a quien la cadena periodística británica BBC define como “un octogenario conocido por su defensa del matrimonio infantil”.

Así están los personajes detrás de la persistente inestabilidad de Perú, ingobernabilidad alentada por la presión de élites políticas y económicas para impedir que un programa de izquierda o centro izquierda impere en el país, refiere el Observatorio del Sur Global.

En estas condiciones, el 12 de abril se celebró la primera ronda de las elecciones más complejas en la historia de Perú, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque participaron más de 40 partidos.

Dos aspirantes a la presidencia pasaron a la segunda vuelta, que se resolverá la primera semana de junio: la conservadora Keiko Fujimori, figura presente en todas las contiendas recientes y símbolo de la fórmula autoritarismo + neoliberalismo + represión, que alienta la ingobernabilidad.

Con ella, pasó el dirigente político Roberto Sánchez, quien se declara seguidor del presidente destituido y preso ilegalmente en 2022, Pedro Castillo. Sánchez opina que el problema de su país no se limita a la actual inestabilidad institucional, sino que viene del pasado.

La independencia de España fue un traspaso de poder de las élites coloniales a la élite criolla, que no integró a los pueblos originarios (quechuas, aimaras y amazónicos) en la construcción de la nación.

Como resultado de ello, Perú es una república fallida, con una economía inoperante para las mayorías. Por eso, él intenta representar y hacer algo por ese “interior profundo”, como en su momento lo intentó también Castillo, concluye el aspirante.