Uno de los aspectos que más se han comentado por la prensa y la Presidenta sobre el Segundo Informe de Gobierno, consiste en los impactos de la política social; Claudia Sheinbaum: “Vamos mejor y tenemos rumbo”, “Recursos por un billón de pesos en programas sociales que llega a 42 millones de personas”; y 32 millones de hogares, y el salario mínimo subió por arriba de la inflación, el más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tan acertada la política social que ha permitido incorporar a la población al desarrollo económico, declara la Presidenta.

Es innegable que lo privilegiado por este Gobierno haya sido la política social a costa del crecimiento económico nacional. De los 15 programas sociales más importantes, destacan el Programa para adultos mayores para población de 65 años y más, Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; Becas Rita Cetina para niños y niñas en escuela públicas de educación básica, la beca Benito Juárez para jóvenes de bachillerato, más otros de apoyo a los productores agropecuarios. Pero si es un billón de pesos para programas sociales y benefició a 32 millones de familias, ¿Por qué no se han reducido significativamente los hogares que sufren hambre?

Por otra parte, los apoyos monetarios llegan a la población asentada, a los que tienen los papeles que los identifican, como acta de nacimiento, credencial de Elector, su Clave Única de Registro de Población (CURP), a quienes la piden; pero, ¿qué pasa con los que no tienen acta de nacimiento, credencial de elector y no sabe cómo obtener su CURP? ¿los migrantes que viven temporalmente en un lugar y de ahí se mueven a otra localidad? ¿Cómo operan los programas sociales para que los beneficios lleguen a toda la población necesitada de este país? El lema de “por el bien de todos, primero los pobres” se vuelve un sinsentido, una consigna vacua si analizamos lo que sucede en México.

Dónde están los grandes logros de este gobierno cuando perdimos la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, arroz; no crece el empleo formal, se ha reducido la pobreza, pero no la pobreza extrema, el apoyo a la educación y la salud se han limitado y, en general, la economía ha crecido de forma insignificante respecto al periodo anterior y lo que va de este sexenio. Analicemos el mercado de trabajo de los asalariados en México, que muestra fehacientemente la desigualdad de la política económica y el empleo.

En torno al incremento del salario, sí aumentó su participación en el Producto Interno Bruto pero, ¿dónde están los trabajadores informales que reciben hasta un salario mínimo y carecen de prestaciones? Es cierto que la proporción de los que reciben hasta un salario mínimo se incrementó, pero disminuyeron los que recibían dos y más salarios mínimos. En 2019, el 15.4 por ciento recibía hasta un salario mínimo, para 2025 representaba ya el 38.3 y en 2026 había aumentado al 45.4 por ciento, lo que significa un incremento de 3.14 millones de trabajadores que recibieron hasta un salario mínimo.

El portal no permite separar los que reciben menos de un salario mínimo y los que reciben un salario mínimo; pero de acuerdo con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, del total de asalariados que recibían hasta un salario mínimo, el 17.8 de los hombres y el 10.4 por ciento de las mujeres trabajaban más de 48 horas; en 2025, esta proporción pasó a 26.1 para los hombres y 14.4 por ciento para las mujeres asalariadas. Esto significa una intensificación de la jornada laboral acompañada del aumento obligatorio del salario mínimo.

Por otra parte, se elevó el trabajo asalariado, pero creció la informalidad. En 2019 había 10.1 millones de hombres trabajando en el empleo formal y 12.7 en el informal; en 2025, los hombres en el empleo formal habían aumentado a 10.8 millones y los informales se habían incrementado a 13.2 millones; en tanto que, de las mujeres asalariadas en 2019, 6.1 estaban en el empleo formal y 8.2 millones en el informal; en 2025, las formales aumentaron a 7.4 millones y las informales a 9.3 millones, resultó más activo el crecimiento de los asalariados informales que los formales, hombres y mujeres dispuestos a trabajar en lo que fuera, pues no hay opciones, y menos para la población de 40 años y más, que está creciendo aceleradamente.

El número de trabajadores sin prestaciones apenas bajó en este periodo de 13.6 a 12.6 millones de asalariados, pero representan aún más del 30 por ciento. Pese a que el gobierno ha insistido con atención universal a salud, según la ENOE, en 2019, el 44.2 por ciento de los asalariados no tenía acceso a servicios de salud y para 2025 bajó al 42.7 por ciento; pero en términos absolutos, en 2019 eran 16.5 millones de trabajadores y en 2025 17.2 millones y en el segundo trimestre de 2026 ya se habían incrementado el número de los trabajadores sin atención a la salud a 227 mil.

Efectivamente, esta masa silenciosa de asalariados no protesta; para ellos, no hay respuesta: no existe autoridad del trabajo que vigile el cumplimiento de la ley, que se respete la jornada laboral, que se pague el salario justo, que se den las prestaciones de ley; que cuando sea viejo, pueda acceder a una pensión; lo que hay desde el gobierno pasado y en éste son declaraciones de haber logrado un salario digno y condiciones no precarias de ocupación que se han quedado en eso: palabras.

Me pregunto, ¿por qué si aumentó la capacidad de compra de la población, hay en el país 3.2 millones de hogares que se quedaron sin comer y que representan aproximadamente 2.6 millones de personas?, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024; porque el salario mínimo no beneficia a todos los asalariados y porque aumentar el salario sin regulaciones de las autoridades del trabajo permite el abuso de los empleadores sobre los asalariados. Con la presentación del informe de la Presidenta no tenemos nada que celebrar.