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Foto Internet
“Han pasado ya casi 20 años y el caso permanece en impunidad”; pese al tiempo, el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas y continúan las deficiencias en el acceso a la justicia y la reparación del daño por la tortura contra mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, denunciaron sobrevivientes durante una audiencia de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La audiencia virtual se efectuó el jueves 16 de abril, en el marco del seguimiento a la sentencia emitida por la Corte IDH el 28 de noviembre de 2018 en el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”; en ella, las víctimas afirmaron que, a ocho años de que se emitió el fallo internacional, continúan las omisiones en la investigación, la atención médica y psicológica; así como en la implementación de garantías de no repetición.
Durante la audiencia, las sobrevivientes señalaron que no ha habido avances sustanciales en las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Indicaron que no existe un plan integral que contemple la cadena de mando del operativo, lo que ha perpetuado la impunidad estructural.
También denunciaron falta de coordinación entre instituciones como la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, así como la ausencia de colaboración de la Guardia Nacional en el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Por todo lo anterior, las sobrevivientes solicitaron a la Corte IDH que emita una resolución que establezca con claridad el camino para el cumplimiento efectivo de la sentencia.
Cabe recordar que fue el 3 y 4 de mayo cuando en San Salvador Atenco se realizó un operativo con dos mil 443 elementos estatales y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), lo cual derivó en la detención arbitraria de más de 200 personas, mujeres denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual durante su arresto y traslado; sólo 11 llevaron el caso ante el Sistema Interamericano, que concluyó con la sentencia de 2018 en la que se responsabilizó al Estado mexicano y se ordenaron medidas de reparación integral, incluyendo investigaciones, atención a víctimas y políticas para evitar la repetición de los hechos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.