Las instituciones encargadas de la procuración de justicia enfrentan una profunda crisis de confianza ciudadana, altos niveles de percepción de corrupción y problemas de eficiencia operativa, expuso la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, al presentar el diagnóstico “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”.

A diez años de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, México Evalúa presentó el estudio que analizó el desempeño estructural y operativo de las 32 fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.

Durante la presentación, Campos citó que el 63 por ciento de la población percibe corrupción en los ministerios públicos y fiscalías, mientras que apenas una de cada tres personas expresa confianza en estas instituciones, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.

Asimismo, señaló que en muchas fiscalías las carpetas de investigación continúan imprimiéndose y cosiéndose con hilo, reflejo de procesos obsoletos que dificultan una gestión eficiente. Como consecuencia, el rezago acumulado pasó de menos de 500 mil casos pendientes en 2016 a 2.6 millones de investigaciones sin concluir al cierre de 2024.

Además, advirtió que más de una tercera parte de los casos iniciados terminan en archivo temporal. En promedio, esta determinación representa el 34.42 por ciento de las resoluciones adoptadas por las fiscalías del país.

Entre las entidades con mayor acumulación de archivo temporal destacan Jalisco, con 75.95 por ciento; Oaxaca, con 74.45; Ciudad de México, con 56.75; Nuevo León, con 55.54; y Michoacán, con 48.44 por ciento.

Otro de los hallazgos fue el escaso uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Actualmente sólo 3.2 por ciento de los asuntos se resuelve por esta vía, pese a que México Evalúa estima que cerca del 39.3 por ciento de los delitos del fuero común que hoy permanecen sin resolución podrían atenderse a través de esta vía.

La organización también identificó sistemas de información fragmentados, bases de datos inconexas y procesos manuales que limitan la capacidad de investigación. Por ello, recomendó reorientar el modelo de gestión hacia resultados, implementar programas para abatir el rezago, fortalecer la profesionalización, mejorar la ejecución de órdenes de aprehensión, impulsar la transformación tecnológica y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas.

Mesa de análisis

En la mesa de análisis, el especialista en seguridad pública y justicia penal, Bernardo León Olea, coincidió en que los problemas de procuración de justicia no podrán resolverse únicamente fortaleciendo a las fiscalías, pues existe un problema estructural en todo el sistema penal.

Explicó que en México se cometen más de 30 millones de delitos al año y que, pese a los esfuerzos institucionales, los niveles de criminalidad no han disminuido de manera significativa. Señaló que durante los últimos 15 años se habrían registrado alrededor de 420 millones de delitos en un país de 130 millones de habitantes, lo que refleja que prácticamente todas las familias han sido víctimas de algún ilícito.

León Olea sostuvo que el sistema se encuentra saturado desde el origen debido a que existen alrededor de 20 mil ministerios públicos para atender denuncias en todo el país, mientras que cerca de medio millón de policías cuentan con facultades legales para recibir denuncias, atribución que, afirmó, no se aprovecha adecuadamente.

El especialista planteó la necesidad de una reingeniería integral que permita redistribuir responsabilidades entre policías, ministerios públicos y mecanismos de justicia cívica. A su juicio, mientras no se modifique la estructura institucional y legal, los resultados seguirán siendo limitados.

Entre las medidas propuestas destacó reducir la cifra negra, fortalecer la investigación de delitos desde el ámbito policial y ampliar los mecanismos de resolución temprana para atender una parte importante de los conflictos que hoy saturan a las fiscalías.

Por su parte, la especialista en derechos humanos, desaparición y migración, Ana Lorena Delgadillo, sostuvo que el principal obstáculo para mejorar la procuración de justicia no es únicamente de diseño institucional o de gestión, sino de voluntad política para investigar.

“Se llame Cienfuegos, Adán Augusto, Rocha Moya, siempre que cometan un delito a cualquiera se tiene que investigar, porque esa imagen baja a los estados de la república quien determina a quién se investiga o no, entonces cómo vamos a intentar recuperar a esas fiscalías si el mensaje que se está mandando es completamente incorrecto… La violencia está permitida y por eso el país está como está”, comentó.

Delgadillo llamó a impulsar una reforma integral del sistema de justicia que incorpore una política criminal más amplia, con participación del Poder Judicial, fortalecimiento de la justicia de paz, mayor protagonismo de las policías y una visión que coloque a las víctimas en el centro de las decisiones.

Durante la mesa de análisis también participaron el fiscal general de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste; la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú.

En sus intervenciones, los titulares de las fiscalías destacaron principalmente los avances y acciones emprendidas en sus respectivas instituciones, aunque el diagnóstico presentado por México Evalúa y las observaciones de los especialistas pusieron sobre la mesa los retos que aún enfrenta el sistema de procuración de justicia en el país.