En abril de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) entregó a la empresa INDHR un contrato por casi 114 millones de pesos (mdp) para remodelar las estaciones Viaducto, Bellas Artes e Hidalgo, de la Línea 2. Según los documentos oficiales, la empresa había competido contra otras compañías para quedarse con la obra. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, el medio de comunicación Animal Político documentó que en esas obras encontró a trabajadores con uniformes de otra empresa, Alfa Proveedores y Contratistas, firma que supuestamente había competido contra INDHR en el concurso de licitación. La investigación reveló que no se trataba de una coincidencia menor, pues ambas empresas comparten vínculos mediante accionistas, representantes y apoderados legales. Es decir, una firma con dos fachadas distintas, pero asociadas.

¿Por qué importa esto? Una contratación pública supone que varias empresas independientes compitan para ofrecer mejores precios, mayor calidad o mejores condiciones para el gobierno. Si dos compañías relacionadas aparecen como adversarias, esa competencia se convierte en una estafa. El problema se incrementa debido a las llamadas “invitaciones restringidas”, donde el propio gobierno selecciona directamente a las empresas que participan. En teoría, los funcionarios comparan diversas opciones; en la práctica, la situación es muy distinta, pues sería como organizar una carrera entre corredores del mismo equipo y después presentar el resultado como una justa ejemplar.

El mecanismo puede ser sencillo. Una empresa ofrece cierto precio, otra presenta una propuesta distinta y una tercera obtiene el contrato. Administrativamente aparecen como compañías independientes que compitieron entre sí, pero la experiencia obliga a mirar más allá de la supuesta “astucia” de un grupo de empresarios que logró burlar al gobierno. Cuando estas prácticas se repiten, lo que aparece se convierte en algo más profundo: redes empresariales y políticas que encuentran la forma de mantenerse, “alimentarse” del presupuesto público y sangrar al erario, incluso bajo gobiernos de “izquierda” que llegaron al poder con la promesa de suprimir la corrupción.

Las cifras muestran que tampoco estamos frente a un hecho aislado. En una de las redes investigadas, cinco empresas obtuvieron 26 contratos por cerca de 253 mdp; 20 fueron entregados mediante invitaciones restringidas. En otra red, tres compañías participaron en ocho procedimientos que sumaron cerca de 1.413 mdp, seis bajo la misma modalidad. En conjunto, se observan 34 contratos por aproximadamente 1.666 mdp. El caso más grande fue la ampliación y remodelación de la estación Observatorio, con un contrato cercano a 1.189 mdp. Cuando un mismo tipo de relación aparece alrededor de contratos que mueven más de mil 600 mdp, ya no estamos ante una simple falla administrativa.

Durante años, el partido ha declarado que la corrupción se barre “como las escaleras, de arriba hacia abajo”. Es decir, si quienes gobiernan, actúan con honestidad y establecen controles eficaces, las prácticas corruptas deberían disminuir en los escalones de abajo. Pero esa lógica nunca se aplicó en los lugares donde gobierna Morena. Es sabido que es precisamente arriba donde se decide qué empresas son invitadas, se revisan expedientes, se firman contratos, se autorizan pagos y se supervisan procedimientos. Y si, pese a todo esto, las viejas prácticas del “PRIAN” continúan, entonces la escalera no se está limpiando ni tienen la voluntad de hacerlo.

Esa contradicción golpea uno de los principales argumentos con los que Morena llegó al poder: que ellos eran distintos, la corrupción pertenecía al viejo régimen y cambiar a quienes gobernaban permitiría limpiar las instituciones. Los hechos demostraron que no basta con sustituir un partido por otro para desmontar las redes de intereses constituidas alrededor del presupuesto público, ni con repetir hasta el cansancio un discurso de anticorrupción para desaparecerlas. Si Morena terminó reproduciendo prácticas que durante años denunció en sus adversarios, entonces la pregunta ya no es solamente en qué falló este partido. La discusión que México necesita va en otro sentido: qué clase de fuerza política podría romper realmente estas prácticas, qué intereses debería representar y, sobre todo, quiénes tendrían que construirla.