A toda acción oficial que intente frenar a las corporaciones culpables de la degradación ambiental sobrevendrá, de inmediato, una violenta reacción de los depredadores.
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La Universidad Iberoamericana documentó 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios en 23 estados de México, en las que fueron localizadas 92 víctimas mortales, de acuerdo con el informe Análisis de Hallazgos de Fosas Clandestinas en México 2006-2024.
El estudio señala que Chihuahua es la entidad con mayor número de casos registrados. Para determinar cuáles de los hallazgos podían clasificarse como feminicidios, las investigadoras no consideraron únicamente el sexo de las víctimas, sino que analizaron las circunstancias de la desaparición y el contexto en que ocurrieron los asesinatos.
Andrea Horcasitas, coautora del estudio, explicó que el equipo evitó clasificar automáticamente como feminicidio todos los casos en los que fueron encontradas mujeres. “Fuimos muy cuidadosas de no nombrar feminicidio a cualquier fosa que tuviera víctimas mujeres; nos basamos en el Código Penal”, explicó.
Mariana Marchand, también integrante de la investigación, señaló que fue necesario reconstruir información sobre las víctimas y las circunstancias de su desaparición para determinar si los casos cumplían con los criterios de feminicidio.
De los 58 casos documentados, en 48 fue posible identificar a un probable responsable. De estos, 81 por ciento eran particulares y 18 por ciento tenían vínculos con grupos criminales.
El informe destaca además la participación de parejas o exparejas sentimentales en más de 40 por ciento de los feminicidios, lo que muestra que una parte importante de las víctimas fue asesinada por personas pertenecientes a su círculo cercano.
Otro de los hallazgos es que 60 por ciento de las fosas fueron localizadas en inmuebles privados. Casi la mitad se encontraban en propiedades pertenecientes a las víctimas o a sus presuntos agresores, una circunstancia que puede dificultar las labores de búsqueda debido a las restricciones para que las autoridades ingresen a inmuebles particulares sin una orden judicial.
El impacto de estos crímenes también alcanzó a las familias de las víctimas. Al menos 25 de las mujeres asesinadas eran madres, y sus muertes dejaron a 40 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. En algunos casos, las investigadoras identificaron además que el presunto feminicida era el padre de los menores, lo que agrava las consecuencias familiares de los asesinatos.
Ante estos hallazgos, las autoras del informe llamaron a las autoridades a agilizar los procesos de búsqueda, investigación y acceso a la justicia, así como a considerar las consecuencias que los feminicidios generan en las familias de las víctimas.
A toda acción oficial que intente frenar a las corporaciones culpables de la degradación ambiental sobrevendrá, de inmediato, una violenta reacción de los depredadores.
El contenido de la propuesta choca con los intereses de las corporaciones nacionales y extranjeras, las mayores depredadoras del medio ambiente son las compañías y empresas privadas.
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Escrito por Victoria Cruz
Estudiante de Comunicación en la UNAM.