La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
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El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue encarcelado el viernes por la presunta corrupción en el manejo de fondos de proyectos indígenas en su etapa de ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales.
Por “riesgo de fuga”, el juez Elmer Laura ordenó cinco meses de prisión preventiva para Arce en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, mientras son desarrolladas las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado acusa al exmandatario por un desfalco millonario del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), principalmente por autorizar recursos en proyectos que no fueron ejecutados.
La Fiscalía sostiene que de los 3,500 proyectos autorizados por Arce, “ni la mitad han sido concluidos”; asimismo, denunció transferencias de dinero a cuentas de líderes de organizaciones indígenas y campesinas.
En su audiencia, Arce se declaró “absolutamente inocente” y aseguró que su aprehensión tiene “motivaciones políticas”.
Evitando mencionar a Arce, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró el sábado en un discurso: “quienes robaron, pagarán sus penas”.
La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
El régimen de Zelensky ha sabido sumarle a la endémica corrupción que padece Ucrania un carácter mafioso y terrorista, con ajustes de cuentas y asesinatos dentro del mismo gobierno.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
Dos médicos legistas son señalados de simular una muerte para cobrar un seguro; además hay investigaciones por extorsión y homicidio.
La presidenta ha perdido más de 17 puntos de apoyo social.
Estudiantes del IPN han protestado en espacios públicos de la CDMX para exhibir la corrupción entre los directivos de la institución educativa.
La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
Documentos de la Oficina del Inspector General revelan una década de casos de corrupción, lavado de dinero, filtración de información y colaboración de agentes de la DEA con organizaciones criminales.
6.9 millones de personas que realizaron algún trámite en el sector público fueron víctimas de algún acto de corrupción.
Recursos destinados a garantizar alimentos para familias vulnerables terminaron en gastos operativos y reasignaciones irregulares.
La derecha oligárquica tiene poder e influencia para cumplir las directivas imperialistas.
Se trata de más de 250 mil “apoyos sociales” vinculados a Morena en todo el país, lo que representa un desembolso millonario.
Tras la llegada de una empresa que promete progreso, se encuentran intereses políticos, irregularidades y posibles afectaciones a un ecosistema que internacionalmente está protegido.
Los habitantes del municipio, ni duda cabe, habrán de movilizarse en apoyo a su presidente y exigiendo respeto al derecho popular a decidir, hoy coartado por las huestes de Morena.
Impulsan iniciativa para regular escuelas militarizadas, después de la muerte de jóvenes
Red de Ernesto “N” movió recursos hacia EE.UU. Emiratos Árabes y Alemania: FGR
Riqueza y pobreza en el Estado de México
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Clausuras de las escuelas Antorchistas de Tecomatlán
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Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. | X: @PedroMrquez_