En los próximos meses, el abasto de medicamentos en el sistema público de salud podría agudizarse debido a una “nueva política de etiquetado” y a una reducción de claves que ha alertado a diversos especialistas.

Recientemente, el Gobierno Federal informó que implementará un nuevo etiquetado a medicamentos del sector público para evitar el robo, detener el mercado negro de fármacos y la reventa. Esta medida costaría 10 mil millones de pesos (mdp) adicionales al erario; además, desalentaría la participación de empresas ante la compra consolidada 2027-2028, lo que retrasaría más el abasto.

A decir de expertos en salud, “este techo” tendrá también un elevado costo logístico; y criticaron el uso desmedido de la imagen gubernamental en bienes públicos, en este caso, en medicamentos e insumos.

Además, en marzo pasado, el propio Secretario de Salud, David Kershenobich, informó que con la “modernización” de la compra pública de medicamentos, se anticipó la reducción del número de claves de medicamentos, que pasó de dos mil 753 a mil 929; ya que, según argumentó, se retiraron aquellos menos eficaces o más costosos: “fortaleciendo las opciones para los pacientes al priorizar los más eficientes para los tratamientos, que quedan incluidos en los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam)”, según el comunicado del Gobierno Federal.

A la fecha, los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar y de los centros públicos de salud padecen la escasez de medicamentos, atención deficiente, falta de especialistas y servicio médico en general que no garantiza la atención. Esta situación contradice el discurso oficial, en el que se reitera que los mexicanos tienen salud garantizada por el Estado; testimonios recogidos por este semanario revelan otra realidad, pues una denuncia refirió que algunos pacientes se mueren de frío en las salas de espera y los pasillos.

En contraste, durante la presentación de la “Modernización de la compra pública de medicamentos”, el 31 de marzo de este año, el Secretario de Salud aseguró que se “fortalece el abasto y se optimizan los recursos”. En esa ocasión, la Presidenta de la República agregó que el “promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE”; y destacó: “se trabaja para llegar al 100 por ciento”.

Sin embargo, en los hechos, la Secretaría de Salud disminuyó el número de claves de medicamentos.

Las claves se refieren a los códigos numéricos únicos asignados a cada insumo, material de curación o medicamento autorizados por el Sector Público. Éstos operan desde los años 70 del siglo pasado con el Cuadro Básico creado por el IMSS; su funcionamiento ha permitido ordenar las compras, controlar inventarios y garantizar tratamientos seguros y eficaces.

Desde 2020 evolucionó de manera formal al Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), organismo que tiene la tarea principal de proveer claves administrativas para adquirir medicamentos. En palabras del gobierno morenista, la estructuración de claves responde a una estrategia de optimización terapéutica, compras consolidadas masivas y estandarización del CNIS.

El problema de esta nueva “estrategia” consiste en que la homologación estricta perjudicará a aquellos que sufren enfermedades autoinmunes, neurológicas o algún tipo de cáncer que requerirían opciones terapéuticas de segunda y tercera línea, en caso de que no respondan a tratamiento convencional. Hasta ahora se desconoce una lista específica de las claves eliminadas.

Para el médico cirujano y legislador Héctor Jaime Ramírez Barba, tal reducción resulta totalmente ilegal, porque no se realizó conforme a los mecanismos legales vigentes ni se publicó la reestructuración del CNIS en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los gobiernos crear listados de medicamentos esenciales para limitar las alternativas terapéuticas.

El IMSS-Bienestar rechazó los señalamientos del médico cirujano en un comunicado, en el que asegura que no se han “eliminado 824 tratamientos” y que no se ha confirmado la reducción de las guías, pues únicamente se trata de una “actualización de los tipos de medicamentos”.

Ramírez Barba también criticó la exigencia a las farmacéuticas de incorporar propaganda oficial a los insumos médicos como condición de compra. El Gobierno busca que el logo de la mujer que caracteriza al gobierno de Sheinbaum sea colocado en los productos médicos junto al eslogan “medicamento gratuito”, “Prohibida su venta” y “Uso exclusivo del Sector Salud”. Denunció también que “a esto se suma que el IMSS-Bienestar no pagará los adeudos a proveedores. Un oficio reconocido por la propia institución advierte que sólo se cubrirán los servicios devengados en 2026, mientras que los adeudos de 2025 y años anteriores quedarán sujetos a decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) ha señalado que el nuevo esquema de etiquetado retrasaría el abastecimiento de medicamentos, además de que elevaría los costos para esta industria. Y alertó que, si la medida se activara ya, el país no tendría la capacidad para producir el volumen requerido de etiquetas, lo que agravaría el abastecimiento para el periodo 2027-2028. Se estima que la industria farmacéutica tendría que gastar 10 mil mdp.

