La disputa por los cerros del Crestón, Fortín y Cruz Blanca exhibe décadas de urbanización irregular, intereses inmobiliarios y omisiones gubernamentales de reserva ecológica creada para proteger uno de los principales pulmones naturales de Oaxaca. Mientras las autoridades impulsan la regularización de asentamientos, ambientalistas alertan sobre riesgos de ecocidio y gentrificación.

Desde la cima del Cerro del Crestón, Oaxaca de Juárez parece extenderse sin límites. Las calles, colonias y construcciones avanzan hasta las laderas que hace poco más de tres décadas fueron declaradas reserva ecológica. Donde antes predominaban árboles, senderos y zonas de recarga de agua, hoy aparecen viviendas, calles trazadas sobre la montaña y, cada vez más, residencias de lujo que aprovechan algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Lo que ocurre en los cerros del Crestón, Fortín y Cruz Blanca no es un conflicto reciente. Tampoco puede explicarse únicamente por la necesidad de vivienda de miles de familias.

Con la urbanización de una de las áreas naturales más importantes de la capital existe una historia de decretos incumplidos, omisiones gubernamentales, procesos de regularización inconclusos y una creciente presión inmobiliaria que durante décadas transformó el territorio sin que ninguna autoridad lograra detenerla.

Hoy, mientras el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez impulsan la regularización de asentamientos dentro de la reserva ecológica, ambientalistas advierten que las recientes decisiones podrían abrir una nueva etapa de urbanización en una zona estratégica para la captación de agua y la regulación ambiental de la ciudad. La pregunta ya no es cómo se ocupó la reserva. La verdadera pregunta radica en quiénes se beneficiaron de su transformación.

Una reserva ecológica atrapada por la ciudad

Los cerros del Crestón, Cruz Blanca y Fortín fueron declarados Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida el 14 de noviembre de 1992 durante el gobierno de Heladio Ramírez López.

El decreto, ratificado posteriormente durante la administración de Diódoro Carrasco Altamirano, establecía claramente que la zona debía permanecer libre de asentamientos humanos y que su vocación principal sería la conservación ambiental, la reforestación y la protección de uno de los principales espacios de recarga hídrica de la ciudad. Sin embargo, durante más de tres décadas, el decreto convivió con una realidad completamente distinta. Mientras la legislación prohibía nuevos asentamientos, la ciudad siguió creciendo.

Colonias enteras comenzaron a establecerse en el polígono protegido. Se vendieron terrenos, se lotificaron y se construyeron viviendas en áreas que legalmente debían permanecer bajo protección ambiental. Durante años, la ausencia de límites precisos permitió que el conflicto creciera silenciosamente.

Fue hasta septiembre de 2024 cuando el Gobierno de Oaxaca presentó la rectificación y digitalización oficial del polígono de la reserva ecológica y se estableció una superficie cercana a las mil 239 hectáreas. Para entonces, el avance urbano ya había transformado buena parte del territorio.

Treinta años de permisos

La destrucción gradual de la reserva ecológica no ocurrió de la noche a la mañana. El proceso se desarrolló durante más de tres décadas. Primero aparecieron pequeños asentamientos impulsados por familias que buscaban un lugar dónde vivir. Después se lotificaron informalmente.

Más tarde surgieron colonias completas. Finalmente se construyeron residencias lujosas y proyectos inmobiliarios atraídos por el alto valor paisajístico de los cerros. Todo ocurrió mientras distintos gobiernos municipales y estatales observaban cómo avanzaba la urbanización sobre un territorio que legalmente debía permanecer protegido.

Durante las administraciones de José Antonio Hernández Fraguas, Javier Villacaña Jiménez, Oswaldo García Jarquín, Francisco Martínez Neri y actualmente Raymundo Chagoya Villanueva, la expansión urbana avanzó en la reserva sin una estrategia efectiva para contenerla.

