Hace unos días, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); con ésta, el Estado deberá garantizar efectivamente el derecho constitucional a un medio ambiente sano para los mexicanos. Sin embargo, el contenido de la propuesta choca con los intereses de las corporaciones nacionales y extranjeras, las mayores depredadoras del medio ambiente son las compañías y empresas privadas, pero este problema no se prevé en la iniciativa.

El 26 de agosto, durante la conferencia matutina de la Presidenta, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó la propuesta del Ejecutivo sobre la nueva LGEEPA para “garantizar el derecho social a un medio ambiente sano. “¡Estamos aquí, en un día que será histórico!”, sentenció.

La iniciativa fue presentada el 19 de agosto a la Comisión Permanente del Congreso y recibida por su titular, Laura Itzel Castillo; y al cierre de esta edición, su trámite legislativo se encontraba pendiente. Sin embargo, la mayoría de Morena y sus partidos aliados se impondrá, como lo han hecho con otras leyes; por lo tanto, su aprobación es casi segura.

La ley que se intenta sustituir data de 1988 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de ese año. Según Bárcena, la ley aún vigente “no contemplaba el medio ambiente de manera integral y la ecología, sino que se iba mucho por la rentabilidad inmediata y desconocía el bienestar de las comunidades y la protección del patrimonio natural”, refirió en conferencia.

“Evaluación Ambiental Estratégica”

Alicia Bárcena propone sustituir el marco legal vigente con el argumento de que “el planeta está enfrentando nuevos desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y las costas”, problemas que se han agravado durante las últimas décadas.

En esto, tiene razón: un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que “la temperatura del planeta superará su límite de 1.5 ºC” por encima de los niveles preindustriales y rebasa el umbral establecido en el Acuerdo de París de 2015.

La propuesta incorpora conceptos ausentes en la legislación anterior, entre ellos la “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”, un instrumento preventivo que complementa la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); ésta prevé los posibles daños de un proyecto específico, mientras que la nueva EAE ‒según el documento‒ permite evaluar planes completos y considera los efectos acumulados de varios proyectos sobre un territorio.

Esto podría impedir que un megaproyecto sea dividido artificialmente en pequeños proyectos y evaluado parcialmente. También contempla la participación de los actores relevantes, incluidos los ciudadanos, desde las primeras etapas de planeación. Así, la Semarnat tendría facultades para evaluar políticas públicas y megaproyectos y anticipar los daños potenciales sobre determinadas regiones.

Biodiversidad amenazada

La herramienta resulta pertinente ante proyectos que amenazan la biodiversidad, como el de Playas Las Cocinas, en Nayarit, denunciado por la periodista Susana Carreño durante la presentación de la iniciativa; la tubería que pretende conectarse desde Chihuahua con el gasoducto Saguaro Connector, cuya construcción, según expertos, implicaría la destrucción de mil 979 hectáreas de superficie forestal; la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente, en la Bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa; y el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir una planta de gas fósil y diésel en Los Cabos, denunciado por el colectivo BCSicletos, entre otros de igual o mayor impacto.

Además, según la iniciativa, la EAE daría mayor participación a pueblos originarios y comunidades, lo que podría prevenir y disminuir conflictos con los gobiernos estatales y el Federal, porque la inconformidad de comunidades ante grandes proyectos se ha manifestado, incluso en eventos de la Presidenta, como el ocurrido el pasado 1° de septiembre durante el Segundo Informe de Gobierno realizado en la Unidad Deportiva “Morelos”, donde llamó “irrespetuosos” a los manifestantes que rechazaban el megaproyecto Nuevo Puerto de Manzanillo por considerarlo una amenaza para la biodiversidad de la laguna de Cuyutlán. Los inconformes expresaron su rechazo con las consignas “laguna sí, puerto no” y “contaminar no es bienestar”.

