Diversos sectores de la población, entre ellos sindicatos, maestros, campesinos y transportistas exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, debido al descontento por la situación económica, rechazo a las políticas gubernamentales y las acusaciones de represión contra las protestas.

Además, exigen la liberación de dirigentes campesinos y obreros, quienes fueron detenidos durante la protesta encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado lunes 19 de mayo, cuando intentaban llegar a la plaza Murillo para exigir la salida del mandatario.

Durante la protesta, la policía bolivariana intervino con gases lacrimógenos y balines, lo que dejó un saldo de varias personas heridas y más de 120 detenidas. Asimismo, se registró el incendio de una unidad policial y una motocicleta cerca de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Agencias internacionales reportan que las movilizaciones de las organizaciones sociales y obreras se han desarrollado en diversas regiones del país; actualmente se mantienen bloqueos en 32 punto, entre ellos La Paz, Oruro, Cochabamba y El Alto, en esta última también se registraron actos de protesta contra dirigentes sindicales del COB señalados por vecinos de no respaldar plenamente las demandas populares.

El gobierno boliviano respondió con denuncias penales por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado contra dirigentes sociales acusados de promover acciones violentas para presionar la renuncia presidencial.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca confirmó la orden de captura contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, además de otros procesos judiciales que involucran a decenas de personas investigadas por diversos delitos relacionados con las protestas.

Al respecto, el expresidente Evo Morales criticó la actuación del gobierno y denunció una persecución contra líderes sindicales y manifestantes, al considerar que se busca frenar el descontento social mediante acciones policiales y judiciales.

A la voz del líder indígena boliviano se suma la del vicepresidente Edman Lara, quien expresó su rechazo a las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y pidió evitar la persecución de quienes participan en las protestas o manifiestan su descontento por la situación económica del país.

Por último, organizaciones del transporte público de El Alto anunciaron un paro indefinido y bloqueos carreteros para exigir la renuncia del presidente, la liberación de los detenidos; así como la suspensión temporal de pagos bancarios para transportistas afiliados.