El resultado es visible desde cualquier punto elevado de la ciudad: calles que atraviesan antiguas zonas de conservación, viviendas construidas en laderas que antes permanecían cubiertas de vegetación y una reserva ecológica cada vez más fragmentada.

Inmobiliarias detrás de la disputa

Uno de los reconocimientos más importantes sobre la presencia de intereses inmobiliarios provino del propio Gobierno del estado. El consejero jurídico estatal, Geovany Vásquez Sagrero, admitió públicamente que existen empresas y particulares interesados en desarrollar complejos residenciales en la Zona de Reserva Ecológica que comprende los cerros del Crestón, Fortín y Cruz Blanca.

Según el funcionario, el conflicto implica realidades distintas. Por una parte, están las familias que compraron lotes pequeños y construyeron viviendas sin permisos formales. Por otra, existen propietarios de grandes extensiones territoriales que buscan desarrollar complejos inmobiliarios de alto valor comercial.

“Hay otros que compraron extensiones grandes y quieren desarrollar complejos inmobiliarios”, reconoció el consejero jurídico durante las discusiones sobre el futuro de la reserva. La declaración confirmó lo denunciado por organizaciones ambientalistas durante años: la disputa por los cerros no es solamente social o ambiental; también es económica.

Tras la presión para flexibilizar restricciones urbanísticas existe un enorme interés por el valor inmobiliario de terrenos ubicados en algunas de las zonas más privilegiadas de Oaxaca.

El crecimiento urbano en la reserva produjo otra consecuencia menos visible: miles de personas quedaron atrapadas en un limbo jurídico. Muchas familias adquirieron terrenos mediante contratos privados, certificados de posesión o constancias emitidas por autoridades municipales y organizaciones comunitarias.

Décadas después descubrieron que esos documentos no necesariamente garantizaban la propiedad legal de los predios. La falta de regularización generó conflictos, litigios y disputas territoriales que todavía continúan.

En muchas colonias existen habitantes que pagan impuestos, cuentan con servicios básicos y poseen documentación administrativa, pero carecen de escrituras plenamente reconocidas. La incertidumbre se convirtió en una constante.

Cuando la falta de regularización termina en despojo

Cuando los policías llegaron aquella mañana de marzo de 2025, Flaviana Núñez Martínez no imaginaba que perdería la casa que había construido durante más de tres décadas. A sus 72 años, fue desalojada del predio donde vivió gran parte de su vida en la colonia Lomas de San Jacinto.

Llegó al terreno en 1991. Durante años acumuló documentos que respaldaban su posesión: constancias emitidas por autoridades municipales, registros administrativos y certificados derivados de procesos de regularización de la tierra.

Participó en la instalación de servicios de su calle y era reconocida por vecinos y autoridades como ocupante legítima del predio. Sin embargo, todos esos antecedentes resultaron insuficientes frente a una escritura pública presentada por otro particular. Tras años de litigio, una sentencia judicial favoreció al propietario registrado y derivó en el desalojo.

La historia de Flaviana exhibe uno de los principales efectos del crecimiento urbano desordenado: miles de familias construyeron patrimonio sobre terrenos cuya situación jurídica nunca fue resuelta completamente por las autoridades. Mientras el Estado permita el avance de colonias enteras, la regularización seguirá inconclusa.

Décadas después, muchas de esas familias enfrentan conflictos legales que amenazan con arrebatarles lo construido durante toda su vida. “Me quitaron todo. Mi esfuerzo de tantos años, mi tranquilidad, mi historia”, narró después del desalojo. Su relato representa el rostro humano de un problema territorial que fue ignorado durante años.

El veto de 2021

Ante el avance de la urbanización, el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó el acuerdo 001/CU/2021 en noviembre de 2021. La medida suspendía licencias de construcción, cambios de uso de suelo, apeos, deslindes y cualquier trámite que modificara las condiciones de la reserva ecológica.

