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“En piso de metal vives al día, de milagro, como la lotería”
(Ramón López Velarde)
La revista Expansión publicó en abril pasado un reportaje titulado Las 10 mineras que dominan la riqueza de México entre Slim, Baillères, Larrea y gigantes de Canadá y EU. Consigna el escrito que la producción de plata, oro, cobre y zinc está controlada por 10 empresas, cuyos ingresos anuales conjuntos superan los 517 mil millones de pesos (Roberto Trejo, Expansión, 28 de abril de 2026). Identifica luego las empresas y el origen de su inversión. Destaca en primer lugar la Americas Mining Corporation (México), de Germán Larrea, “el rey del cobre”, dueño también de Asarco. Produce cobre, plata, molibdeno, zinc y oro. Sus ingresos anuales son de 227 mil 231 millones de pesos. Viene luego Industrias Peñoles (México), de la familia Baillères: “el mayor productor mundial de plata afinada y uno de los principales de oro, plomo y zinc” (citas siempre del reportaje referido).
Le sigue Fresnillo PLC, con capital mexicano y británico. Se la define como la mayor productora mundial de plata primaria: “Con concesiones que abarcan alrededor de 2.1 millones de hectáreas, la empresa también forma parte del conglomerado Grupo BAL, propiedad de la familia Baillères”. Le siguen la estadounidense Newmont Minera Peñasquito (sus minas son “de las mayores de plata del mundo”) y la canadiense Torex Gold, productora de oro, con actividad principalmente en el estado de Guerrero, de proverbial pobreza. Vienen luego Minera Frisco, de Carlos Slim, y dos canadienses productoras de plata y oro: Corporation First Majestic y Pan American Silver Corp.; a continuación, la estadounidense Coeur Mining Mexicana, “Con operaciones centradas en el complejo minero Palmarejo, en el estado de Chihuahua (…) el sitio se ha convertido en uno de los activos más relevantes del grupo, al aportar alrededor de 60 por ciento de su producción de plata y cerca de un tercio de su producción de oro”. Finalmente, la canadiense Alamos Gold, productora de oro. Resumidamente, de las diez más grandes, tres son de capital mexicano, y en inversión extranjera destacan Canadá y Estados Unidos, en ese orden.
Pero el desmesurado enriquecimiento de los empresarios mineros no es de ahora. Data de hace cinco siglos. Acicateados por la obsesión del oro, los españoles vinieron a América e hicieron de la minería, salvajemente organizada, su principal actividad, de manera muy destacada en México y Perú. Y en esos sueños locos crearon mitos como el de las siete ciudades de Cíbola y Quivira, en el lejano norte, y El Dorado en Sudamérica. Ciudades hechas todas de oro.
Francisco Pizarro, conquistador del Perú, asesinó al inca Atahualpa, después de haber pedido por su rescate una habitación llena de oro. En México dieron tormento a Cuauhtémoc en procura del imaginado “tesoro de Moctezuma”. En su obra Las venas abiertas de América Latina (1971), el uruguayo Eduardo Galeano narró con lujo de detalle el bárbaro saqueo de la riqueza minera de América; destacó el caso del cerro del Potosí, en el Virreinato del Perú, la mina de plata más grande, que escondía en sus socavones fantásticas riquezas para unos cuantos y enfermedad y muerte para los trabajadores. Galeano describe el cerro como un monstruo que devoraba indígenas.
La desgracia de los trabajadores mineros ha sido de antología en la historia de México. En los tiros y niveles de las minas y a consecuencia de las insalubres condiciones de trabajo, perdieron la vida millones de indígenas, y no es exageración. De todo aquello dio cuenta pormenorizadamente Fray Bartolomé de las Casas en su valiente obra de denuncia, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1552. Es de sobra conocido, y lo han documentado especialistas en la materia, que al final de la Colonia, la población nativa quedó reducida a un mínimo de lo que fue antes de la conquista; por ello los españoles se vieron obligados a traer esclavos de África, que corrieron igual suerte.
Desde aquella época y hasta la fecha, México ha sufrido una incesante depredación de sus recursos minerales. La minería sintetiza en sí una de las formas más brutales de la contradicción entre acumulación y miseria. Y hasta hoy el saqueo no cesa. Al contrario, aumenta. Según el suplemento especial de La Jornada (14 de noviembre de 2011), “Tanto oro y tanta plata, por sólo citar estos metales preciosos, ha dado históricamente este riquísimo territorio, que resultan invaluables, en todos los sentidos, las cerca de mil 700 toneladas del primero y las más de 230 mil toneladas de la segunda que a lo largo de cinco siglos se han extraído de este ‘cuerno de la abundancia’, según documenta la estadística histórica del Inegi”. Y reseña el documento que, en los primeros diez años del presente siglo, “las mineras mexicanas y extranjeras (…) extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística”. Así es como se han acumulado las grandes fortunas a las que hacemos referencia al inicio.
Pero no puede existir la acumulación de riqueza sin su contrario y verdadero creador: los trabajadores y sus luchas. La primera huelga minera de México y de todo el continente americano (Doris M. Ladd en Génesis y desarrollo de una huelga: las luchas de los mineros mexicanos de la plata en Real del Monte, 1766-1775), estalló el 28 de julio de 1766 en Real del Monte, Hidalgo. Mil 500 mineros de la Veta Vizcaína se rebelaron contra la salvaje explotación de la que eran objeto. El 15 de agosto la huelga fue violentamente sofocada por el Estado, siempre diligente guardián de los ricos mineros. Este mes, precisamente, se cumplen 260 años de aquella gesta proletaria que estalló contra la explotación que ejercía el dueño de la mina, Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, nacido en Huelva, España, y en aquel entonces el hombre más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo.
Al inicio del siglo pasado, en 1906, hizo historia también otra huelga: la de Cananea, en Sonora, contra la empresa estadounidense Cananea Copper Company, propiedad del coronel William C. Green. El movimiento obrero fue ahogado en sangre por el ejército de Porfirio Díaz, firme defensor de los empresarios mineros extranjeros. Es difícil saber a ciencia cierta el número de trabajadores muertos. Son datos que las estadísticas generalmente ocultan o minimizan. A la luz de aquellas experiencias de lucha de la clase obrera, resalta aún más el contraste entre la dura realidad de los mineros, por un lado, y la acumulación de riqueza, por el otro. Como rastro infame del saqueo de los recursos minerales, sólo han quedado los socavones vacíos; caso de antología es el Cerro del Mercado, en Durango, que motivó una lucha estudiantil en 1966.
Y la tragedia minera sigue, y la historia se repite. El 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila, 63 trabajadores quedaron sepultados en una mina propiedad del Grupo México, de Germán Larrea, a consecuencia de las malas condiciones de seguridad. Nadie fue castigado por la pérdida de esas vidas humanas. Además de la pobreza que trae consigo, y por la tolerancia y connivencia del gobierno hacia las grandes empresas, la industria minera en México destaca por ser altamente contaminante del agua, el aire y el suelo, con daño a la salud de los trabajadores y de la población cercana. El seis de agosto de 2014, en Cananea, de la mina Buenavista del Cobre (propiedad del Grupo México) se derramaron 40 mil metros cúbicos de residuos tóxicos que contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora. Si bien ese caso trascendió al conocimiento público nacional, lo cierto es que, aunque mantenido en la discreción, el daño ambiental causado por las minas es algo cotidiano.
Así pues, el pueblo mexicano ha pagado históricamente con enfermedad e incontables vidas la acumulación de las grandes fortunas surgidas de la industria minera. Y hasta hoy, el Estado sigue siendo garante y protector de la explotación de los obreros mineros. Algún día deberá llegar esto a su fin, cuando los trabajadores cobren conciencia de que no deben seguir sacrificando más sus vidas para acrecentar el capital.
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Escrito por Abel Pérez Zamorano
Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.