Las corporaciones tecnológicas llevan notoria ventaja sobre las iniciativas de ley que buscan regular el uso de las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) por su impacto negativo en los menores de edad, como es el caso de la iniciativa que ahora se debate en México.

El 20 de julio, el Gobierno de México convocó a una serie de foros nacionales para analizar propuestas destinadas a imponer límites a las corporaciones tecnológicas trasnacionales y reforzar la “soberanía digital”. Los debates se realizarán en agosto y la iniciativa se discutirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el 1^º de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se impulsará la regulación de la IA semejante a la elaborada por la Unión Europea (UE), cuyo diseño está basado en tecnología de punta abocada a proteger los derechos humanos y se apega a la propuesta humanista del Vaticano.

El gobierno y los grupos parlamentarios asociados a Morena advirtieron que se buscará que las corporaciones globales de la IA se ajusten a una ley que estará enfocada en proteger los derechos humanos de los usuarios.

A decir de activistas sociales, desde 2021 se han presentado más de 20 proyectos legislativos encaminados a regular la IA, pero todos han sido bloqueados en el Congreso de la Unión debido a la intervención de “lobbistas” o “cabilderos” que representan los intereses de las corporaciones tecnológicas estadounidenses.

Pero la “soberanía tecnológica” nacional enfrenta otro problema: el Gobierno Federal renegocia el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y su principal socio comercial (EE. UU.) sostiene la inamovible posición de “cero regulaciones” a la IA con el argumento de que no debe frenarse el desarrollo de las tecnologías.

Al respecto, Vladimir Chorny, doctor en derecho, investigador de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó a buzos que las grandes empresas tecnológicas, sobre todo las desarrolladas en Silicon Valley (EE. UU.) “concentran, no sólo un poder económico enorme, sino un poder político que les permite tener influencia sobre distintos países, que llevan ahorita la discusión sobre la regulación de la IA”.

Advirtió que, para R3D, la regulación de las empresas tecnológicas globales resulta indispensable, “porque es una de las pocas formas en las que se les puede obligar a respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución; pero es una realidad que el poder político que éstas tienen es tan grande, que hacen que eso sea muy difícil”.

Existe una preocupación legítima “por riesgos de control, censura, vigilancia, que efectivamente se podrían tener al intentar regular esta tecnología y esas grandes empresas… Por eso es tan complejo entrar a esta discusión”.

El experto reveló que, en fechas recientes, enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han trabajado con agrupaciones civiles, empresas y gobierno para plantear un informe preliminar de beneficios y riesgos con la IA, presentado por un panel científico de expertos independientes creado en 2025 por la Asamblea General del organismo.

Chorny destacó que, en las conclusiones del panel, se menciona que las tecnologías de IA deben reorientarse y redirigirse para servir a intereses humanos y no a los económicos de las corporaciones tecnológicas, como está ocurriendo hoy “a costa, muchas veces, de la vida y de los derechos de las personas”.

Al respecto, el investigador de R3D reveló a este semanario que las “bien fundamentadas exposiciones científicas contrastan con la postura antirregulatoria de EE. UU., que hace a un lado al ser humano. Es una postura incompatible con cualquier perspectiva razonable del desarrollo de la IA, con una perspectiva que ponga los intereses humanos en el centro; es imposible”.

Chorny se refirió también a los daños medioambientales ocasionados por el desarrollo de la industria de la IA, que no cumple con los beneficios sociales porque los “centros de datos” –los enormes complejos requeridos para activarla– requieren enormes cantidades de agua y electricidad y están instalados en países en desarrollo como México.

“Por eso hoy en día se habla mucho de los centros de datos; del consumo de agua; de la contaminación y el consumo energético de estas grandes infraestructuras que se requieren para desarrollar la IA”, apuntó Vladimir Chorny.

Objetivo explotador

Un estudio de la organización Big Data & Society, en que participó la mexicana Paola Ricaurte Quijano, investigadora del Tecnológico de Monterrey, estima que detrás de la promoción regional para que países de Latinoamérica integren la IA en sus gobiernos, existe una estrategia “neocolonial” del gobierno estadounidense no sólo para explotar bienes naturales, sino también para ejercer controles mediante el poder blando”.

Con modelos de IA, EE. UU. puede obtener acceso a enormes bases de datos (big data) confidenciales de otros gobiernos, de personas y de todo tipo de operaciones oficiales basadas en la automatización con estas plataformas, atención pública, prestación de servicios, procesos electorales, etcétera, alertó.