Histórico desabasto de medicamentos

Desde el sexenio pasado, el Gobierno Federal se comprometió, en diversas ocasiones, a resolver la falta de medicamentos; con lo que surgió la idea y posterior creación, de la Megafarmacia del Bienestar, oficialmente Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), que supuestamente acabaría con el desabasto. El Cefedis fue inaugurado en diciembre de 2023, con capacidad para 286 millones de piezas de medicamentos. Jorge Alcocer, entonces Secretario de Salud, sostiene que “el acto es parte de la transformación estructural de todo el sistema de distribución de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para ampliar la disponibilidad y accesibilidad sin discriminación”.

Expertos en salud Pública y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, en los primeros meses de la Megafarmacia, “el invento” resultó un fracaso, porque sólo se surtían entre 10 y 20 recetas diarias, y operaba en menos del uno por ciento de su capacidad.

A poco más de dos años y medio, la Presidenta comentó que este almacén está funcionando, pero únicamente para la zona centro del país; mientras que los medicamentos oncológicos, subrayó, sí se distribuyen en todo el país. Cabe mencionar que la última encuesta realizada por México Elige reportó que, hasta junio pasado, el 68.2 por ciento de los encuestados considera que sí existe desabasto de medicamentos, frente al 31.8 por ciento que no. Sobre si han tenido dificultades para encontrar el medicamento requerido, el 52.1 por ciento sostuvo que sí han tenido problemas, frente al 38.3 por ciento que no.

“Tuvimos que comprar algunos. A veces no tienen el medicamento porque no se los han traído; y luego le dan a uno la receta para que vayan ya con una fecha, pero no lo tienen; entonces, sí les faltan medicamentos. No tienen lo necesario. Yo acá (Clínica 15 y Hospital General) he llevado a mi esposo a urgencias en la noche, en la tarde; y hay muchas personas que no las atienden ni nada; hay muchísima gente enferma; entramos a un pasillo que es una tristeza; ahí se mueren sin atenciones, no hay ni quién los atienda, ni enfermeras”, narró doña Margarita a este semanario.

Relató que llevo a su esposo porque se sentía mal; y ella misma ayudó al doctor en lo que “necesitaba, porque no hay servicio, y el poco que existe es pésimo; hay muchísima gente enferma y la verdad los pasillos llenos de gente, uno tras otro en camillas, yo le digo ‘no, estás mejor aquí, en la casa: por lo menos un té calientito, tienes aquí tus medicamentos’; porque en el hospital se mueren de frío, de falta de atenciones; están helados los pasillos; lo tienen a uno esperando horas, y muchísima gente enferma”, lamentó doña Margarita.

El Hospital General Regional IMSS II está ubicado en el municipio del Marqués, Querétaro. Está habilitado para albergar a unos 800 mil derechohabientes, 260 camas y 53 especialidades. Su plantilla laboral alcanza los mil 200 entre médicos, enfermeras y personal técnico. Este nosocomio ha recibido denuncias por falta de insumos para cirugías; también ha sido señalado por quejas formales y recomendaciones de organismos de derechos humanos; por ejemplo, en diciembre de 2024, su personal médico fue acusado por haber amputado la extremidad de un paciente sin antes haber agotado todas las alternativas de tratamiento; por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 189/2024 al IMSS, en la que se involucra al Hospital General Regional II.

En abril pasado, el director general del IMSS, Zoé Robledo, declaró que Querétaro recibió a 205 médicos de 32 especialidades que se integrarán en la atención médica de los hospitales generales.

En palabras de la especialista en nefrología Elsa Campos Méndez, los institutos de salud pública tienen un problema con la cantidad de pacientes y el reducido número de subespecialistas y especialistas; esto se suma al salario bajo y provoca que médicos prefieran dar sus servicios en el sector privado. “Es una cantidad enorme de población para la cantidad de médicos existentes y, sobre todo, para la cantidad de médicos especialistas que se contratan en el Instituto; y muchas veces quieren contratar más médicos, pero los salarios son muy bajos, por eso muchos prefieren dejar el instituto, porque saben que les va mejor ejerciendo la medicina privada. No quieren contratar más subespecialistas porque a ellos sí deben pagarles un poco más; que ni siquiera es que les paguen la gran cosa, pero les cargan muchísimo el trabajo; por eso, los subespecialistas prefieren abandonar estas instituciones”.

En el país, el IMSS registró a 22.7 millones de trabajadores, beneficiando a unos 74 millones de personas. Por su parte, el IMSS Bienestar está enfocado a la población sin seguridad social, correspondiente al 80 por ciento de los ciudadanos, es decir 53.2 millones de mexicanos. Su tarea consiste en brindar servicios públicos de salud en las 32 entidades de la República; sin embargo, sólo se efectúan en 23 estados, faltan Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. En palabras de la primera mandataria, la adhesión al IMSS-Bienestar es “voluntaria”.

