El ascenso al poder de gobiernos de derecha comúnmente suele explicarse por el cambio en el estado de ánimo de los electores: sociedades que se habrían vuelto más conservadoras, autoritarias o individualistas. Sin embargo, esta explicación es superficial porque no muestra las causas profundas del cambio de gobierno en cuestión. Para comprender mejor el problema, el análisis debe situarse en la disputa por la producción y el reparto de la riqueza social. En esta sociedad existen dos clases sociales principales que participan en ello: los propietarios de los medios de producción (dueños de tierras, fábricas, bancos, etc.) y los no propietarios (trabajadores). Son los dueños de los medios de producción, es decir, del poder económico, quienes gobiernan, a través de distintos mecanismos, un país determinado, aunque a veces, por impulsos populares, algunos gobiernos progresistas busquen redistribuir más equitativamente la riqueza para los trabajadores. Cuando eso no pone en peligro los intereses de la clase dominante, es tolerado; pero, apenas eso cambia, se busca cualquier mecanismo para frenarlo o revertirlo. El gobierno, por mecanismos velados o francos, siempre reproduce relaciones de producción que favorecen a la clase dominante. Por eso, para determinar qué tipo de gobierno existe, no basta con analizar su discurso, es necesario observar qué intereses protege, quién se beneficia con su política fiscal, laboral y económica, y contra qué sectores se moviliza la fuerza del Estado.

La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países: Donald Trump en Estados Unidos o Giorgia Meloni en Italia. En América Latina, Nayib Bukele gobierna El Salvador; Javier Milei, Argentina; Daniel Noboa, Ecuador; José Raúl Mulino, Panamá; Rodrigo Paz, Bolivia, y José Antonio Kast, Chile, mientras que en Honduras, Costa Rica, Perú y Colombia también triunfaron opciones conservadoras durante el ciclo electoral 2025-2026. Sólo Brasil, México y Uruguay conservan gobiernos que se dicen de izquierda o progresistas.

Un gobierno de derecha puede distinguirse esencialmente porque defiende a la clase económica dominante y sus intereses. Por ello, en defensa de la propiedad privada y de las ganancias de los empresarios, pide la mínima intervención del Estado en la economía, la privatización de bienes y servicios para ser explotados por la iniciativa privada, el fin de subvenciones que ayudan a paliar la pobreza, la extensión de los años de jubilación y la liberalización del mercado de trabajo para que la clase trabajadora sea explotada en las fábricas con mayor facilidad, etcétera. La derecha ataca a la “élite política” progresista o “socialista” que estaba antes de ella para proteger a la élite económica; responsabiliza al funcionario, al inmigrante, al pobre que recibe una ayuda, al sindicato o al pequeño delincuente, pero evita colocar en el centro del debate que la disputa fundamental tiene que ver con la concentración de la propiedad y la riqueza. Es decir, las acciones que toma la derecha son contra los trabajadores y los pobres en general, y a favor de las élites económicas.

Muchos de los países de América Latina donde hoy gobierna la derecha fueron precedidos por un gobierno de “izquierda” o progresista que no fue capaz de resolver los problemas de las clases populares, sobre todo los económicos. Cuando se agotó el beneficio de la redistribución de la riqueza a través de políticas estatales y no fueron capaces de crear nuevas fuentes de riqueza ni de transformar radicalmente la sociedad, empezaron a emerger problemas como la inflación o la inseguridad, por mencionar los más significativos. Fue entonces cuando los Bukele, Noboa o Milei prometieron resolver esos problemas con una receta muy bien conocida en el mundo entero.

La política económica de la derecha en América Latina se puede inscribir dentro del marco del liberalismo económico: 1) Estado mínimo en su función reguladora y distributiva o, para ser precisos, dado que todo el entramado institucional está hecho a favor de los poseedores de medios de producción: dejar a los trabajadores a merced de los empresarios; 2) apertura comercial acelerada que desprotege a la industria local, una política que, en los hechos, privilegia a la industria internacional, con matriz en los países capitalistas más desarrollados del mundo; 3) renuncia total a una política industrial propia, condenando a ese país a depender tecnológica y científicamente de los países que sí tienen desarrollada su industria; se vuelven dependientes; 4) regiones de enclave con privilegios –Inversión Extranjera Directa (IED)–, que benefician a las empresas internacionales; y 5) ajustes macroeconómicos súbitos, como ajustes salariales, pensiones, liberalización del tipo de cambio, etc., para hacer frente a problemas económicos que, por supuesto, afectan más a los pobres de cada país.

Esos cinco ejes pueden tomar distinto cariz en cada país. Para proteger la propiedad privada de los medios de producción y las ganancias de los empresarios se reducen impuestos sobre las empresas, se desregulan mercados, se debilitan la organización sindical y popular, se abren nuevos espacios a la inversión privada y se somete el gasto público a las exigencias de rentabilidad y pago de la deuda. Por eso Milei convirtió el equilibrio fiscal en el centro de su gobierno, redujo transferencias a las provincias, paralizó obra pública, despidió empleados estatales, disminuyó subsidios y desreguló numerosos mercados; pretende flexibilizar la legislación laboral, reducir indemnizaciones, descentralizar la negociación colectiva, bajar impuestos y profundizar la apertura de la economía. En Ecuador, Noboa elevó el impuesto al valor agregado al 15 por ciento, comenzó a retirar subsidios a los combustibles y abrió sectores económicos a la inversión privada; o sea, impuestos indirectos que recaen sobre el consumo popular, austeridad para el Estado y mayores oportunidades para el capital. En Chile, Kast propuso reducir el impuesto corporativo de 27 a 20 por ciento, disminuir el gasto estatal, simplificar permisos de inversión y relajar regulaciones para proyectos mineros y energéticos. En pocas palabras: beneficiar al capital frente al trabajo.

La promesa de la derecha se basa en una vieja creencia del liberalismo –desmentida ya por varios investigadores y fracasada en la realidad de los países–, que consiste en lo siguiente: si se libera al empresario de impuestos, regulaciones y obligaciones laborales, aumentará la inversión y finalmente mejorará la vida de todos: la teoría del goteo. Si los países ya han pasado por este proceso, si se les promete a los ciudadanos acabar con problemas mediante antiguas recetas fracasadas, ¿qué explica el ascenso de las derechas?

La derecha no asciende al poder solamente mediante engaños, sino también, y tal vez esencialmente por eso, porque había una serie de problemas sin resolver: inflación, escasez, deterioro de los servicios públicos, corrupción, inseguridad, informalidad laboral y poco ascenso social. Entre 2014 y 2023, América Latina creció a una tasa media anual inferior al uno por ciento, de acuerdo con la CEPAL, lo que significa empleos escasos, salarios estancados y menor capacidad estatal para responder a demandas sociales. A ello se sumó la inseguridad, con un costo de alrededor de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto, casi lo que se gasta en educación en la región, lo que supone que no es una propaganda de la derecha, sino un problema real. Cuando los gobiernos progresistas o de “izquierda” no fueron capaces de resolver esos problemas, las clases populares –su base, si no toda, al menos una parte– decidieron escuchar, en busca de solución, a quienes les proponían resultados rápidos. Es decir, la derecha aprovechó ese terreno fértil para su discurso.

Resulta interesante y aleccionador ver y comprender que la primera ola de gobiernos progresistas en la región alcanzó logros significativos para los trabajadores y, sin embargo, fue rápidamente superada por la derecha. Entre 2003 y 2012, la pobreza regional cayó de 41.6 a 25.3 por ciento; alrededor de 70 millones de personas salieron de ella, mientras la proporción considerada de clase media pasó de 23 a 34 por ciento, según el Banco Mundial. Ese progreso transformó a los beneficiarios: quien consiguió vivienda, educación, automóvil, crédito o un pequeño negocio dejó de ser pobre para ascender a una clase media vulnerable –susceptible de volver a ser pobre– y cambió su forma de pensar, sus aspiraciones y sus nuevas necesidades, mientras que esos gobiernos siguieron hablándole a la gente pobre; es decir, hubo una desconexión entre la base y el gobierno (mezclado con el partido dirigente).

El error fue haber mejorado la situación económica sin crear una conciencia de clase. Los pobres no adquieren conciencia porque mejore su situación económica, sino que ésta les tiene que ser explicada y enseñada por una fuerza social, reunida en un grupo político que sepa hacia dónde conducir a la sociedad de manera permanente. En cambio, en esos países, ésa fue la parte que no se hizo: se creyó que simplemente mejorando las condiciones materiales, los pobres la adquirirían.

Evidenciado el error, vale manifestar que las fuerzas progresistas de los países deben poner manos a la obra para seguir trabajando en dos cosas: la organización y la educación de las clases populares. Los problemas sociales, como todas las cosas, no son inamovibles. Es cierto que hoy la derecha es más autoritaria, más violenta, más cínica y represora, pero también se debe tener certeza de que su proyecto no es nuevo: es conocido y, por ende, se vislumbra que los problemas que promete resolver no sólo no serán resueltos, sino que se agravarán. Cuando eso pase, si las fuerzas progresistas siguen educando y organizando (creando un partido de vanguardia), las clases populares tendrán una guía sobre hacia dónde debe marchar la sociedad; de lo contrario, seguirán siendo dominadas por fuerzas políticas contrarias a ellas.