La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el juicio político que el Congreso de Nuevo León impulsaba contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, al admitir a trámite una controversia constitucional promovida por el Gobierno estatal.
Con la medida cautelar, el Congreso local quedó impedido de ejecutar cualquier acción derivada del procedimiento, incluida una eventual destitución o inhabilitación del mandatario, mientras el máximo tribunal analiza el fondo del caso.
De acuerdo con la resolución publicada por la Corte, los legisladores deberán abstenerse de realizar actos que afecten la permanencia de García en el cargo.
El Gobierno de Nuevo León sostuvo que el juicio político avanzó pese a que el expediente carecía de pruebas que acreditaran las acusaciones. Según la administración estatal, los únicos documentos integrados fueron la credencial para votar de la denunciante y recortes de notas periodísticas.
“Declararon procedente el juicio político bajo el argumento de que existían evidencias suficientes, pero nunca dieron a conocer pruebas que sustentaran las acusaciones”, señaló el Ejecutivo estatal.
La controversia tiene su origen en una denuncia presentada por Morena el 8 de junio de 2026, en la que se acusó al gobernador de una presunta triangulación de mil millones de pesos de recursos públicos hacia empresas vinculadas con su entorno familiar.
Cuatro días después, la Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó iniciar el juicio político con el respaldo de legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena, mientras que Movimiento Ciudadano votó en contra.
El Gobierno estatal recurrió primero a un juicio de amparo y posteriormente promovió una controversia constitucional ante la SCJN, argumentando irregularidades en la integración del expediente.
Tras la suspensión concedida por la Corte, Samuel García permanecerá en el cargo sin riesgo inmediato de destitución mientras se resuelve el litigio constitucional. Legisladores de Movimiento Ciudadano calificaron el procedimiento como una persecución política impulsada por PRI, PAN y Morena.
La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera