El acuerdo federal prevé multas, decomisos y posibles sanciones penales por incumplimiento.
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Más de 14 mil personas han firmado una petición ciudadana para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue la autorización ambiental al proyecto El Saltito Segunda Etapa, un desarrollo turístico e inmobiliario que contempla la deforestación de 109.6 hectáreas de vegetación nativa en El Saltito, al noreste de La Paz, Baja California Sur.
La solicitud, promovida por el colectivo Contener La Paz y habitantes de la zona, advierte que el proyecto implicaría la eliminación de más de 110 mil plantas, incluidas 17 mil 400 cardones, alrededor de 31 mil 800 cactáceas y 880 biznagas catalogadas como especie amenazada por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.
El proyecto, identificado con la bitácora 03/DS-0011/03/26, solicita el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para desarrollar 559 lotes residenciales, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, un club ecuestre, clubes de playa y dos plantas desaladoras.
El Saltito es una franja costera reconocida por su riqueza ambiental. En la zona convergen ecosistemas de matorral sarcocaule y selva baja caducifolia, hábitat de especies protegidas como el cardón, la biznaga, el palo fierro y la iguana de cola espinosa.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, los 17 mil 400 cardones que serían afectados representan una de las principales preocupaciones, ya que esta especie crece apenas unos centímetros por año y algunos ejemplares superan los 200 años de edad.
Además, el propio estudio técnico presentado por la empresa reconoce que la densidad de biznagas dentro del predio es aproximadamente el doble de la registrada en áreas cercanas. Asimismo, identifica la presencia de dos especies de lagartijas sujetas a protección.
Ambientalistas cuestionan estudio de impacto
El colectivo Contener La Paz sostiene que la Manifestación de Impacto Ambiental minimiza las afectaciones al comparar las 110 hectáreas que serían desmontadas con una región de dimensiones mucho mayores, lo que reduce artificialmente el impacto porcentual del proyecto.
Según los activistas, dentro del polígono de construcción desaparecería más del 95 por ciento de la cobertura vegetal en una zona considerada con un estado de conservación de medio a alto.
Como medida de compensación, la empresa plantea reforestar 30 hectáreas y dispersar material vegetal en otras cinco, además de rescatar y reubicar diversas cactáceas. Sin embargo, las organizaciones señalan que el proyecto no presenta información sobre la tasa de supervivencia de las plantas reubicadas.
"Lo que tardó miles de años en formarse no puede trasladarse a otro sitio como si fuera una maceta", argumenta el colectivo, que recuerda que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales debe autorizarse únicamente de manera excepcional y siempre que se garantice la conservación de la biodiversidad.
Exigen evaluación integral del proyecto
Los promoventes solicitaron a la Semarnat negar la autorización ambiental y pidieron que el Consejo Estatal Forestal de Baja California Sur y el Comité Técnico Consultivo Estatal de Uso del Suelo (COTECUS) emitan dictámenes técnicos desfavorables.
Asimismo, demandan que el desarrollo sea evaluado en su totalidad y no por etapas, al considerar que fragmentar el análisis podría ocultar el impacto ambiental acumulado del megaproyecto.
Mientras la autoridad ambiental mantiene en análisis la solicitud de cambio de uso de suelo, la campaña ciudadana para impedir el desmonte continúa sumando adhesiones.
El acuerdo federal prevé multas, decomisos y posibles sanciones penales por incumplimiento.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera