La corrupción es asunto antiguo y, por ello, siempre actual. En el Occidente Colectivo, esa práctica ya socava la democracia y seguridad, aunque se atribuye a rivales geopolíticos.

En un acto corruptor, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.) ofreció cinco mil dólares a cada adulto de su país (unos 249 millones de personas) “si los republicanos ganan” en la elección legislativa del tres de noviembre. Con ese señuelo económico intenta manipular la voluntad de voto ciudadano; además, él no ha cumplido promesas similares y el Congreso no ha aprobado ese egreso de un billón de dólares.

Como toda trama de corrupción, se pervierte con promesas de beneficio privado. De ahí el tráfico de influencias, sobornos, opacidad financiera, uso de información privilegiada, recepción de favores o malversación.

Por el nombre del fenómeno, del latín corruptio, deterioro, que se asocia al vocablo odesus, envilecimiento, en alusión al uso de la función pública o privada en actos ilegales, para obtener provecho.

La corrupción extendida deriva en cleptocracia (del griego kleptein, robar y kratos, poder o gobierno) o robo sistemático de bienes públicos. Y en el sector privado, se denomina cleptomanía corporativa, donde empresas y élites económicas practican el saqueo, fraude y colusión en beneficio propio.

La corrupción tiene otra característica pervertidora: se excusa si ocurre en el primer mundo y se estigmatiza si sucede en países pobres. En todos los casos, deja a millones en situación de inseguridad y pobreza, alerta el Centro Perry World de la Universidad de Pensilvania.

Geopolítica y corrupción

Para que subsista y traspase fronteras, la corrupción requiere la connivencia de las élites nacionales; y con esa fortaleza proyecta su poder e influencia global para alcanzar dos objetivos geopolíticos: desestabilizar a los adversarios y socavar la democracia.

Ese ensamblaje de geopolítica y corrupción produce una política exterior totalmente coercitiva hacia Estados cooptados o capturados. De ahí los golpes de Estado (suaves o no) con la omnipresente presión de las corporaciones, como actores del capitalismo de gran capacidad corruptora.

De ahí la maliciosa narrativa neocolonial de que sólo la delincuencia organizada trasnacional (DOT) corrompe al poder público; cuando lo cierto es que la geopolítica de la corrupción emana y permea desde lo privado. De ahí provienen los sobornos, ventas a gobierno sobrevaluadas, contratos opacos y bienes defectuosos.

Pese al tenaz esfuerzo de sociedades y ciertos gobiernos por desmantelar las redes corruptoras e impedir sus perjuicios, ese mal ya permeó hasta degradar las acciones que articulan lo público y lo privado. Es por eso que hoy se concibe a la corrupción como combinación de la cultura de “desregularización” y Estados cooptados por el capital corporativo.

Basta ver cómo disfrutan del petróleo venezolano las petroleras estadounidenses tras la intervención armada y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El propio Donald Trump admitió que, tras tomar control del crudo del país, concedió a Chevron la explotación de campos en la Faja del Orinoco y dio “permiso especial” a las trasnacionales BP, Eni, Repsol y Shell.

Ésa es la geopolítica corruptora que protagonizan EE. UU. y sus magnates aliados como Alejandro Betancourt, quien facilitó el “pacto petrolero” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ese personaje en la sombra era investigado en La Florida, Suiza, España y Malta por lavado de dinero, y malversación de mil millones de dólares a PDVSA hace una década, según Reuters.

Hoy, Betancourt es libre e invitado de Trump a los diálogos de alto nivel Caracas-Washington. A la pregunta ¿cómo y por qué se le dejó de investigar? Se afirma que él aportó información privilegiada del gobierno venezolano.

Por ello, EE. UU. accedió a la quinta parte de las reservas totales del crudo venezolano (unos 300 mil millones de barriles) por 25 años (o 100, según Trump). A cambio, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono adquirió 35 por ciento de la participación en la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP).

Además de la energía, la cleptomanía corporativa se pavonea en el sector fundamental de la defensa, que hizo del Pentágono su botín.

En 2019, la firma contable privada Ernst & Young ‒que efectuaba una auditoría independiente por órdenes del Congreso‒ encontró el masivo fraude contable en ese Departamento. En su reporte explicó que fue imposible arrojar una auditoría confiable por múltiples “irregularidades, deficiencias y errores contables” en registros financieros del Pentágono.

