La esperanza de adquirir una casa propia, símbolo de estabilidad y progreso durante décadas, hoy se desvanece para millones de mexicanos. En especial para los jóvenes, que ven cada vez más lejana la posibilidad de adquirir una vivienda debido al elevado costo y a un déficit de casas-habitación no atendido por el gobierno; además, quienes rentan, padecen el incremento en los precios y el riesgo de ser desalojados; mientras que algunos propietarios enfrentan la amenaza de perder su patrimonio por el despojo.

La falta de vivienda para los trabajadores representa una crisis de alcance nacional. En distintas entidades, el aumento en el precio de los inmuebles ha reducido las posibilidades de acceso para amplios sectores de la población, mientras la construcción de nuevos espacios habitacionales no responde a las necesidades de quienes buscan un hogar asequible.

Entrevistado por buzos, Javier Alamilla, especialista inmobiliario, explicó que el principal factor del encarecimiento de las casas-habitación en México es la falta de producción de viviendas y la demanda.

El especialista explicó que esta relación entre disponibilidad y demanda debe analizarse con cuidado, pues el mercado presenta una marcada desigualdad: mientras algunos sectores concentran interés y crecimiento urbano, otros enfrentan falta de proyectos dirigidos a la población que requiere opciones más accesibles.

“Tenemos, por un lado, una gran demanda de vivienda en ciertas zonas con una gran oferta y crecimiento urbano; pero que no es congruente con los costos que puede absorber esa población; y por otro lado, tenemos gran falta de construcción y desarrollo de vivienda social en zonas donde definitivamente hay déficit habitacional”, reveló.

Esta situación se refleja en los datos nacionales. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estiman que México enfrenta un rezago habitacional superior a 8.5 millones de viviendas. Cerca de 80 por ciento corresponde a un déficit cualitativo, es decir, hogares con problemas relacionados con materiales precarios, hacinamiento o falta de servicios básicos.

Los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registran más de cinco millones de viviendas deshabitadas o de uso temporal. Sin embargo, Alamilla advirtió que la existencia de inmuebles disponibles no necesariamente significa que sean accesibles para quienes necesitan un hogar.

“No se trata sólo de construir por construir, sino de resolver dónde, para quién y a qué costo se genera la oferta. El desafío central de la política urbana y del sector inmobiliario radica en cerrar la brecha entre la disponibilidad física y la verdadera accesibilidad financiera y social”, explicó.

El estratega inmobiliario añadió que el aumento en los precios también está relacionado con la diferencia entre el valor de los inmuebles y la capacidad económica de la población. De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda, en los últimos años, los precios han registrado incrementos anuales entre ocho y 11 por ciento, mientras que el ingreso promedio no ha crecido al mismo ritmo.

Esta brecha, puntualizó, limita el acceso al crédito hipotecario tradicional para una parte considerable de la Población Económicamente Activa (PEA) y ha obligado a miles de familias a permanecer en el mercado de los alquileres. “Al final, no conozco a nadie que no quiera tener un patrimonio; pero conozco a mucha gente que hoy no tiene las condiciones para obtenerlo”, alertó.

Las presiones sobre los mercados inmobiliarios también dependen de las características particulares de cada ciudad. Factores como la geografía, las restricciones territoriales, la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo y la expansión de actividades industriales han modificado la dinámica de distintas regiones, subrayó el especialista.

“Te puedo decir que hay ciudades como Tijuana o Guadalajara que enfrentan barreras geográficas o regulatorias que limitan la expansión territorial y encarecen drásticamente el valor de la tierra, obligando a la densificación vertical”, destacó.

Si en ciudades como Tijuana, Los Cabos y Mérida se han experimentado fenómenos similares a los observados en algunas zonas de la capital, debido a la llegada de compradores extranjeros y trabajadores bajo esquemas laborales remotos con mayores ingresos en moneda extranjera, esto repercute directamente en las familias de menores ingresos y las deja casi imposibilitadas para comprar una vivienda.

Ante este panorama, Alamilla subrayó que el reto no consiste solamente en construir más inmuebles, sino en generar una oferta que responda a las necesidades y posibilidades económicas de la población. “No se trata únicamente de construir por construir, sino de resolver dónde, para quién y a qué costo se genera la oferta.

“Estamos a tiempo de hacer los ajustes necesarios desde nuestras trincheras para desarrollar un mejor producto: uno que escuche, que cumpla con las verdaderas necesidades de la sociedad y de la comunidad, que integre, aporte, genere economía y del que todos estemos orgullosos”, insistió.

