Los discursos oficiales antes o después de los Juegos Olímpicos realizados cada cuatro años se desbordan en elogios para los contados atletas que lograron subir al podio, mientras las portadas de los periódicos se llenan de análisis cuantitativos sobre el medallero global. Sin embargo, tras el resplandor de los reflectores internacionales, la realidad material que enfrentan diariamente millones de familias mexicanas es profundamente distinta: módulos deportivos abandonados y vandalizados, parques infantiles destruidos, colonias populares sin un solo espacio verde y escuelas públicas que carecen de la infraestructura más elemental para impartir educación física con dignidad.

El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, obligando al Estado a su promoción y fomento. De acuerdo con este mandato, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su Artículo 2º, Fracción I, señala explícitamente que la meta prioritaria de la política deportiva nacional consiste en el desarrollo de la cultura física como medio fundamental para la preservación de la salud, la prevención de enfermedades y el desarrollo integral de la personalidad.

Sin embargo, la distancia entre la norma escrita y la realidad social resulta abismal. De acuerdo con los datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca del 60 por ciento de la población urbana de 18 años y más en México se reconoce físicamente inactiva. Las razones que esgrime la ciudadanía no son la simple pereza, sino la falta de tiempo derivado de extensas jornadas laborales y definitivamente la ausencia de instalaciones públicas seguras, accesibles y con mantenimiento adecuado cerca de sus hogares. Las consecuencias de esta omisión estatal se reflejan directamente en los hospitales: la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición advierte que más del 75 por ciento de adultos y más de un tercio de los niños y adolescentes en el país padecen sobrepeso u obesidad. Así, la política pública ha optado por el espectáculo de la élite, mientras la salud de las mayorías colapsa por padecimientos crónico-degenerativos totalmente prevenibles.

Esta contradicción se sostiene y perpetúa desde la asignación de los recursos públicos. En el examen de la estructura financiera del Estado, se observa que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contó con una partida de dos mil 564 millones de pesos (mdp) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Aunque para el PEF 2027 se plantea un ajuste proyectado a dos mil 743 mdp –un incremento de apenas 179 millones–, la estructura interna del gasto se conserva intacta. La mayor parte de este presupuesto se destina al sostenimiento de la burocracia institucional, los viajes internacionales y las becas de alto rendimiento. Los municipios, las escuelas de educación básica y las ligas comunitarias todavía operan con las migajas presupuestales sobrantes al final de la cadena, contravinindo el Artículo 3° de la ley que ordena garantizar el acceso equitativo al deporte social, recreativo y comunitario.

Los defensores del modelo actual argumentan que concentrar los recursos en la élite es indispensable para proyectar el prestigio internacional del país y servir como inspiración a la juventud; pero la inspiración por sí sola no transforma realidades materiales. Resulta ilógico pretender que un niño o joven, tras entusiasmarse al ver una competencia en televisión, salga a la calle y se convierta en atleta si sólo encuentra canchas llenas de basura, sin iluminación y dominadas por la delincuencia. La motivación individual sin infraestructura pública accesible no genera deportistas ni hábitos saludables; únicamente produce frustración e impotencia social.

Por todo ello, la democratización del deporte no se materializará jamás como una dádiva paternalista concedida desde las alturas de la burocracia. Concebir la actividad física como un lujo reservado para unos cuantos privilegiados equivale a condenar al abandono a las grandes mayorías trabajadoras. Ha llegado la hora de que el pueblo de México (estudiantes, obreros, campesinos, maestros y familias) despierte, tome conciencia de la situación material y se organice firmemente para exigir lo que por derecho le pertenece.

La grandeza de una nación no se mide por un puñado de medallas colgadas al cuello de deportistas extraordinarios que han florecido casi siempre a pesar del sistema, sino por la fuerza física, la salud corporal y el temple espiritual de su población unida. Elevar la cultura física a rango de causa popular es una tarea histórica e impostergable: unámonos para rescatar nuestros parques, exijamos el presupuesto que la ley estipula y hagamos de la práctica deportiva una herramienta masiva, indestructible y permanente de transformación social, salud integral y soberanía popular.