El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, advirtió que el presupuesto destinado al campo en el paquete económico de 2027 será insuficiente para reactivar la producción nacional de granos básicos, pese al aumento previsto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con el dirigente, la propuesta contempla recursos por 88 mil 758.8 millones de pesos para la dependencia, un incremento de 13.6% en términos reales. Sin embargo, sostuvo que buena parte de ese dinero se destinará a programas sociales y no a medidas dirigidas a elevar la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas.

López Ríos señaló que el aumento presupuestal no necesariamente se traducirá en una mayor disponibilidad de alimentos, pues México produce, según las cifras que presentó, apenas 42% de los granos y oleaginosas que necesita.

Esta dependencia del exterior, afirmó, expone al país a fenómenos climáticos, variaciones en los precios internacionales y problemas logísticos que pueden afectar el abastecimiento y los costos de los alimentos.

UNTA señala reducción de recursos para programas agrícolas

El dirigente de la UNTA consideró que el presupuesto propuesto debilita programas fundamentales para la producción de granos básicos. Entre las disminuciones que identificó se encuentran:

• Acopio para el Bienestar: tendría una reducción real estimada de 22%, con recursos por 10 mil 445 millones de pesos. Según López Ríos, esto limitaría la capacidad del Gobierno para comprar cosechas a precios justos y respaldar los ingresos de los productores.
• Fertilizantes para el Bienestar: registraría una contracción real de 9.3%, lo que, advirtió, dificultaría el acceso de los agricultores a insumos necesarios para sus cultivos.
• Producción para el Bienestar: el programa dirigido a pequeños productores tendría una disminución real de 5.5%.
• Sanidad e Inocuidad: los recursos destinados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) bajarían 2.9% en términos reales, lo que podría reducir la protección de los cultivos frente a plagas y afectar su competitividad.

López Ríos sostuvo que estas reducciones contrastan con el incremento general previsto para la Sader y pueden afectar la rentabilidad de las unidades agrícolas, así como contribuir a una disminución de las superficies destinadas a la siembra.

Dependencia de importaciones y presión sobre los alimentos

El dirigente también puso énfasis en la situación del maíz, uno de los principales granos de consumo en México. Indicó que el país consume alrededor de 54 millones de toneladas anuales y que, de acuerdo con las cifras que presentó, produce cerca de 42% e importa el 58% restante.

Añadió que las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) apuntan a una caída interanual de 2% en la producción nacional de este grano.

Para López Ríos, entre los factores que presionan a los productores se encuentran los elevados costos de los fertilizantes y los bajos precios internacionales del maíz, condiciones que, aseguró, llevan a algunos agricultores medianos a sustituir este cultivo por otros de carácter comercial o con menores requerimientos de agua.

Ante este panorama, planteó que el presupuesto debe incluir instrumentos para fortalecer la actividad agrícola, como coberturas de precios, agricultura por contrato, financiamiento accesible y tecnificación del agua.

Finalmente, advirtió que una menor autosuficiencia alimentaria aumentaría la exposición de México a las variaciones del tipo de cambio y a los costos del transporte internacional. Según su planteamiento, esa vulnerabilidad podría trasladarse a los precios que pagan los consumidores, incluidos los de la tortilla y otros alimentos.