Durante la segunda edición del evento denominado Pro Agro Innovación 2026, que reunió a más de 150 empresas expositoras y contempló la participación de representantes de más de 10 países, el gobierno estatal de Yucatán promovió la incorporación de tecnología y nuevas oportunidades de inversión para el sector agroindustrial, con la presencia de compañías israelíes; sin embargo, la participación de estas empresas generó cuestionamientos en redes sociales sobre los intereses detrás de su incursión en el manejo de los recursos hídricos y los posibles riesgos para el control del agua en la entidad.

El encuentro se realizó del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI e incluyó exhibiciones de maquinaria, insumos, tecnología y financiamiento, además de reuniones comerciales entre productores, inversionistas y compañías.

De acuerdo con el comunicado oficial, el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, señaló que el objetivo era ampliar las oportunidades de los productores mediante el acceso a tecnología, financiamiento y mercados nacionales e internacionales. El funcionario también estimó que las transacciones promedio podrían alcanzar los 30 mil dólares por empresa participante.

El documento gubernamental mencionó alianzas con Israel Trade&Investment y otras organizaciones para impulsar el intercambio de conocimientos y las oportunidades de inversión.

Usuarios temen control de recursos naturales

Mientras el gobierno de Yucatán promueve la incorporación de tecnología israelí para el manejo del agua, incluidos sistemas de válvulas hidráulicas y control de fluidos ofrecidos por seis empresas del sector, usuarios de redes sociales cuestionan las posibles implicaciones de esta participación extranjera en el acceso y la gestión de los recursos hídricos del estado.

Una de las preocupaciones planteadas en estas publicaciones es que la tecnología presentada como una solución a la escasez o al uso ineficiente del agua pueda generar dependencia de proveedores privados y extranjeros. Desde esa perspectiva, sus críticos sostienen que primero se agravan o se aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de una región y después se ofrecen productos y servicios para atender el problema. 

Las publicaciones también vinculan estos cuestionamientos con Palestina, donde la destrucción de infraestructura durante las operaciones militares israelíes ha afectado servicios esenciales, entre ellos el abastecimiento de agua y el saneamiento. El 27 de septiembre, La Jornada, con información de agencias internacionales, reportó que colonos israelíes desviaron manantiales que abastecían a comunidades palestinas de Cisjordania.

Según el reporte, el agricultor palestino Saad Nemer denunció que la interrupción del suministro destruyó sus cultivos. El organismo militar israelí encargado de asuntos civiles en ese territorio reconoció que el desvío se había realizado sin autorización y anunció que lo investigaría.

Estos hechos documentan denuncias sobre la privación de agua a comunidades palestinas y sus consecuencias para la agricultura. Sin embargo, deben distinguirse de la afirmación de que Israel contamine deliberadamente los recursos para después vender tecnología que permita recuperarlos, una hipótesis que requiere pruebas específicas y que no queda acreditada con los antecedentes disponibles.

A partir de ese contexto, los críticos mexicanos advirtieron los riesgos de permitir que empresas de un país involucrado en ese conflicto tengan mayor presencia en sectores estratégicos mexicanos. 

Asimismo, colocan sobre la mesa la necesidad de transparentar los acuerdos, las empresas participantes y las condiciones bajo las cuales se incorporará tecnología extranjera a actividades relacionadas con el agua. Aseguran que en una entidad donde la protección de los recursos hídricos es fundamental para la población y la producción agrícola, conocer quién suministra las herramientas, cómo se utilizan y quién supervisa su operación resulta relevante para evaluar sus beneficios y posibles riesgos. 

Caso Chihuahua

En Chihuahua, la cooperación en materia hídrica firmada en 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo, la posible participación de empresas privadas y los resultados obtenidos.

En septiembre de 2026, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez solicitó nuevas explicaciones sobre los alcances del convenio, incluidos los mecanismos de financiamiento, las acciones realizadas y las empresas involucradas. 

La controversia generó interrogantes sobre la supervisión pública de este tipo de acuerdos, aunque aún no demuestra que exista una transferencia de los recursos hídricos a Israel.