El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece como requisito contar únicamente con nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fue avalada con 86 votos a favor y 42 en contra, después de que la Cámara de Diputados aprobara previamente la propuesta.

La reforma establece que quienes aspiren a estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento, hijos de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una nacionalidad extranjera, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme a los términos que establezca la ley.

Además, quienes ejerzan alguno de estos cargos no podrán solicitar ni adquirir otra nacionalidad durante el periodo de su mandato, invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país.

La reforma no elimina la doble nacionalidad

El dictamen establece que la reforma no elimina el derecho a la doble nacionalidad para la población en general. La modificación se limita a establecer requisitos de elegibilidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien planteó que quienes aspiren a esos cargos renuncien a una eventual nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidatos.

Reforma aplicaría a partir de 2028

De acuerdo con el régimen transitorio, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero sus disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. La reforma tampoco será aplicable a quienes se encuentren en funciones al momento de su entrada en vigor.

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Avanza en congresos estatales

Tras la aprobación del Senado, la minuta fue enviada a las legislaturas de las entidades federativas como parte del procedimiento del Constituyente Permanente.

Hasta el 29 de septiembre, Baja California, Oaxaca y Ciudad de México habían avalado la reforma.

En Oaxaca, el Congreso local aprobó la minuta con 33 votos el 29 de septiembre, durante una sesión realizada en San Raymundo Jalpan.

En la Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó la reforma con 44 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

Para que una reforma constitucional de este tipo avance al siguiente paso se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Una vez alcanzado el número necesario, el Congreso de la Unión realizará la declaratoria de constitucionalidad y continuará el proceso para su publicación.