Los trabajadores mexicanos serán los encargados de sostener la economía del país durante 2027, mientras las grandes fortunas se mantendrán exentas de pagar mayores impuestos debido a que no se contempla una nueva reforma fiscal; el proyecto económico para el próximo año se sustenta en eficientar el ingreso, fundamentalmente a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El próximo año, el gobierno de México contará con un presupuesto de 10 billones 640 mil millones de pesos (mdp), un incremento real de apenas 0.7 por ciento respecto a lo aprobado este año, dijo en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado ocho de septiembre, cuando la dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora entregó formalmente el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados.

Un día después, la Presidenta de la Repúiblica defendió el Paquete Económico desde Palacio Nacional y afirmó que “no habrá nuevos impuestos”. Además, desde su perspectiva, el paquete es “responsable, no se está endeudando al país. Sencillamente –se busca– evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”.

Así, el plan de Sheinbaum Pardo consiste en mejorar la recaudación fiscal para cumplir los compromisos con los mexicanos, entre ellos destacan la deuda pública, los programas sociales, obra social, pensiones, entre otras necesidades. Y por ningún lado hubo guiños sobre una nueva reforma fiscal en la que se contemplara cobrar más impuestos a las personas con mayores ingresos.

Al contrario, para el siguiente y los próximos años, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) tiene puestas sus esperanzas en el “Plan México” como “uno de los principales motores de esta estrategia (condiciones financieras más favorables). A través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar la inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado. Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos (bdp) en infraestructura para energía, agua y transporte, así como para financiamiento”, sostuvo el titular de la Secretaría de Hacienda al entregar el paquete económico.

En otras palabras, el gobierno brindará las facilidades para que el capital nacional y extranjero invierta en México. Para este fin ha ubicado en diversas entidades federativas los denominados Polos de Desarrollo, áreas acondicionadas con servicios básicos e infraestructura carretera para movilidad; aunque estos espacios han generado más inconformidad social que beneficio entre los ciudadanos.

Diversos organismos han advertido que el plan de desarrollo para el siguiente año se presenta en un contexto de bajo crecimiento económico. Por ejemplo, el Banco de México (Banxico) proyecta un crecimiento de apenas 1.5 y dos por ciento, mientras que la Encuesta del Banco Citi México, del seis de septiembre, prevé un crecimiento de 1.3 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, una proyección menor a la realizada por Banxico.

“El Paquete Económico 2027 se presenta en un contexto de alta incertidumbre global, generada por conflictos geopolíticos, el proteccionismo comercial y la volatilidad financiera. Adicionalmente, a lo largo del año, las principales agencias calificadoras ubicaron al país cerca del límite inferior del grado de inversión, argumentando la persistencia de desequilibrios fiscales, bajo crecimiento económico e incertidumbre. Asimismo, señalaron que se requerían medidas que permitieran una consolidación fiscal gradual y creíble, así como el impulso a la inversión, al crecimiento, a la seguridad pública y al Estado de derecho”, aclaró en un documento el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) durante un análisis del paquete económico.

De acuerdo al documento de la SHCP, para el siguiente año se espera que 68.4 por ciento de los ingresos presupuestarios –que el gobierno espera recaudar para pagar sus gastos–, provenga de los impuestos, frente al 67 por ciento en 2026; es decir, un incremento de 1.4 por ciento. Esto implica que alrededor de siete de cada 10 pesos de los ingresos presupuestarios provienen de los impuestos.

En tanto, prevé que el 52.5 por ciento de los ingresos tributarios –los impuestos obligatorios pagados por los ciudadanos y las empresas–, provengan del ISR y 28.2 por ciento del IVA.

Para lograr tal objetivo, la organización de la sociedad civil México ¿cómo vamos? revela que “para incrementar la recaudación, el crecimiento económico debe ser sostenido y con tasas de crecimiento superiores a las estimadas por especialistas y organismos internacionales (1.8 por ciento en la encuesta Citi del cuatro de septiembre de 2026 y 1.9 por ciento en la actualización de julio de 2026 del Fondo Monetario Internacional)”.

Además, de acuerdo al análisis del CIEP, aunque las modificaciones y propuestas de ingresos para la recaudación “aumentarían (la recaudación), estos recursos serían insuficientes para compensar la disminución de los ingresos petroleros, estimada en 0.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Ante este escenario, el fortalecimiento de los ingresos públicos dependerá nuevamente del combate a la evasión y elusión fiscal, una mayor fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, anticipó.

Urge una reforma fiscal

La aplicación de un impuesto a las “grandes riquezas” del país fue una de las emblemáticas propuestas enarboladas en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República; esta medida convenció a millones de mexicanos, que le depositaron su confianza y lo llevaron al poder. Todavía en 2021, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas propuso el cobro de una “contribución voluntaria anual del cuatro por ciento” a las mil personas más ricas del mundo e insistió, además –como en México–, que la corrupción es la raíz de la pobreza y desigualdad; por lo que su meta se sustentaría en terminar con “el mal de la corrupción”. Pero ni acabó con la corrupción ni promovió una reforma fiscal en la que pagaran los más ricos.

La estrategia fiscal aplicada por la administración pasada consistió en terminar con la condonación de impuestos a las grandes empresas a las que, por diversos mecanismos legales, los gobiernos anteriores les habían dispensado cifras millonarias por concepto de impuestos. Aun así, esta medida resultó insuficiente para cumplir los compromisos con los mexicanos.

Para el segundo año del gobierno de Sheinbaum Pardo esta política fiscal se mantiene sin grandes cambios aunque, en palabras de Sunny Arely Villa Juárez, directora de Fortalecimiento y administración del CIEP, las modificaciones contempladas en el Paquete Económico 2027 pueden considerarse como “pequeños cambios, también son reformas fiscales” y consideró que estos cambios no se dan de la noche a la mañana, son “paso a paso”.