En un reporte de diciembre de 2024 del Tec de Monterrey, sobre ese estudio de Big Data & Society, se difunde que, entre los riesgos analizados para el continente americano, “está la dependencia excesiva en actores del sector privado, como Microsoft, para el desarrollo e implementación de estos sistemas, sin procesos adecuados de evaluación y auditoría, suscita preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y posibles conflictos de interés”.

Se menciona como ejemplo a Brasil, donde el Ministerio de Economía implementó un sistema inteligente diseñado por Microsoft para la asignación de puestos de trabajo a ciudadanos mediante el Sistema Nacional de Empleo (Sine), que fue denunciado por organizaciones especializadas debido a su falta de transparencia y por la discriminación de personas.

La IA mexicana

El proyecto mexicano de la “soberanía tecnológica” enfrenta el reto de capacitar a personal científico adecuado (las corporaciones globales se pelean por ellos) para desarrollar proyectos de IA; además, debe reservar una enorme cantidad de dinero para invertir a mediano y largo plazo.

Durante la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM 2025), realizada el 26 de noviembre de 2025 en Pachuca, Hidalgo, la Presidenta reiteró su proyecto de conseguir una “soberanía tecnológica” para México, convirtiendo al país en una potencia científica.

Estableció también que el Fondo InnovaTecNM 2025 elegirá proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para que sean desarrollados. “Somos un país abierto al mundo y por supuesto que hay mucha tecnología en muchos lugares del mundo que debe ser parte de nuestro desarrollo; pero la pregunta es: ¿por qué nosotros no hemos podido generar grandes innovaciones y desarrollo tecnológico para el país?”.

Además, anunció la construcción de la supercomputadora Coatlícue, con un costo de seis mil millones de pesos (mdp), que podrá generar modelos de IA propios, que operarán con un equipo de 100 personas encargadas de crear “soluciones inteligentes” para el gobierno, como reforzar la ciberseguridad de los sistemas y evitar la fuga de datos nacionales hacia servidores instalados fuera del país.

Según José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), empezará a funcionar en 2027 y será capaz de procesar millones de datos en segundos, que ayudará a decidir al gobierno, además de apoyar proyectos de emprendedores tecnológicos y ofrecer servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada.

El pasado nueve de marzo en el Museo Nacional de Antropología, funcionarios de la ATDT y Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, (Secihti), señalaron que una prioridad en México radica en ya no depender de los desarrolladores extranjeros de IA y alcanzar la soberanía tecnológica.

Brucelee Campos Alvarado, director de Inteligencia Estadística de la ATDT, exhortó a que “Desarrollamos este tipo de herramientas con talento propio. Trabajamos desde nuestros centros de datos, no dependemos de proveedores externos para evitar que datos sensibles de los mexicanos sean resguardados en nubes virtuales extranjeras y sin control”.

Adelantos preocupantes 

La organización R3D, que participa continuamente en foros especializados, nacionales e internacionales, ha reportado que al menos 14 dependencias gubernamentales mexicanas utilizan IA en tareas oficiales sin regulación ni información de su existencia ni operatividad.

También reveló que este sistema “inteligente” de uso oficial fue descubierto cuando se instalaron cámaras de vigilancia en espacios públicos pertenecientes a las medidas de seguridad para el Mundial de Futbol, pero que ya se utilizaban en el país al menos hace cuatro años.

En los últimos ocho años, el Gobierno Federal y los estatales activaron al menos 119 aplicaciones de esa tecnología, según el Reporte de Algoritmos Públicos 2024 presentado el 11 de marzo de 2025 por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), coordinado por los investigadores César Rentería y Jorge Ordelín.

El mayor usuario gubernamental de IA en México es el Poder Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República y los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas. En general, 61 instituciones públicas, 28 federales y 33 estatales, están utilizando chatbots y herramientas administrativas para operar programas oficiales.

Resalta entre éstos el del Sistema de Administración Tributaria (SAT) utilizado en labores de fiscalización de contribuyentes; el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en investigación de operaciones financieras de particulares y empresas; así como el de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿En manos de quién?

Una pregunta central planteada en el proyecto para ampliar el “Gobierno digital” en México, es quiénes controlarán los datos de las personas a final de cuentas: los “algoritmos”, que son las instrucciones técnicas para el funcionamiento de los sistemas automatizados con la IA, o las fuentes de poder político y económico integradas por corporaciones tecnológicas y gobiernos.

La materia prima de la IA son datos de todo tipo, incluidos los personales, con los cuales se alimentan, “entrenan” y operan los sistemas de IA y que, de acuerdo con investigaciones y análisis de especialistas, pueden representar beneficios sociales, pero también encierran graves riesgos para los derechos humanos.

