Inicia el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026 “Apuntes para una Justicia Electoral Cercana”.
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que sigue sin pagarse la última parte del acuerdo reparatorio firmado con Alonso “N”, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), por el caso de la venta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que Pemex compró la planta en 275 millones de dólares, pero, un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó que una instalación industrial nueva de este tipo tenía un valor de sólo 58 millones 335 mil 960 dólares, por lo que concluyó que hubo un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
Para evitar continuar con el proceso penal, Alonso "N" aceptó pagar ese monto en tres partes y dejó como garantía el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.
Según la Fiscalía, la primera parte del pago, por 50 millones de dólares, se realizó el 30 de noviembre de 2021. La segunda, por poco más de 54 millones de dólares, se cubrió el 30 de noviembre de 2022. En total, se han pagado 104 millones 166 mil 50 dólares.
Para el 30 de noviembre de 2023 debía estar cubierta la tercera y última exhibición, por un monto de 112 millones 497 mil 990 dólares, pero, debido a que no fue pagada, la FGR solicitó reactivar el proceso penal. No obstante, Alonso "N" pidió una prórroga al argumentar que su empresa enfrentaba problemas financieros. PEMEX aceptó ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024 y un juez autorizó esa decisión.
Más adelante, un juicio de amparo promovido por Emilio "N" impidió que el convenio modificatorio quedara firme. Aunque ese amparo ya fue rechazado, todavía existen dos recursos de apelación pendientes de resolución, por lo que el proceso judicial aún no puede continuar.
La FGR señaló que seguirá buscando que se pague el dinero restante y que continúen los procedimientos legales para reparar el daño ocasionado al Estado.
Gilda “N” enfrentará proceso judicial en libertad
El caso por la compra de Agronitrogenados alcanzó también a Gilda “N”, hermana del exdirector de Pemex, Emilio “N”, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados con el esquema de sobornos investigados.
De acuerdo con la FGR, entre 2012 y 2014 la imputada habría recibido alrededor de 500 mil dólares en transferencias presuntamente de recursos ilícitos. Las autoridades sostienen que ese dinero habría sido incorporado al sistema financiero nacional.
Este viernes, un juez federal resolvió que Gilda “N” enfrentará el proceso en libertad, al considerar que no era necesario imponer la prisión preventiva. Como medidas cautelares, deberá entregar su pasaporte, tiene prohibido salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúa el proceso judicial.
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Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
La detención se realizó por presuntamente ocultar evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde 2019, el Gobierno Federal ha otorgado recursos por casi dos billones de pesos (bdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex). No obstante, la compañía mantiene un crecimiento marginal en su producción de hidrocarburos líquidos, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las utilidades de la empresa cayeron 69.7 por ciento en el segundo trimestre del año.
El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
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Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
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El hidrocarburo superó las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.