El objetivo consistía en impedir nuevos procesos de urbanización mientras se definía la delimitación oficial del polígono y se elaboraba un plan de control integral. Para los ambientalistas, el acuerdo representaba una barrera mínima frente al crecimiento urbano.

Para miles de habitantes significó quedar atrapados en un limbo administrativo que impedía regularizar propiedades y acceder plenamente a servicios públicos.

La polémica regresó con fuerza el 29 de julio de 2025, cuando el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó retirar las restricciones que permanecían vigentes desde 2021. La propuesta fue presentada por la regidora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Surisadai Sánchez Hernández, y obtuvo 15 votos a favor. El único voto en contra correspondió al concejal Martín Vásquez Villanueva.

Con la aprobación quedaron sin efecto los acuerdos municipales que mantenían suspendidos diversos trámites correspondientes a la reserva ecológica. La administración encabezada por Raymundo Chagoya Villanueva argumentó que la decisión permitiría avanzar en la regularización de 44 colonias, calles y parajes ubicados dentro del polígono.

Sin embargo, para organizaciones ambientalistas, la decisión representa un riesgo significativo. Temen que la regularización de asentamientos existentes se convierta en permisos ante solicitudes de nuevos desarrollos inmobiliarios.

Ecocidio o regularización: la alerta de los ambientalistas

La decisión del Cabildo de Oaxaca de Juárez de retirar las restricciones que desde 2021 impedían diversos trámites en la reserva ecológica alertó a las organizaciones ambientalistas de la entidad.

Integrantes del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) advirtieron que la medida liberaría un proceso de urbanización que arriesgaría no sólo los parques estatales El Fortín y El Crestón, sino también cauces de ríos y arroyos, terrenos de propiedad pública y áreas consideradas estratégicas para la conservación ambiental de la capital.

En un posicionamiento público, las organizaciones revelaron que la cordillera norte de Oaxaca correspondientes a 60 mil hectáreas constituye uno de los principales sistemas de captación de agua, regulación climática y conservación ecológica de los Valles Centrales; por lo que consideran inviable impulsar mayor desarrollo urbano en la zona.

Los integrantes de OCCAMA calificaron como “sospechoso” el proceso con el que fue aprobada la derogación de las restricciones y advirtieron que la medida podría responder a intereses inmobiliarios que durante años han buscado flexibilizar las limitaciones ambientales existentes en los cerros que rodean la ciudad.

Para las organizaciones denunciantes, el riesgo no se limita a la pérdida de áreas verdes, también alertan sobre un posible proceso de gentrificación en las zonas altas de Oaxaca, donde el incremento del valor catastral y los proyectos residenciales podrían desplazar gradualmente el interés público por la conservación ambiental en favor de la especulación inmobiliaria.

Por ello exigieron transparencia en las decisiones, diálogo abierto con la sociedad y la creación de mecanismos que permitan proteger tanto los derechos de los habitantes como el patrimonio ambiental de la ciudad. Asimismo, propusieron la creación de un fondo metropolitano para financiar la conservación de la cordillera y fortalecer esquemas de pago por servicios ambientales que garanticen la protección de uno de los últimos grandes corredores ecológicos que rodean a Oaxaca de Juárez.

Siete mil habitantes y una reserva en disputa

El municipio de Oaxaca de Juárez informó que alrededor de siete mil personas distribuidas en 67 colonias viven en la zona de reserva ecológica. Muchas viven en áreas completamente urbanizadas; otras permanecen sin servicios básicos y sin documentos definitivos de propiedad. La cifra revela la magnitud del conflicto.

No se trata de unos cuantos asentamientos aislados, sino de una la población equivalente a varias agencias municipales completas que viven en una zona que legalmente debería permanecer protegida.

Comuneros del Ejido Guadalupe Victoria y de la agencia Pueblo Nuevo han manifestado, en diversas ocasiones, su inconformidad con el decreto de protección ambiental, con el que argumentan afectaciones a sus derechos sobre la tierra. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas insisten en que flexibilizar las restricciones podría acelerar la pérdida de uno de los principales pulmones naturales de la ciudad.