Sobre la participación ciudadana, la propuesta parte de la premisa de que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, por lo que coloca en el centro la protección jurídica a las personas, las comunidades vulnerables y la naturaleza; esto parece relevante si se considera que, entre 2018 y 2025, decenas de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio fueron asesinadas en México.

Agresiones contra ambientalistas 

Según los datos documentados durante doce años por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), “el Estado mexicano, en sus distintos órdenes de gobierno, es el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente”. En 2024, Cemda registró al Estado como principal agente agresor en 62 de 94 eventos documentados, equivalentes al 65.9 por ciento.

En 2025, el organismo registró 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas defensoras de derechos humanos, ambientales y de territorio, frente a 94 eventos y 236 agresiones durante el año anterior. También registró 10 víctimas de homicidio, “asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado”. El propio organismo sugiere que “exista un subregistro en el número de homicidios”.

Otro punto contemplado en el proyecto deriva de la participación de las comunidades originarias en las decisiones relacionadas con el ordenamiento ecológico y sus territorios, y plantea garantizar el acceso a la información y la justicia ambiental bajo los principios del Acuerdo de Escazú ‒acuerdo para proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Aunque, según especialistas, una mayor presencia estatal no garantiza por sí misma el ejercicio de los derechos.

Finalmente, la iniciativa plantea consolidar la “economía circular” como un eje transversal; contemplada ya en la Ley General de Economía Circular aprobada y publicada en enero de este año, tiene el objetivo de aprovechar, reutilizar y reciclar las mercancías, además de establecer obligaciones de remediación y reparación para quienes dañen el ambiente. Sin embargo, una vez aprobada la iniciativa, resultará indispensable revisar bajo qué mecanismos concretos permitirán convertir estas disposiciones en obligaciones.

“Esta nueva ley tiene varios aciertos que, de aplicarse, podrían cumplir una función histórica, como el gobierno mismo asegura; sin embargo, tiene demasiadas lagunas o vacíos que, a mi parecer no permitirán que esta ley sea realmente la salida a los problemas ambientales de México”, refirió en entrevista para buzos, la ingeniera agrónoma de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Rubí Sánchez Espinosa.

Capitalismo, el mayor depredador del medio ambiente

La propuesta no parece dimensionar el enorme reto de la gran industria energética mundial. De acuerdo con el informe Perspectiva de los Recursos Globales 2024, durante los últimos 50 años, el uso de biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales no metálicos se triplicó, con un crecimiento promedio anual de 2.3 por ciento. Si no se toman medidas urgentes, la extracción aumentará en 60 por ciento para 2060.

En 1970 se extraían alrededor de 30 mil millones de toneladas de estos materiales; en 2024 fueron 106.6 mil millones y para 2060 la cifra podría ser de 160 mil millones. Los combustibles fósiles ‒carbón, petróleo y gas‒ son los principales responsables del cambio climático: representan más del 75 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y casi 90 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono.

La extracción y el procesamiento de recursos generan más de 55 por ciento de las emisiones de GEI y, al incluir el cambio de uso de suelo, la cifra supera 60 por ciento. La biomasa, relacionada con los cultivos agrícolas y la silvicultura, provoca 90 por ciento de la pérdida de biodiversidad asociada con el uso del suelo y el estrés hídrico.

Los combustibles fósiles son utilizados principalmente para generar electricidad y calor, pero también sostienen el transporte, la industria pesada y la manufactura. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), 90 por ciento del transporte mundial funciona con derivados del petróleo. A ello se suma la extracción de “tierras raras”, un grupo de 17 minerales fundamentales para la tecnología moderna utilizados en armamento, satélites, láseres, radares, fibra óptica, computadoras, teléfonos inteligentes y pantallas.

Evidentemente, los principales beneficiarios de la extracción de estos recursos no son todos los seres humanos, sino las grandes empresas y monopolios. Estados Unidos (EE. UU.) conserva la mayor marca como productor de combustibles fósiles, con una producción estimada de 18 a 22 millones de barriles diarios, equivalente a casi 22 por ciento del total mundial. También es el mayor consumidor de petróleo, con alrededor de 20 por ciento, según la Administración de Información Energética estadounidense.