Crisis de vivienda en la capital

En la Ciudad de México, esa crisis resulta especialmente visible: su condición de principal centro económico del país atrae anualmente a miles de personas; pero la oferta de vivienda no ha crecido al mismo ritmo. Como resultado, las rentas y el precio de los inmuebles mantienen una tendencia al alza que dificulta el acceso a un hogar para amplios sectores de la población.

De acuerdo con la firma especializada Accumin Intelligence, las rentas aumentaron hasta 20 por ciento y alcanzó un promedio de 24 mil pesos mensuales. En corredores de alta demanda y con amplia infraestructura, como Polanco, Roma y Condesa, el alquiler puede superar los 100 mil pesos mensuales.

La gestora inmobiliaria atribuyó este comportamiento al creciente interés de inversionistas que adquieren inmuebles para destinarlos al arrendamiento tradicional o a plataformas de hospedaje como Airbnb, así como a una menor construcción de nuevos desarrollos y la escasez de espacios disponibles.

En el mercado de compraventa, el valor promedio de las viviendas llegó a 78 mil 400 pesos por metro cuadrado, por lo que una propiedad en zonas residenciales puede superar fácilmente los seis millones de pesos (mdp).

Además, la capital apenas dispone de un inventario de 18 mil 800 inmuebles, por debajo de lo considerado saludable para el sector, con una oferta todavía más limitada en alcaldías como Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Los datos del mercado coinciden con la percepción de los especialistas. Para Javier Alamilla, estratega inmobiliario, el encarecimiento de la vivienda también responde a un cambio en la demanda. Explicó que, además de la llegada de extranjeros a colonias como Roma, Condesa y Polanco, cada vez más jóvenes buscan mudarse a zonas cercanas a sus centros de trabajo para reducir tiempos de traslado y mejorar su calidad de vida.

Ese escenario ha llevado a muchos a posponer la idea de independizarse. A sus 25 años, Jany Contreras aún vive en casa de sus abuelos en la colonia Anáhuac. Aunque ha pensado en rentar un departamento o comprar una vivienda, asegura que el costo de los inmuebles y la incertidumbre laboral han frenado sus planes.

“Sí, lo he pensado, pero, hoy en día, es muy complicado. Solamente por vivir cerca de Polanco, las rentas ya están de 14 mil pesos para arriba. Ya ni siquiera hay vecindades con los precios de antes”, relató a este semanario.

Contreras sostuvo que la falta de estabilidad en el empleo agrava el problema. “Antes el trabajo duraba más; ahora es muy difícil encontrar uno estable; y realmente siento que es sobrevivir”, lamentó.

También consideró que las autoridades deberían fortalecer las oportunidades laborales y atender el incremento de los precios en las zonas de mayor demanda. “Ha estado ese problema de la gentrificación; porque al aumentar la afluencia de extranjeros ha provocado un aumento en el alquiler de las viviendas y esto no los afecta sólo a ellos, sino también a los locales”, denunció.

Barrios bajo presión 

Mientras algunos jóvenes aplazan indefinidamente la posibilidad de independizarse, otras familias que durante décadas lograron permanecer en sus barrios, ahora enfrentan una presión distinta: el incremento en las rentas y la transformación de sus colonias.

Para Edith Cejudo, habitante de la colonia Guerrero desde hace 54 años, uno de los principales cambios que ha experimentado la zona consiste precisamente en el crecimiento de la población y la construcción de nuevos edificios. Cuando era niña, recuerda, las calles eran tranquilas y los vecinos se conocían entre sí.

Con el paso de los años, narró, la colonia se ha sobrepoblado. Cejudo considera que la ubicación, más que las características de la zona, ha impulsado el aumento del valor de los inmuebles.

Actualmente, precisó, un departamento con una recámara puede alcanzar los 10 mil pesos mensuales, mientras que las propiedades en venta se ofrecen entre dos y cuatro mdp. “Tal vez no por la belleza de la colonia, sino porque de aquí nos trasladamos fácilmente a los trabajos”, reportó.

Aunque considera que la colonia Guerrero todavía es accesible frente a otras zonas de la capital, también observa una fuerte presión sobre la oferta. Asegura que cuando se anuncia un departamento o un local en renta, rápidamente aparecen varias personas interesadas.

El encarecimiento de la vivienda ha complicado la independencia de quienes comienzan su vida laboral. Como ejemplo, Cejudo estimó que para una persona con ingresos cercanos a los 10 mil pesos mensuales resulta difícil encontrar una vivienda económica sin destinar una proporción elevada de su salario.