De las invasiones populares a las residencias de lujo

Durante años, el discurso público sobre la ocupación de la reserva ecológica se centró en las invasiones realizadas por familias de escasos recursos. Sin embargo, el crecimiento urbano transformó gradualmente el perfil de quienes ocupan estos territorios.

Hoy, una parte considerable de la presión sobre la reserva proviene de desarrollos residenciales de alto valor económico y de viviendas construidas en algunos de los puntos más privilegiados de la ciudad.

En las laderas del Crestón y en las inmediaciones del Ejido Guadalupe Victoria es posible observar residencias de grandes dimensiones que aprovechan vistas panorámicas hacia Oaxaca de Juárez, San Felipe del Agua y los Valles Centrales.

Algunas se encuentran rodeadas por vegetación y ubicadas en zonas que originalmente debían permanecer libres de asentamientos humanos. Uno de los ejemplos más visibles está cercano a las antenas de la parte alta del Cerro del Crestón, donde una residencia se levanta a escasos metros de instalaciones de telecomunicaciones sobre un área que durante décadas fue considerada perteneciente al entorno natural protegido.

Mientras miles de habitantes luchan por regularizar terrenos y obtener servicios básicos, una nueva urbanización de alto nivel económico avanza entre senderos, bosques y áreas de conservación.

“Ahora existe una gran cantidad de mansiones, más que árboles”, recuerda uno de los visitantes que conoció el cerro hace más de medio siglo. La frase resume una realidad incómoda. La reserva ecológica ya no sólo enfrenta presión por la necesidad de vivienda. También enfrenta el avance del capital inmobiliario.

El Parque Nacional Benito Juárez: la próxima frontera

A pocos kilómetros del Crestón se encuentra otro de los espacios naturales más importantes de Oaxaca: el Parque Nacional Benito Juárez. Creado mediante decreto federal en 1937, posee una extensión aproximada de dos mil 737 hectáreas y constituye una de las principales áreas de conservación ecológica de los Valles Centrales.

El parque se extiende sobre parte de la serranía de San Felipe y abarca territorios que van desde San Pablo Etla hasta Tlalixtac de Cabrera. Su importancia radica en la conservación de bosques, la captación de agua y la protección de biodiversidad que abastece a gran parte de la zona metropolitana.

Sin embargo, especialistas reportan que la presión inmobiliaria observada en el Crestón podría repetirse en esta zona. Las construcciones avanzan cada vez más cerca de los límites del parque. La historia se repite nuevamente: primero los caminos, después las lotificaciones, más tarde las viviendas; finalmente, las urbanizaciones.

¿Cuánto queda por salvar?

Por más de treinta años, Oaxaca discutió dónde terminaba la ciudad y dónde comenzaba la reserva ecológica. Mientras autoridades, comuneros, ambientalistas e inmobiliarias debatían el futuro del territorio, las construcciones avanzaron cerro arriba. Primero llegaron los asentamientos populares; después aparecieron las calles, más tarde los servicios públicos; finalmente, llegaron las mansiones y los desarrollos inmobiliarios.

Hoy, miles de familias reclaman certeza jurídica. Los ambientalistas exigen proteger lo que aún permanece en pie. Los desarrolladores observan terrenos cuyo valor se incrementa anualmente. Y las autoridades intentan resolver un problema que creció durante décadas.

La disputa por los cerros del Crestón, Fortín y Cruz Blanca ya no es únicamente un conflicto ambiental; es también una historia sobre el fracaso de la planeación urbana, la ausencia de vigilancia gubernamental y el poder de los intereses económicos para transformar un territorio que, según la ley, debía permanecer protegido.

Desde las alturas del Crestón todavía es posible contemplar la fronda de los cerros; la incógnita es por cuánto tiempo más.