Inicia el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026 “Apuntes para una Justicia Electoral Cercana”.
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El vocero del grupo de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, informó que hace unos días entregaron un documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para rechazar la propuesta de que se forme una nueva Comisión de la Verdad, toda vez que la medida podría retrasar las diligencias, prolongar aún más la búsqueda de justicia e incluso reiniciar las investigaciones después de 12 años.
Además, sostuvo que la conformación de un nuevo órgano afectaría a las víctimas, pues implicaría sustituir las instancias que actualmente llevan el caso, como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Asimismo, el representante de los familiares afirmó que la petición busca que la SCJN revierta el criterio derivado de una resolución emitida por un Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la cual, dijo, abrió la posibilidad de crear una nueva comisión. También argumentó que ese mecanismo sería inconstitucional y duplicaría funciones de investigación, además de dispersar recursos humanos, periciales y económicos destinados al esclarecimiento de los hechos.
También manifestó el rechazo del grupo que representa a la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que su contenido favorece una narrativa que desvincula de responsabilidades institucionales al Ejército mexicano. Aseguró que la exigencia de las familias nunca ha sido señalar a toda la institución castrense, sino investigar la actuación de los elementos militares que presuntamente tuvieron participación en los hechos.
Por último, mencionó que el documento presentado ante la Suprema Corte contiene cinco solicitudes principales, entre ellas: desechar la creación de una nueva Comisión de la Verdad, fortalecer a la Covaj y a la UEILCA, corregir los criterios jurídicos que, a juicio de los promoventes, exceden las facultades de la CNDH y emitir lineamientos que permitan agilizar las investigaciones.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.