Tan pervertida estaba la contabilidad que, al 15 de noviembre de ese año, el Departamento de Defensa se consideraba “el mayor centro de gastos discrecionales del gobierno”; pues recibía 54 centavos de cada dólar de las asignaciones federales, de los que no rendía cuentas cabales, denunció David Lindorff. La poderosa Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también escenifica casos de corrupción.

En 2025, la mayor armamentista israelí, Elbit Systems, sobornó a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones (NSPA) por esa alianza para contratar servicios logísticos, médicos, catering, transporte, mantenimiento, servicios portuarios y otros, reveló el medio de investigación Follow the Money. Ante el escándalo, y en medio del fracaso de su guerra contra Rusia en Ucrania, la poderosa OTAN bloqueó tratos con la firma hebrea (al menos públicamente).

Cleptocracia de Estado

La corrupción en EE. UU. es de añeja data. En 1921 trascendió el escándalo del Teapot Dome, donde el exsecretario del Interior, Albert Fall, aceptó sobornos de petroleras a cambio de derechos de perforación en Wyoming (en una zona en forma de tetera) y California.

En los 70, Watergate fue sinónimo de corrupción desde el Estado y superó la cleptomanía favorecida por el vicepresidente Dick Cheney cuando otorgó los beneficios de la invasión sobre Irak a Halliburton, así como los jugosos contratos concedido a Exxon Mobil y Marathon Oil, entre otras acciones.

Pese a ser público el contubernio del Clan Bush con intereses corporativos, resulta cuando menos ofensivo que la investigadora del Centro Presidencial George W. Bush, Jessica Ludwing, publicara un Manual Anticorrupción (enero de 2023) dedicado a los estadounidenses.

Tan persistente corrupción oxigena la creciente desconfianza ciudadana; de cada 10 estadounidenses, nueve creen que ya es un gran problema y endémico en las instituciones (desde la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia).

El 83 por ciento aprobaría una ley que prohíba al presidente tener conflictos de intereses y lo obligue a cumplir normas éticas más estrictas, según el sondeo del Centro Brennan en julio.

Esa consulta fue anterior al intento de Donald Trump de crear un fondo de sobornos de mil 800 millones de dólares (mdd) para sus aliados políticos ¡con impuestos de ciudadanos! Por eso, el descontento ciudadano sugiere una crítica moral más profunda, estimó Michael Waldman, exfuncionario de la Casa Blanca.

La moral choca con la corrupción. En mayo, el polémico exfiscal Ken Paxton ganó las primarias republicanas de Texas para el Senado; aunque la prensa lo califica como el “político más corrupto” de EE. UU., Trump lo apoyó por encima de otro republicano, el veterano senador John Cornyn.

Al ampliar la mirada hacia todo el país, los analistas Taylor & Francis concluyeron que en EE. UU. ya se rebasó el marco anticorrupción por el contubernio entre cargos públicos y empresarios.

El campo de acción se amplía porque más de 500 mil funcionarios federales trabajan en 90 mil gobiernos locales, además de agencias, juntas de trabajo y comisiones, que involucran a 11 millones de empleados (pese al recorte del Departamento de Eficiencia Gubernamental).

La tentación es grande. Esos gobiernos estatales administran unos seis mil mdd y sus permisos y contratos inciden en vivienda, obra pública, transporte, salud y servicios de policías, maestros, bomberos, trabajadores de obra pública, entre otros rubros.

La corrupción permea y aumentan las condenas contra ella. Illinois tiene más exgobernadores en prisión y el contador de Nueva York fue condenado por manipular las pensiones públicas.

Partidos, grupos políticos y organizaciones están en la mira de la corrupción, pues no se ve mal que empresas les den contribuciones en el entendido de que se les retribuirá en políticas y dinero, explica Sarah Anzia, académica de Políticas Públicas Goldman.

Sin embargo, en la Administración de Trump, la corrupción es algo sin precedentes; él creó un grupo de trabajo especial para aplicar represalias contra las instituciones que lo investigaron en el Departamento de Justicia, explica el analista Erwin Chemerinsky.

Sin embargo, él y su familia están bajo observación. En agosto, los legisladores demócratas Elizabeth Warren y Richard Blumenthal exigieron al Departamento de Guerra investigar contratos adjudicados a empresas afiliadas a Eric y Donald Trump Jr.

