La Inversión Extranjera Directa (IED) es un indicador del desempeño económico y, en cierta medida, de la dependencia obtenida respecto al extranjero. Se define como la colocación de capitales a largo plazo en un país distinto al de su origen. A diferencia de la inversión “de papel”, es decir, la realizada en la bolsa de valores, conocida como inversión extranjera de cartera o indirecta, la IED tiene presencia física en el país donde se invierte. Como ejemplo de ello se encuentran quienes invierten desde cero mediante la instalación de una empresa con capital externo; quienes se fusionan para adquirir una firma existente (tal como sucedió cuando Heineken absorbió a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma); o bien quienes operan mediante la reinversión de utilidades, caso de las farmacéuticas como Bayer o Pfizer, que reinvierten en territorio nacional parte de sus ganancias generadas en lugar de repatriarlas.

Con las reformas estructurales instrumentadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la IED se incrementó. Frente al flujo total acumulado de 160 mil millones de dólares (mdd) registrados con Felipe Calderón ‒equivalente al promedio anual de 26 mil 600 mdd y el máximo de 33 mil 596 millones en 2007‒, con Peña Nieto la cifra ascendió a 218 mil mdd, con un promedio anual de 36 mil 300 millones y un pico de 48 mil 354 mdd en 2013. En términos absolutos, la IED se incrementó en 58 mil mdd, lo que representa un aumento del 36.25 por ciento.

Por otro lado, dadas las restricciones y reformas contrarias al modelo neoliberal impulsadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cabía esperar una reducción significativa de la IED en México como respuesta a la incertidumbre derivada de los cambios legislativos y la eliminación de privilegios a los sectores dominantes. Sin embargo, el resultado llama la atención: a pesar de la pandemia de 2020 ‒cuando se observó la caída más pronunciada de la IED‒, la inversión fija acumulada total durante el gobierno de AMLO alcanzó 212 mil mdd, es decir, sólo ocho mil mdd menos que con Peña Nieto. El promedio anual fue de 35 mil 300 mdd, apenas mil millones por debajo (lo que, considerada la crisis sanitaria global, pudo ser superior).

Esto permite explicar, a la clase trabajadora, que el discurso oficial difundía la idea de “primero los pobres” y “viva la soberanía”, mientras que, prácticamente, se ratificó un tratado de libre comercio desproporcionado, acompañado de un adendum perjudicial para el país. Este acuerdo incluyó una cláusula que impide a México concretar convenios comerciales benéficos con China, debido a que el equipo de negociación se doblegó ante la presión estadounidense. La norma exige evitar acuerdos comerciales con naciones cuyos gobiernos no sean considerados “democráticos”. No obstante, cabe cuestionar quién define tal condición: Estados Unidos (EE. UU.). Es así como el propio gobierno cierra la puerta a alianzas comerciales favorables con China, pues desde la perspectiva norteamericana ‒cuyo sistema político bipartidista deposita la elección presidencial en un Colegio Electoral donde sectores de altos ingresos y menor densidad poblacional representan el mismo peso que zonas populares con mayor población‒ se dictamina que China no es democrática.

Al analizar la continuidad gubernamental, puede sostenerse que la administración de Claudia Sheinbaum se alinea con la trayectoria dictada por los gobiernos previos porque busca el fortalecimiento de la IED y prioriza en la procedencia norteamericana sobre la china. En comparación con 2019, primer año de AMLO, cuando se captaron 33 mil 596 mdd, bajo la actual administración, la cifra ascendió a 40 mil 871 mdd, lo que representa un incremento de siete mil 275 millones respecto a aquel primer ejercicio.

El problema de fondo tiene mayor alcance. La Presidenta envió recientemente al Senado de la República una iniciativa sobre la IED orientada, con alta probabilidad, a proteger los intereses de los inversionistas y del capital norteamericano para contener la influencia de China en la región. La propuesta establece un “escrutinio obligatorio” para participaciones superiores al 49 por ciento del capital social, y requiere la autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando un capital externo pretenda adquirir el control mayoritario de una empresa mexicana. En la práctica, esto representa una barrera para frenar y fiscalizar las inversiones chinas en México porque supedita la política económica a las prioridades de EE. UU. en lugar de atender las necesidades de los trabajadores mexicanos.

Existe una discrepancia entre la retórica política y la realidad económica. No se puede apelar a la soberanía cuando las mercancías de buena calidad y bajo costo provenientes de China se encarecen para la población debido a la imposición de aranceles estatales que elevan su precio en 25 por ciento y perjudican directamente al consumidor nacional, que debería verse beneficiado por acuerdos comerciales adecuados.

Por estos motivos, las decisiones fundamentales se toman sin consultar al pueblo, y de este modo las cúpulas de poder nacionales se alinean con las estadounidenses y vulneran la soberanía. El pueblo debe unirse, organizarse, informarse y prepararse para la transformación social. La juventud requiere banderas de lucha orientadas a construir una sociedad más justa, así como un modelo educativo renovado que responda a esa nueva realidad, en consonancia con el planteamiento marxista de transformar la sociedad para transformar la educación.

Sólo un pueblo unido, organizado y consciente puede elevar plenamente la soberanía nacional y trazar el camino hacia su emancipación.