La escena no es nueva, pero algo cambió en junio. Durante años, la resistencia de los pueblos Mayo-Yoreme contra la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira se sostuvo entre amparos, reuniones institucionales, protestas locales y guardias en territorio. Esta vez, sin embargo, la lucha se desbordó más allá de las comunidades: miles de personas llegaron a mirar hacia el norte de Sinaloa y sumarse a una causa que, por más de una década, permanecía ordinariamente contenida.

Tras la llegada de una empresa que promete progreso, se encuentran intereses políticos, irregularidades y posibles afectaciones a un ecosistema que internacionalmente está protegido. La generación de empleos pasó a segundo plano y comenzó una resistencia por parte de pueblos originarios.

“Siento esperanza, no tengo palabras para describir lo que siento al ver a tanta gente despertando y apoyándonos, seguimos de pie”, dice Claudia Susana Quintero, integrante del colectivo Aquí No, frente a miles de personas que se sumaron el domingo siete de junio en la ciudad de Los Mochis, para manifestarse rumbo a Topolobampo. La movilización inició alrededor de las ocho de la mañana y avanzó entre consignas, pancartas y el calor del verano sinaloense hasta convertirse en una de las concentraciones más numerosas registradas por este movimiento.

De manera simbólica, los pueblos originarios Mayo-Yoreme, habitantes de la zona norte de Sinaloa, clausuraron la planta de amoniaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una empresa filial de la alemana Proman, que preveía producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco en una región catalogada como sitio Ramsar por su biodiversidad y considerada Área Natural Protegida. Para quienes resisten, no se trata únicamente de una obra industrial: es la intervención de un territorio que consideran sagrado y fundamental para su forma de vida.

Un mecate, sostenido por integrantes de las comunidades, marcaba una línea. De un lado, la población indígena; del otro, los yoris –personas no pertenecientes a la etnia– que llegaron desde distintos municipios, incluso desde otros estados, para respaldar la causa. Esa cuerda, extendida frente a la reja metálica que resguarda la construcción, resumía años de tensión, de consultas cuestionadas y de una disputa que no ha logrado resolverse ni en tribunales ni en instancias gubernamentales.

“Si vamos a tener miedo porque me van a meter al bote; yo no tengo miedo de que me lleven. Voy a morir de pie”, sentenció Felipe Montaño, Kobanaro (gobernador indígena) de Ohuira y vocero del movimiento, mientras miles de personas reunidas respondían al unísono: “¡No estás solo!”.

La jornada del siete de junio no fue un hecho aislado. En los días previos, la inconformidad ya se había expresado en distintos puntos del estado y fuera de él. El miércoles tres de junio, en Mazatlán, cientos de personas se concentraron en las letras del puerto para manifestarse contra la instalación de la planta. Un día después, el cuatro de junio por la tarde, en Culiacán, ciudadanos de distintas edades también salieron a las calles para manifestar su rechazo. Ese mismo día, en la Ciudad de México, manifestantes alzaron la voz en contra del proyecto frente a la embajada alemana. Las movilizaciones no se han detenido y continúa la vigilancia en el territorio.

Mientras tanto, en la Bahía de Ohuira, la resistencia se sostiene también en lo cotidiano. “Tenemos como 10 días haciendo guardia para que no saquen el otro monstruo que tienen ahí. Hay mangle ahí y ya se ven secos; he sido pescador desde los 15 años. Siento una tristeza porque nosotros vivimos de aquí: del charco, del mar”, reporta un pescador de 59 años que prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias. Su testimonio se suma a otros que, desde hace años, advierten sobre los cambios observados en el entorno.

“Quieren acabar con todo, oiga. Primero la termoeléctrica, luego Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora esto y quiere entrar otra. Pareciera que quieren que nos quedemos sin nada”, añade, y narra cómo la actividad industrial ha ocupado espacios que antes formaban parte de su vida cotidiana.