Sospechan de una “nube de corrupción” donde 15 firmas de los hijos de Trump han obtenido tres mil 200 mdd en contratos, inversiones y préstamos federales. Son inversiones en tecnología militar de las firmas 1789 Capital y American Ventures –socia de Dominari Holdings–, vinculadas al presidente.

Régimen ultracorrupto

Mientras los estadounidenses sufren los efectos bélicos activados por su presidente, la corrupción alcanzó el nivel endémico en el régimen de Kiev, liderado por Volodimir Zelensky. Es tan extendida, que hasta sus aliados rechazan ocultarla.

Urgido por librarse de la sospecha de su aliado, ahora EE. UU. denuncia la añeja corrupción del régimen y publicita los hallazgos de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU en inglés) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO en inglés).

Y así hoy se evidencian tramas corruptas de Zelensky y sus allegados, vinculados a desviación de fondos y otros delitos graves, que ensombrece más su deplorable desempeño al frente de Ucrania.

Esa corrupción permeó al grado de que, el ocho de septiembre, dimitió el fiscal general, Ruslan Kravchenko, porque funcionarios de su oficina recibieron sobornos de un grupo criminal que operó llamadas fraudulentas y lavó activos ilícitos.

También fue separado de su cargo Andrii Yermak, exjefe de Gabinete de Zelensky y principal negociador de Ucrania ante EE. UU.; fue acusado de actuar en un esquema de lavado de 10.4 mdd.

Entre 2021 y 2025, Yermak habría participado en una red fantasma de empresas que justificó transacciones en efectivo y documentos financieros ficticios para un lujoso plan de cuatro mansiones privadas de mil metros respectivamente, con valor de varios millones con spa y piscina.

Desde 2023, el Servicio Estatal de Auditoría criticó la mala gestión de adquisiciones y sobrepago en armas del Ministerio de Defensa ucraniano con intermediarios, así como propinas a restaurantes designadas “donaciones” y adjudicaciones a empresas incumplidas.

Según la auditoría, una empresa que no entregó 600 drones ganó otro contrato para vender otros mil 950; que, de 10 grandes contratistas, siete consiguieron nuevos contratos pese a incumplir los anteriores; o que sus directivos son investigados por corrupción. “Como resultado, no tenemos dinero para comprar más armas. No tenemos la munición que necesitamos”, lamenta el exasesor Tamerlan Vahabov.

Ya en 2018 se había activado la llamada Operación Midas, otra trama de sobornos de alto nivel donde el exsocio de Zelensky, Timur Mindich, lideró un plan para desviar 100 millones de la agencia atómica estatal Energoatom. Ese régimen se tambalea, aunque Europa y Reino Unido insistan en sostenerlo.

Socavar la democracia

La corrupción se pavonea en las casas de gobierno europeas y viola la probidad que alardea. Basta ver a Francia, que en una década triplicó los juicios por corrupción y registra más actos de corrupción que nunca.

Confirman ese aumento sin precedentes la Agencia Francesa Anti-corrupción (AFA) y el Servicio Estadístico del Palacio Beaubau: de contar 334 en 2025, pasó a 451 juicios en seis meses de 2026.

A la vez, Policía y Gendarmería registraron mil 125 delitos de “violación de la probidad” (corrupción, favoritismo y desvío de poder) entre la fuerza pública. Según el sondeo Gallup, 68 por ciento de los adultos piensa que la corrupción prevalece en el gobierno.

En Francia, los grandes nombres disfrutan las bondades judiciales. Está en libertad provisional el expresidente Nicolás Sarkozy (2007-2012), acusado por corrupción activa, tráfico de influencias y financiamiento ilegal. En 2007, sus colaboradores pidieron ayuda al líder libio Muammar el Gadafi a cambio de favores políticos; Sarkozy lo niega y argumenta “intento de humillación política”. Aún así, sólo purgó tres meses de cinco años de condena. Habría que recordar que fue él quien presionó al gobierno de México para que liberara a la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro; también elevó la tensión bilateral hasta que, en 2013, la Corte mexicana liberó a la francesa por “indebido proceso”.

Otra figura es Marine Le Pen, líder del xenófobo partido Agrupación Nacional, quien desvió fondos recibidos del Parlamento Europeo para contratar asesores; pero no trabajaban en Bruselas, sino en París y para su partido. Ese esquema dejó a Le Pen cinco millones de dólares.