El informe Perspectiva de los Recursos Globales 2024, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, revela que, mediante el comercio internacional, los países de ingresos altos desplazan sus impactos ambientales hacia otras naciones, mientras que su huella material promedio permanece relativamente constante desde el año 2000. Los países más ricos utilizan seis veces más materiales y son responsables de diez veces más impactos climáticos promedio que los países de ingresos bajos.

“El papel desempeñado por EE. UU. es, por tanto, en detrimento del ambiente, puesto que es el principal productor de gases de efecto invernadero; es el que más desarrollo industrial presenta y al necesitar recursos naturales para la industria, es el que más saquea los recursos naturales y quien menos apoya a subsanarlos”, denunció la agrónoma Rubí Sánchez Espinosa.

Las guerras y la depredación ambiental

De acuerdo con el documento El Impacto de la Guerra en el Medio Ambiente: Informe de Análisis Estratégico, publicado por la Revista Europea de Ecología, Biología y Agricultura, durante la intervención armada de EE. UU. en Irak y el Líbano, la destrucción de infraestructura hídrica y sistemas de saneamiento degradó severamente la calidad del agua.

En la guerra de Ucrania, los daños ambientales se estiman en 56 mil 400 millones de dólares (mdd), incluidos contaminación química, afectaciones por minas y la destrucción de la presa de Nova Kakhovka. En Yemen, se han agravado la escasez de agua y la hambruna. Asimismo, diversos medios informaron que, el pasado cinco de agosto, Israel desarrollaba una campaña de incendios provocados en el sur del Líbano.

EE. UU. y la guerra representan un modelo económico que prioriza las ganancias sobre el bienestar social. Un artículo de la activista ambiental colombiana Janet Gómez, publicado por Greenpeace, sostiene que “solucionar los problemas ambientales en México implica cambios en el modelo de producción y consumo”.

Frente a este reto, el gobierno propone “una economía circular” basada en el reciclaje y la reutilización de materias primas y mercancías; pero tal propuesta enfrenta las contradicciones de la realidad productiva internacional por sí sola.

“La economía circular es un modelo económico implementado para aprovechar los recursos existentes al máximo mediante la reutilización, reparación, renovación y reciclaje para extender la vida útil de los productos; sin embargo, ya leyendo profundamente la ley, nos percatamos de que sólo son objetivos; y que aún no se aclara cómo aplicarlos o cómo hacer que se cumplan”, lamentó Sánchez Espinosa.

México y sus recursos 

México mantiene una fuerte dependencia económica de EE. UU. Un análisis del centro de investigación energética internacional Ember, señala que entre 2000 y 2024, México importó 22 veces más gas estadounidense, pasando de 287.9 millones a seis mil 425 millones de pies cúbicos diarios. El sector eléctrico (CFE) y la industria petrolera (Pemex) son los principales consumidores.

Aunado a ello, aproximadamente 74 por ciento de la demanda total de gas en México se cubre mediante importaciones; y EE. UU. es el proveedor de casi la totalidad de ese combustible, lo que sitúa al país en una posición vulnerable ante restricciones geopolíticas, climáticas o mercantiles.

Ante este problema, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso la “soberanía energética”, medida que se quedó únicamente en el discurso, pues en los hechos no ocurrió así; y las “acciones” han presentado elevados daños ambientales para México.

Un ejemplo es la Refinería Olmeca ‒proyecto que alcanzó los 21 mil mdd, con un sobrecosto del doble de lo programado inicialmente‒; ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, inaugurada en 2020 por AMLO y que opera desde 2024, la meta consistía en procesar 319 mil 600 barriles diarios; pero durante su primer año procesó 23 mil 400, apenas 7.3 por ciento de lo previsto.