En la Guerrero, explicó, las alternativas para quienes cuentan con presupuestos reducidos pueden limitarse a cuartos pequeños o espacios en azoteas, mientras que otras opciones consisten en habitaciones amuebladas con baño y cocina compartidos.

“En esta colonia encuentras, tal vez, un cuarto de azotea donde cabe tu cama. Tienes un bañito y es todo lo que puedes encontrar”, relató.

Ante los precios ha observado que algunos jóvenes recurren a compartir vivienda con otras personas para dividir los gastos y mantenerse cerca de sus centros de estudio o trabajo. Otros dependen del apoyo económico de sus familias mientras consiguen mejores ingresos.

Estos cambios también han modificado la convivencia en la Guerrero. Cejudo recuerda que, anteriormente, era común que los vecinos se conocieran y mantuvieran una relación cercana; mientras que ahora, la llegada de más habitantes y la construcción de nuevos edificios han complicado la convivencia.

“Antes, los vecinos se conocían. Decías: ‘Ah, pues mi vecino tal, el vecino de a lado’. A éste, lo saludabas. Y ahorita hay gente que incluso puede vivir en el edificio de a lado y no la conoces, de tanta gente que hay”, reveló.

Para Cejudo, las alternativas existentes para atender el problema habitacional tampoco han sido suficientes. Considera que los programas de apoyo enfrentan dificultades por los requisitos y la falta de recursos, mientras que la oferta disponible no alcanza para cubrir la demanda.

Por ello, plantea aprovechar inmuebles abandonados o intestados para destinarlos a vivienda accesible, particularmente para jóvenes que comienzan su vida laboral. También informó sobre edificios que permanecen vacíos pese a encontrarse en zonas céntricas de la ciudad.

“Hay muchísimos inmuebles que el gobierno podría ocupar, tomarlos, construir y darlos, tal vez, a esos jóvenes que van iniciando”, propuso.

La amenaza del despojo

El acceso a la vivienda y el incremento de las rentas representan solamente una parte del problema. Para quienes lograron adquirir un inmueble, otra amenaza ha cobrado fuerza en la capital: los despojos, delito que afecta tanto a propietarios como a personas que ocupan legalmente una vivienda mediante un contrato de arrendamiento o comodato.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, tan solo en el primer semestre de 2026, este delito aumentó 3.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, pues pasó a mil 966 casos. En lo que va del año se han iniciado más de 25 mil carpetas de investigación por despojo; sin embargo, únicamente 463 derivaron en detenciones, una proporción inferior al dos por ciento.

Para Eduardo Lima Gómez, especialista en derecho penal y fiscal, el marco jurídico sí protege la posesión de un inmueble, ya sea de propietarios o de personas que lo ocupan legalmente mediante un contrato de arrendamiento o comodato. Explicó que el delito de despojo se configura cuando un tercero priva de esa posesión con violencia, engaños o de manera furtiva.

No obstante, advirtió que una de las principales dificultades surge cuando las víctimas no cuentan con documentos que acrediten la posesión del inmueble, como escrituras o contratos de arrendamiento, lo que dificulta la defensa de sus derechos ante el Ministerio Público o el juez. “Si no tenemos documentos, será difícil que nos podamos defender”, advirtió.

A ello se suma, precisó, la lentitud con la que suelen desarrollarse las investigaciones. A su juicio, más que un vacío en la ley, el problema radica en los procedimientos, pues actualmente no existen protocolos de actuación inmediata que obliguen a las autoridades a investigar con rapidez este tipo de casos. “Debemos darle la importancia que tiene este delito en la actualidad y favorecer la actuación más rápida de las fiscalías”, sentenció.

Lima Gómez explicó que el tiempo está a favor de quienes cometen el despojo. Mientras las investigaciones avanzan, los responsables pueden presentar documentos falsificados, simular contratos de compraventa o arrendamiento e incluso ceder el inmueble a terceros, lo que complica más la recuperación del patrimonio.

Aunque reconoció que, en los últimos años, se han endurecido las penas para este delito, consideró que aumentar los años de prisión no resolverá el problema por sí mismo. “No solamente se debe limitar a subir las penas, sino preguntarnos qué podemos hacer mejor dentro de los procedimientos”, aseveró.

De esta manera, el aumento de los precios, la oferta accesible insuficiente y los riesgos que enfrentan los propietarios muestran que garantizar el acceso a un hogar requiere algo más que construir nuevos inmuebles: implica generar espacios acordes con la capacidad económica de la población y fortalecer las condiciones que permitan conservarlos. Si no se reduce tal brecha para millones de mexicanos, la posibilidad de poseer una vivienda propia se alejará cada vez más, mientras el mercado se vuelve también más inaccesible.