Se la condenó a cuatro años de prisión e inhabilitó por cinco; pero en julio, un tribunal le rebajó la pena a un año en prisión domiciliaria y 15 meses de inhabilitación. Horas después, ella lanzó su campaña por la presidencia.

El 22 de mayo, dos jueces franceses vieron a miembros de la Fiscalia y agentes de la brigada anticorrupción registrar el Palacio del Elíseo ‒sede de la República de Francia‒ en el marco del Caso Shortcut Events, firma privada que organizó actos oficiales en el Panteón durante 20 años. El caso data de 2018, cuando la Fiscalía buscó en la oficina de Alexandre Benalla, excolaborador de Emmanuel Macron, pruebas de uso de fondos públicos en encuestas personales y encontró los contratos a Shortcuts Events. Ahí consta el acuerdo por el que esa firma obtuvo todos los contratos para realizar homenajes y actos de gobierno por dos décadas.

Hoy se juzga al expremier y alcalde de Le Havre, Édouard Phillipe, acusado de malversación, favoritismo, conflicto de intereses y soborno. También a la ministra de Cultura Rachida Dati por presionar a favor de la automotriz Nissan, cuando era funcionaria de la Unión Europea. Ella niega los cargos y afirma que será alcaldesa de París.

De primer mundo

Canadá no está fuera de sospecha por corrupción; hoy presencia un auge en denuncias por persistente malversación de fondos, robo de bienes corporativos y públicos, tráfico de influencias, soborno y extorsión.

Los mayores perpetradores son corporaciones (de la aviación civil y comercial, telecomunicaciones, bancos, de energía y supermercados) que forman oligopolios y se coluden con políticos, estimó la organización Ask a Canadian.

Hace 23 años, el expremier Brian Mulroney aceptó sobornos por 300 mil dólares del empresario de armamento Karlheinz Schreiber; ocultó ese dinero en su declaración fiscal hasta que Schreiber negoció con el fisco. Nadie preguntó el origen del dinero, lo que retrata la influencia de las élites en la política.

En cambio, habitantes de provincias “políticamente sensibles” como Quebec, denuncian el deterioro en infraestructura, falta de recursos para salud –sube el índice de cáncer–, grave fuga de cerebros y deterioro de los servicios de salud y educación.

“Nuestros políticos están en deuda con el capital extranjero, cada provincia y municipios tiene industrias que les aconsejan cómo manejar las cosas”, escribió un canadiense ‒bajo el seudónimo ButtMcNuggets‒ en un debate público sobre corrupción.

En Italia persiste la corrupción, pese a los golpes financieros asestados a la mafia por el Poder Judicial. Ahora intenta infiltrarse en los tres poderes del Estado, en obras de infraestructura, eventos deportivos y espectáculos.

En junio, la Fiscalía de Roma acusó a un juez de difundir información vinculada al puente sobre el Estrecho de Mesina. Esa obra de la firma española SACyr, apoyada por la derechista Giorgia Meloni, conectará a Sicilia con la península y representa una inversión multimillonaria.

La mafia también habría intervenido en los contratos de obras e inversiones para los Juegos Olimpicos Milano-Cortina 2026; aunque ahora prefiere operar en obras pequeñas de gobiernos locales para escapar de la fiscalización, explican los analistas Marco Di Cataldo y Elena Renzullo.

En España, el llamado Caso Zapatero o Plus Ultra volvió al primer plano el antiguo dilema: ¿Dónde acaba el límite legal de los grupos de presión o cabilderos y dónde empieza la corrupción? Esa causa indaga sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, lavado de dinero (supuestamente en Venezuela) y un grupo criminal, con mediación del socialista y expresidente José Luis Zapatero (2004-2011).

La causa inició en 2021, con el rescate del gobierno ‒por 61.5 mdd‒ a la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama sospecha que el dinero del rescate fue utilizado para otorgar préstamos y contratos a estructuras financieras.

No es la primera vez que la Justicia procesa a un exjefe de Gobierno pero, como se trata de un líder socialista, sus rivales del Partido Popular utilizan el asunto para desviar la atención sobre el megaescándalo de Mariano Rajoy en la Trama Gürtel. Contra la corrupción está la transparencia y el compromiso de sacar de las tinieblas a las corporaciones que sobornan a políticos de todos los niveles.