El proceso durará hasta 120 días hábiles, con posibilidad de prórrogas según determine la autoridad.
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Por el alza de precios de alimentos y otros productos básicos, aproximadamente 8 de cada 10 tenderos en México se han visto obligados a elevar sus costos en lo que va de 2026, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza, explicó que el 91.3 por ciento de los tenderos asegura que sus proveedores han incrementado el precio de las mercancías, por lo que el 80 por ciento de los consultados tuvo que trasladar esos aumentos al consumidor durante los últimos meses.
Asimismo, detalló que el 40.6 por ciento de los asociados a la ANPEC, en su mayoría propietarios de pequeños comercios, afirmó que el poder adquisitivo de sus clientes se redujo a la mitad, con un gasto promedio de entre 50 y 200 pesos diarios.
El dirigente atribuyó este comportamiento de consumo al encarecimiento generalizado de las mercancías, relacionado con la inflación anual, que se ubicó entre 3.1 y 4 por ciento entre enero y junio de este año.
También indicó que casi el 80 por ciento de los mexicanos decide qué productos comprar a partir del precio; 20 por ciento lo hace por volumen y sólo 3 por ciento, por marca.
Añadió que los consumidores optan cada vez más por adquirir productos a granel, principalmente azúcar, arroz, frijoles y alimentos para mascotas, además de envases retornables o de vidrio, debido a que representan una alternativa más económica.
Por otra parte, sentenció que la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir el consumo de refrescos y cigarros entre la población no ha dado resultados, sino que ha provocado cambios en los hábitos de compra.
Precisó que los mexicanos prefieren recortar el gasto en comida enlatada, embutidos, helados, confitería, dulces y pan de caja, antes que dejar de adquirir los productos gravados con el IEPS.
Por estos factores, Rivera estimó que el cierre de 2026 será complicado para los pequeños negocios, ya que enfrentarán los efectos de la inflación, la inseguridad y la falta de certidumbre.
El proceso durará hasta 120 días hábiles, con posibilidad de prórrogas según determine la autoridad.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410