De acuerdo con el documento oficial sobre Pemex presentado a la Cámara de Diputados, entre sus problemas, se encuentran arranques continuos de plantas, fallas en servicios principales, paros no programados y dificultades derivadas del contenido de agua y sal del crudo. En febrero de 2026 ocurrió un incendio, cuyo impacto ambiental aún no se difunde.

Entre febrero y marzo, organizaciones ambientales como el Cemda advirtieron sobre un derrame de combustible iniciado cerca de la plataforma petrolera Abkatún Pol-Chuc, en el complejo Cantarell. El hecho no fue anunciado inicialmente por las autoridades, sino difundido por los medios de comunicación.

El gobierno atribuyó inicialmente el desastre a un barco y a chapopoteras naturales. No fue sino hasta el 16 de abril de 2026 cuando confirmó una fuga en un oleoducto submarino de 36 pulgadas relacionado con infraestructura de Pemex, riesgo del que habitantes de la zona habían avisado oportunamente.

A finales de marzo, El País documentó una afectación de 600 kilómetros de costa en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con daños potenciales para peces, crustáceos, tortugas, aves, mamíferos marinos, manglares, arrecifes, lagunas costeras y esteros. El problema consiste en que los hidrocarburos permanecerían durante largos periodos en sedimentos y ecosistemas.

Y lo último: Sheinbaum Pardo ha planteado el fracking como posible alternativa para reducir la dependencia energética. El martes 1° de septiembre, Greenpeace señaló que esto representaría un retroceso y un grave peligro para los ecosistemas.

“Aunado a ello, la reciente posibilidad de abrir las puertas a la explotación de gas fósil desde la técnica del fracking no convencional, bajo el argumento del ‘fracking sustentable’, manteniendo así la dependencia al modelo energético basado en combustibles fósiles pese a los múltiples accidentes ‒que deberían denominarse ‛siniestrosʼ‒ vinculados a esta industria que todavía contamina y arriesga a las comunidades, como el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero”, comunicó la asociación internacional.

Pese a estos accidentes, el gobierno sustenta su estrategia ecológica en la educación ambiental para el nivel básico, aunque no prioriza en el financiamiento para el desarrollo profesional y científico ni el desarrollo productivo del campo.

“Considero que es momento de que busquemos la educación del pueblo mexicano, en este caso, en la protección del medio ambiente, porque necesitamos entender con urgencia que estas leyes de nada sirven en papel; que necesitamos actuar en consecuencia, cuidar y preservar la naturaleza y con ella la vida humana”, subrayó Rubí Sánchez.

En torno a la implementación de la EAE y el Acuerdo de Escazú, la población debe exigir su cumplimiento, respetando a los pueblos originarios; a las comunidades corresponde financiar, avalar y defender su lucha por el medio ambiente ante los tribunales y órganos de gobierno, mientras que la Semarnat, mediante la EAE, debe aplicar la ley sobre las empresas que pretendan negociar con los recursos naturales. Para ello, la población debe conocer la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y exigir su cumplimiento, exhortó la agrónoma de la UACh.

“Es correcto querer implementar esta política; sin embargo es urgente que los mexicanos la conozcan, la entiendan y sepan aplicarla; de lo contrario, desde una oficina, ningún organismo rector podrá implementarla: debe ejecutarse por la población en su conjunto para que sea efectiva […] pero eso implica ser decididos, firmes y fuertes, porque lucharemos contra la clase rica”, concluyó.

Es tiempo de que los mexicanos asimilemos las palabras de Carlos Marx en el Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas: “Los obreros (léase, el pueblo mexicano) deberán llevar al extremo las propuestas de los demócratas (Morena) que, como es natural, no actuarán como revolucionarios, sino como simples reformistas”. En algo estamos de acuerdo con las palabras de Alicia Bárcena: “Se trata de hablar de un tema que nos concierne absolutamente a todos los mexicanos, porque es nuestra casa común y, sobre todo, venimos a hablar de la vida y del futuro”.