Los resultados de la Prueba Pisa 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre de 2026, han revelado la cruda realidad educativa de México. Con 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, nos ubicamos muy por debajo del promedio internacional. Además, el 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel básico, y apenas el 0.5 por ciento alcanza la excelencia.

Ante este escenario, la respuesta del gobierno pareció buscar un chivo expiatorio. El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) aprobó la prohibición total de teléfonos celulares en primarias y secundarias a partir de noviembre de 2026, y argumentó que afectan la comprensión lectora. Limitar las distracciones en el aula no es una idea descabellada, pero tomar la prohibición como la mejor solución es un error que confunde la regulación del uso en clase con el aislamiento tecnológico total, frenando más el desarrollo del país.

Primero, no debemos atacar a la tecnología en sí, debido a que no es mala o buena por sí misma; su impacto depende de quién la controla, para qué la usa y quién queda fuera. En México, 13.1 millones de niños y adolescentes (la mitad de esta población) viven en hogares donde el celular es su única ventana a Internet. En zonas rurales y estratos bajos, esta dependencia supera el 75 por ciento. Para millones, el teléfono no es sólo un juguete de entretenimiento, sino también su biblioteca, el cuaderno y su única conexión con el mundo. De hecho, el 88 por ciento de los estudiantes de 12 a 14 años lo utiliza para resolver tareas; y casi la mitad ya interactúa con Inteligencia Artificial (IA) para aprender. Prohibir el celular sin garantizar alternativas tecnológicas en las escuelas implica, en la práctica, cerrar la puerta digital a los más vulnerables.

El verdadero rumbo de la educación en México debe ser la apropiación crítica de la tecnología. No se trata de demonizar las pantallas, sino de enseñar a entenderlas, aplicarlas y comprender cómo funcionan por dentro. Esto exige una inversión urgente en infraestructura digital en las aulas y un plan de estudios que introduzca el pensamiento computacional desde la infancia. Y con el ejemplo de naciones que ya han integrado estas habilidades desde los seis años, debemos entender que el objetivo no es convertir a todos los niños en ingenieros de software, sino desarrollar su pensamiento en informática: esa capacidad mental de descomponer problemas grandes en pasos pequeños y manejables, de reconocer patrones en su entorno y diseñar algoritmos lógicos para resolver tareas cotidianas. Más allá de la técnica, se trata de que comprendan el impacto social de la tecnología, formándolos como ciudadanos críticos y no sólo como consumidores pasivos.

Para lograrlo, debemos erradicar el mito de que únicamente los “genios de las matemáticas” pueden programar. Hoy, la IA permite generar códigos a partir de instrucciones cotidianas en español, lo que realmente necesitamos consiste en desarrollar la lógica y la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes. Programar ya se convirtió en el nuevo idioma universal; y todos deberían aprenderlo.

Prohibir el celular ahora representa una medida reactiva, punitiva y cortoplacista que busca “tapar el Sol con un dedo”. Por el contrario, invertir en infraestructura y enseñar pensamiento computacional es una iniciativa proactiva y transformadora. La brecha de PISA no se cerrará aislando a los niños de la realidad digital, sino dándoles las herramientas, el equipo y el conocimiento necesarios para que, en lugar de ser víctimas de la distracción tecnológica, sean los arquitectos del futuro de México.