Se produjeron alertas sobre posibles actos de discriminación, mayor vulneración de la privacidad, vigilancia abusiva de autoridades, intensificación de la explotación mercantil y político-electoral de los datos personales, resquebrajamiento de la democracia, sofisticación y multiplicación de delitos con herramientas tecnológicas y ampliación de las desigualdades sociales.

El gobierno de EE. UU protege a sus grandes empresas globales de tecnología, la mayoría nacidas en la región de Sillicon Valley, San Francisco, y los proyectos desarrollados con multimillonarias inversiones privadas, como los de Microsoft, OpenAI, Google, Meta y Amazon, que ofrecen “soluciones inteligentes” a empresas y gobiernos del mundo.

Es por ello que México se enfrenta a un problema mayor, ya que su economía depende de la de EE. UU., su principal socio en el tratado comercial TMEC, en cuyo marco legal, vigente desde 2020, la regulación de IA será imposible o acaso ínfima en el supuesto de que la Casa Blanca aceptara modificarlo.

Entre las prioridades establecidas en documentos conocidos a principios de este año, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) aclaró que la industria de la IA es estratégica para ese país, y uno de sus principales intereses para la nueva versión del T-MEC.

¿Sería sensato plantear una estrategia de regulación cuando en realidad somos usuarios y no generadores de IA?, preguntó Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien reconoció que los planes mexicanos de expedir normas para limitar los riesgos con el uso de la IA contrarían la posición de EE. UU. de “cero regulaciones”.

En comentarios para UNAM Global, el investigador del IIJ destacó: “La pregunta es: ¿cuál será la estrategia del Estado mexicano en la materia al renegociar el T-MEC? Es ahí donde las tensiones se ponen interesantes, porque si México intenta regular al estilo europeo, tendrá un ‘encontronazo’ con el gobierno estadounidense”.

Influencia poderosa

Mientras tanto puede esperarse que, durante las conversaciones sobre la regulación de IA en México, “habrá participación incluso de lobistas estadounidenses”, agregó a buzos Martha Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de la organización internacional Artículo 19 en México.

“No podemos ser omisos en la realidad de que se legisle en México también con base en los intereses de EE. UU. Entonces hay que analizar con lupa este aspecto tecnológico en el Tratado México, EE. UU. y Canadá; y cómo se va a traducir en el entorno mexicano y a favor de quién”, destacó.

En las iniciativas de ley planteadas hasta ahora –subrayó Tudón– “no se cuestiona el modelo de negocios de las plataformas digitales que lucran con los datos personales, que explotan a las personas; eso no se toca; lo que se procura afectar es el comportamiento de los usuarios, pero se dejan los negocios completamente intactos”.

En la construcción de una política pública sobre el uso de la IA –apuntó–, lo más importante es que se basen en los problemas, desigualdades y carencias del país, y no en ejemplos de otros países “que no comparten los problemas ni las oportunidades mexicanas”.

Los legisladores deberían considerar que las empresas productoras y comercializadoras de los sistemas de IA “se basan en modelos comerciales incompatibles con los derechos humanos”, sentenció la especialista de Artículo 19.

Una disputa global

Minerales “raros” para fabricar aparatos electrónicos; diseño y operación de algoritmos, control de los datos personales, algoritmos y la implantación de “soluciones de IA” a gobiernos supeditados, son fundamentales en la guerra global sostenida por EE. UU. y la UE frente a la tecnología de IA.

La posición estadounidense consiste en “cero regulaciones”; en contraste, China estableció un esquema de control gubernamental absoluto sobre los datos personales y oficiales, así como en la fabricación de algoritmos únicamente chinos; en tanto que la UE sostiene un desarrollo tecnológico “con garantías para los derechos humanos”, al que pretende apegarse el gobierno mexicano.

El problema con el enfoque de la regulación de la IA, incluso con la europea, radica en que esta tecnología es abordada como centro de mercado y no como una herramienta, dijo, entrevistado por buzos, Ernesto Peralta, director ejecutivo de la organización analista Borde Político A.C.

“Me parece que como lo están haciendo China y los demás países asiáticos es mucho más adecuado; es decir, regular la construcción de algoritmos para asegurar su neutralización”.

Ningún país de Latinoamérica está en condiciones de desarrollar su propia IA y centros de datos; todos dependen de las corporaciones estadounidenses desde hace muchas décadas. “Entonces es la tecnología, pero también la infraestructura física, las que debemos adecuar a un modelo mucho más latinoamericano”. La IA es ineludible –anotó Peralta– y “México debe invertir, más que en refinerías, más que en petróleo, más que incluso en la transición energética, en la transición tecnológica”.