La administración del presidente Donald Trump amplió su ofensiva contra las políticas estatales de apoyo a estudiantes indocumentados al presentar una demanda contra Colorado. Con este último, ya suman 14 estados impugnados por permitir que jóvenes sin estatus migratorio legal paguen matrículas de residente, cuyo costo es menor al de los estudiantes provenientes de otras entidades.

La demanda, promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también alcanza a Texas, California, Maryland, Nueva Jersey, Illinois, Minnesota, Virginia, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Kansas, Massachusetts y Rhode Island.

El gobierno federal argumenta que la legislación estadounidense prohíbe otorgar beneficios en la educación superior a extranjeros sin estatus migratorio legal cuando esos mismos beneficios no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.

Con esta estrategia, la administración Trump busca invalidar las llamadas leyes de "equidad de matrícula", adoptadas por diversos estados desde 2001. Estas normas permiten acceder a colegiaturas de residente a estudiantes que cursaron la preparatoria en la entidad y cumplen con determinados requisitos de permanencia y contribución fiscal, sin exigirles residencia permanente o la denominada green card.

El Departamento de Justicia sostiene que estas políticas generan un trato preferencial para los migrantes indocumentados. Según cálculos del gobierno, únicamente en Maryland los beneficiarios de estos programas dejan de pagar alrededor de 9 millones de dólares anuales en colegiaturas.
La administración federal señaló que en la Universidad de Maryland un estudiante residente paga 12 mil 8 dólares anuales de matrícula, mientras que un alumno de otro estado desembolsa 41 mil 974 dólares. Al incluir alojamiento y otros gastos, el costo anual asciende a aproximadamente 32 mil dólares para residentes y 62 mil dólares para quienes provienen de otras entidades.

Los gobiernos estatales rechazaron la postura de Washington y calificaron las demandas como una acción con motivaciones políticas. El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, afirmó que la medida busca privar de oportunidades educativas a jóvenes que crecieron y estudiaron en esos estados.

Organizaciones del sector educativo también criticaron la estrategia del gobierno federal. Corinne Kentor, representante de la President’s Alliance, una organización que agrupa a más de 600 rectores y presidentes de universidades, sostuvo que los estudiantes inmigrantes también contribuyen mediante el pago de impuestos, pese a que en muchos casos no tienen acceso a diversos programas públicos.

La disputa legal ha tenido resultados distintos en los tribunales. Texas y Oklahoma eliminaron sus programas tras procesos judiciales; Kentucky desistió de defender el suyo, mientras que Minnesota obtuvo una resolución favorable que permitió desechar la demanda federal.

En paralelo, Florida endureció aún más su política migratoria al aprobar que, a partir del ciclo escolar 2027-2028, los estudiantes indocumentados no podrán inscribirse en universidades públicas del estado.