En Otros ángulos, columna de opinión publicada en Milenio, el destacado economista mexicano Gerardo Esquivel cuestiona el balance que dos exsecretarios de Hacienda, Pedro Aspe y Guillermo Ortiz, realizaron sobre la situación económica reciente de México (10 de agosto de 2026). Frente a su interpretación en torno a que la economía mexicana se dirige hacia un “estancamiento permanente” y presenta “fragilidades ocultas”, Esquivel considera que esta visión resulta injusta e incompleta, pues se concentra en el bajo crecimiento sin reconocer suficientemente los avances registrados, en particular, la “significativa” reducción de la pobreza ni el complejo entorno internacional que ha enfrentado el país en los últimos años, marcado por la crisis económica por el Covid-19 y la política hostil de Trump hacia México. Su conclusión ofrece un discurso más equilibrado frente a la idea del “estancamiento permanente”; esto plantea que “sí ha habido bajo crecimiento, pero al menos éste ha sido de carácter incluyente”.

Si bien Esquivel acepta que queda mucho por avanzar; en mi opinión la búsqueda de argumentos complacientes conduce a una justificación inútil que no está a la altura de los cambios que México, América Latina y el mundo están experimentando. Reflexión que cobra relevancia frente a dos desafíos estrechamente relacionados, el ascenso de la ultraderecha en el continente y la incapacidad crítica de los gobiernos de “izquierda” que, hasta ahora, no han logrado construir una alternativa convincente, capaz de combinar crecimiento expansivo sostenido, transformación productiva y una mayor inclusión social (García Linera, Página/12, 16 de agosto de 2026).

Los problemas del crecimiento económico en países dependientes y subdesarrollados, como México, deben ser asumidos con toda la gravedad que exigen por un gobierno que se asume como progresista, pues el bajo crecimiento constituye uno de los principales límites para atender las necesidades más urgentes de la población. La política social puede expandirse sólo hasta donde el crecimiento económico lo permite. Sin embargo, el gobierno mexicano ha pretendido conciliar la ampliación de las políticas sociales con las exigencias de la estabilidad macroeconómica orientada a atraer la inversión y el crédito externos al país. Al hacerlo, se cubre con un techo que restringe su capacidad de intervención económica y social, y pone un coto a su propia agenda redistributiva.

Paradójicamente, la exigencia de efectuar una valoración más ecuánime de los resultados económicos deriva en un relato acrítico en torno a ellos. Se revalora el control de la inflación como un logro importante frente al bajo crecimiento, sin sopesarlo con su contraparte en materia de política fiscal, la austeridad. Ambos aspectos pertenecen a una misma concepción de la gestión económica estatal que privilegia la estabilidad y limita el margen de intervención del Estado.

El control de la inflación y la austeridad reproducen el dilema entre crecimiento y política social, entre inversión pública y programas sociales, entre disciplina macroeconómica y desarrollo productivo: o lo uno o lo otro, uno a costa del otro. Es en el sentido de esta disyuntiva que el propio gobierno morenista ha planteado la diferencia fundamental entre su proyecto y el de los conservadores neoliberales. Mientras los primeros privilegian el crecimiento económico, los gobiernos morenistas han priorizado la política social como si los avances en materia de distribución redujeran el peso de su responsabilidad frente al bajo crecimiento. El desafío para los proyectos progresistas en México y América Latina consiste precisamente en superar esta falsa disyuntiva e introducir el crecimiento y la política social en un mismo programa de gobierno. De ello depende, en buena medida, la viabilidad futura de los proyectos progresistas no sólo en México, sino en América Latina.

Por lo demás, el carácter incluyente de este crecimiento parece también confirmarse en la evolución de las grandes fortunas mexicanas. Durante la pandemia, la riqueza de los principales multimillonarios del país aumentó alrededor de un tercio; y para 2026, la fortuna acumulada de los 24 mexicanos incluidos en la lista de Forbes alcanzó los 267 mil 300 millones de dólares, casi 60 por ciento más que el año pasado (Forbes México, 2021, 2026). Como vemos, el crecimiento puede ser “incluyente”, siempre y cuando no transgreda los intereses de los que siempre ganan.