A pesar de todos los elogios lanzados por AMLO al instituto “creado” en su administración, no hay día que falte alguna noticia en redes sociales y portales web donde se denuncie negligencia, falta de infraestructura o de medicamentos, corrupción, etc., en centros del IMSS-Bienestar; el caso más reciente ocurrió a fines de julio, cuando se denunció en un video la presunta negligencia en el hospital del IMSS de la Coba, Cancún. El hecho generó tal indignación, que el IMSS Quintana Roo difundió un comunicado en el que afirmó que el paciente fue atendido. Asimismo, en los primeros días de agosto, un paciente del Hospital General de Pachuca, Hidalgo, promovió un amparo en el que acusa al IMSS Bienestar de retrasar su traslado para una cirugía; en un documento presentado ante un juzgado federal, reveló que tal retraso la expone a complicaciones graves, como un choque séptico, incluso a la pérdida de la función renal.

Margarita Morales ha padecido en carne propia todo lo descrito en redes sociales. Contó, por ejemplo, que ha tenido malas experiencias en el Hospital General Regional IMSS II y en su clínica, por lo que optó por acudir a consultas externas o privadas. Una de ellas fue cuando le detectaron piedras en la vesícula: durante una de sus consultas, su médico le recomendó ir a Urgencias porque tenía un problema en la vesícula y probablemente debían operarla. “Con el papel de ultrasonido que me dio, acudí a mi clínica y de ahí me pasaron rápido al Hospital General, donde me hicieron todos los estudios correspondientes. Fue muy tardado”. Llegó el momento de operarla, pero salió mal, porque la vesícula se reventó y las piedras se salieron; explicó que estuvo 12 días internada; tuvieron que hacerle otra operación de urgencia porque le encontraron dos piedras atoradas.

Atención inhumana en hospitales públicos

“Mi hija se va a morir del dolor”. “Pues cómprele el medicamento, señora”, le contestó una enfermera de la farmacia a una paciente de la Clínica 26 del IMSS de Atencingo, Puebla. Se trata de doña Rosenda, cuya hija tuvo un accidente mientras jugaba. Por otro lado, ella y su madre son diabéticas y frecuentemente, lamentó, no reciben la insulina porque no hay, tampoco metformina, ambos medicamentos indispensables para su tratamiento; “¿de qué sirve que haya doctor si no hay medicamento?”, aunque añadió que cuando esto ocurre, los vecinos las apoyan.

En los centros de salud que aún no están federalizados, es decir, que no están afiliados a algún instituto de Salud Pública federal, la historia se cuenta igual; es el caso de doña Cecilia, quien llegó a atenderse en el Hospital de Amealco, en Querétaro. Es madre de tres niñas, una de ellas padece fiebre constante. “Se enferma y me dicen: ‘tienes que sacar cita’, y pues es algo; ¿cómo se les ocurre decirnos que saquemos cita antes de que se enfermen? La última vez que fui, llegué temprano, a las ocho de la mañana… pero me atendieron hasta la una o dos de la tarde, cuando ya no había gente; la verdad ese día no traía dinero, por eso me esperé”.

Dado que la atención pública resulta deficiente, doña Ceci optó por llevar a su hija pequeña a consultas particulares, que no son nada baratas; refiere que sólo la consulta cuesta alrededor de mil pesos, contrario a los servicios públicos, donde no se paga con dinero, sino con mucho desgaste, pues ha llegado a esperar hasta seis horas para que la atiendan. Y sobre los medicamentos, contó que, en varias ocasiones, le han recetado medicamentos que debe comprar por cuenta propia porque el centro de salud no los tiene.

Para la doctora Elsa Campos, son dos las políticas en salud de la “Cuarta Transformación” (4T) que impiden a los mexicanos tener acceso a una salud de calidad: los recortes presupuestales ejercidos contra los institutos nacionales de salud, y los pocos especialistas y subespecialistas con que cuentan para la enorme cantidad de pacientes. Si bien, los gobiernos de la 4T implementaron el programa Salud para todos y la creación del IMSS-Bienestar, en los hechos, no aumentó el presupuesto para comprar medicamentos o contratar médicos.

“Con el mismo o menor presupuesto quieren que se atienda a una cantidad de población mucho más alta, pero no hay insumos, no hay medicamentos ni material de curación. Incluso aquí, en los hospitales grandes como el GEA González o el Hospital General de México, el paciente debe ir a comprar lo básico, como gasas, sondas para colocación y muchas veces no les alcanza para eso. En otros tiempos, estos hospitales de tercer nivel tenían al menos este tipo de material, pero actualmente ya no cuentan con insumos debido a los recortes presupuestales, ya no tienen para eso, ni siquiera medicamentos”, sentenció.

En la CDMX, por ejemplo, en los institutos de atención especializada, como el Instituto de Cardiología, el Salvador Subirán, que atiende enfermedades raras y graves, el Instituto de Enfermedades respiratorias, el Hospital Infantil Federico Gómez y el Instituto de Cancerología también están cancelados los programas de alta especialidad, y miles de pacientes permanecen sin atención médica.