Una reforma de gran calado está pendiente. Y para 2027, los mexicanos destinarán mayores recursos de sus ingresos a comprar diversos productos cuyos costos se incrementarán debido a los impuestos. Al cierre de la presente edición se discutía en la Cámara de Diputados la propuesta para aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al alcohol y a los alimentos con exceso de sodio. En el primer caso, se propone incrementar 60 centavos por cada mililitro de alcohol puro y no por unidad –por botella, como se aplica ahora–; en el segundo caso se propone un incremento del IEPS a los productos con exceso de sodio que, si se aplica, aumentarían el precio de productos como sopas instantáneas, embutidos como jamón y salchichas, así como salsas y aderezos industriales, además de las botanas.

La justificación en ambos casos, y por la que sustentan el incremento de impuestos, se basa en que los productos son dañinos para la salud de los mexicanos. En el caso de los alimentos con exceso de sodio, podrían recabarse hasta 12 mil mdp, precisó el diputado morenista y presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Altamirano. Para el caso del impuesto al alcohol, anticipan una recaudación extra de 83 mil mdp.

Sin embargo, comparado con las necesidades por ingresos, estos recursos extra resultan insuficientes. Judith Senyacen Méndez Méndez, directora ejecutiva del CIEP, explicó a buzos que, debido al margen fiscal reducido y a las presiones del gasto proyectadas para el próximo año, el incremento de impuestos a las grandes riquezas “sí es una alternativa”.

“Se está volteando a ver por donde se pueda, hoy vemos en la propuesta del IEPS a productos no saludables; entonces tendríamos que estar hablando de un replanteamiento fiscal, pero no se plantea una consolidación fiscal; y están buscando dónde encontrar mayores recursos que serán insuficientes para cumplir los grandes compromisos. Tendríamos que estar hablando de un replanteamiento más general en una nueva reforma fiscal”, subrayó.

Y en torno a que los impuestos como el IEPS son finalmente pagados por el ciudadano, que es el consumidor final, la experta en políticas económicas argumentó que el gobierno mexicano debe “cerrar la pinza”, es decir, cobrar más impuestos; pero éstos deben ser “redistribuidos en acciones específicas para atender problemas de salud, que es lo que ha faltado, entre otras retribuciones para los ciudadanos”.

Pero no se consolida esta medida; y ejemplificó que, para la miscelánea fiscal de este año, “de los ‘impuestos saludables’ se informó que toda la recaudación iría a un fondo; y a partir de ahí, distribuir al tema de la salud. Pero ese fondo no se aplicó así; se contempló en una bolsa general”, hay recursos que no se destinaron al tema de la salud, o al menos no existe información pública al respecto, añadió.

Comprometido 80 % del gasto para 2027

El documento Implicaciones del Paquete Económico 2027, elaborado por el CIEP, contempla mayor endeudamiento como una de las medidas para atender los compromisos gubernamentales, lo que representa un riesgo para las finanzas públicas, ya que proyecta gastar más de lo que ingresará.

“La deuda no presenta una trayectoria constante y muestra riesgos de aumentar su magnitud estimada en 2027 (55 por ciento del PIB), dado su comportamiento histórico. Las razones continúan siendo la recaudación estancada, 22.8 por ciento del PIB, especialmente por los ingresos petroleros, cuya caída es compensada por el incremento de los ingresos tributarios; y, de manera importante, el tamaño del costo de la deuda (cuatro por ciento del PIB), que ya superaría el nivel del endeudamiento (3.9 por ciento del PIB)”, estimó.

Por su parte, Sunny Arely Villa Juárez, directora de Fortalecimiento y Administración del CIEP, reiteró que el 80 por ciento del presupuesto para el siguiente año está comprometido por ley, es decir, corresponde a recursos que se destinarán a programas sociales, pensiones y pago de deuda, presupuesto que no puede tocarse.

Respecto a la política de programas sociales, planteada por los gobiernos anterior y actual como de mayor éxito, debido a que “sacó de la pobreza” a millones de familias, según el discurso de la Presidenta, está llegado “al tope”, refirió Villa Juárez. En otras palabras, el dinero ya no alcanza.

Por lo que, “en lugar de apostar a darle todo a las familias –programas sociales–, me refiero a sólo dinero, no hacemos buenas escuelas, no hacemos infraestructura para dar atención y servicio de calidad a todas las personas, eso se refleja también”. Es decir, que el gobierno no centre su política social en apoyos sociales mediante tarjetas monetarias, sino en destinar mayores recursos a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, servicios públicos, etcétera. Pero esto no ha ocurrido.

Por si fuera poco, “el gasto está comprometido, el mismo Paquete Económico así lo establece: el 80 por ciento del gasto ya es obligatorio, incluyendo las pensiones; es decir, está en alguna ley, es un derecho, están en algún compromiso el pago de deuda, el pago de participaciones; entonces, eso ya no se puede mover; ¿qué quiere decir eso?, si quisiéramos tener algún otro margen, tendríamos que pensar en una nueva reforma fiscal”, concluyó la experta.

Por otro lado, la propia SHCP reportó que con el “Paquete Económico 2027, el Gobierno de México continuará construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: crecimiento con responsabilidad fiscal, inversión para el desarrollo y una política económica que ponga en el centro el bienestar y la prosperidad compartida de las familias mexicanas”. Sin embargo, omite que, durante el sexenio pasado y en el presente, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, Morena ha sido la fuerza mayoritaria y que cuenta, además, con un respaldo social que constituye ventaja política que les permitiría plantear una verdadera reforma fiscal, a medida de las urgentes necesidades del país.