El proyecto de GPO contempla la producción de amoniaco a gran escala y su eventual exportación, así como su uso en el mercado nacional, principalmente como fertilizante. Como parte de sus argumentos, la empresa ha señalado la generación de alrededor de 300 empleos directos, además de otros indirectos vinculados a servicios. Sin embargo, para las comunidades, la cifra resulta insuficiente frente a los posibles impactos ambientales y sociales.

Esa industria, que promete progreso, es construida en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, hacia el norte de Sinaloa, donde se efectúa una lucha de comunidades indígenas y civiles contra proyectos logísticos que necesitan gas licuado para funcionar y pertenecientes al ambicioso plan federal de renombrar a la zona como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi).

“La gente está entendiendo que este proyecto de petroquímica no debe existir en este territorio”, informó Felipe Montaño, quien se mantiene firme desde 2014, junto a otros pueblos como Lázaro Cárdenas, Paredones y Rosendo G. Castro contra la industria, desde que vieron cómo talaban el mangle para cimentar una superficie de concreto de 26 hectáreas.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la planta requerirá dos millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año para mantener frío el amoniaco. Esa agua, extraída de la bahía, será devuelta con una temperatura distinta. Para pescadores y habitantes de la zona; esto podría alterar el equilibrio del ecosistema del que dependen.

“Hay más de tres mil 500 pescadores que se verán afectados”, alertó Felipe Montaño, en referencia a quienes viven directamente de la actividad pesquera en la Bahía de Ohuira y sus alrededores.

El sitio no sólo tiene relevancia económica; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha considerado a la bahía como hábitat de más de 100 mil aves migratorias, además de especies como tortugas marinas, iguanas, reptiles, peces y crustáceos de importancia comercial. En la zona también se encuentran islas como la Isla de Patos, reconocida como refugio de aves y especies emblemáticas.

Para los pueblos Mayo-Yoreme, el territorio también tiene un valor espiritual. Su cosmovisión está vinculada a distintos planos, entre ellos el Baahue Ánia, el mundo del mar, que se relaciona con la naturaleza y sus prácticas tradicionales. La instalación de una industria de este tipo, denuncian, no sólo implica un cambio físico, sino la afectación de su modo de entender y habitar el entorno.

Entre irregularidades y amparos

La oposición al proyecto no es reciente. Desde 2013, comunidades indígenas y organizaciones civiles han promovido recursos legales, entre ellos al menos seis amparos, y argumentan la falta de consulta previa, libre e informada. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la realización de una consulta indígena tras declarar ilegales permisos otorgados previamente a la empresa. Sin embargo, las comunidades cuestionan la forma en que se efectuó tal proceso.

“El gobierno los tenía mal informados. Nadie consultó a los que vivimos aquí. Aquí se está demostrando que las consultas ciudadanas o las hechas a los pueblos originarios resultan en esto. Las que ellos hicieron fueron simuladas”, demanda el Kobanaro.

A lo largo de estos años, la resistencia ha implicado no solamente manifestaciones, sino también reuniones con autoridades, organismos internacionales y comparecencias en tribunales federales. De acuerdo con testimonios de los propios integrantes del movimiento, también han enfrentado amenazas y presiones.

En medio de este contexto, las comunidades han reiterado su rechazo al proyecto y convocan a la población a informarse y sumarse a la defensa del territorio. También han cuestionado por qué una industria de estas características pretende instalarse en un sitio considerado estratégico por su biodiversidad.

Las movilizaciones recientes han exhibido un conflicto que, durante años, se mantuvo en el ámbito local. Ante quienes participan en la resistencia, esto representa una oportunidad para que el tema sea revisado nuevamente por las autoridades.

“Iba a pescar con mi papá cuando era niño, sacábamos para comer nosotros, no para vender; y desde que empezó esa obra, pusieron letreros de que ya no se podía pescar ahí. Nomás sacábamos para la casa y ahora ni eso podemos hacer”, recuerda un vecino de Paredones, quien se sumó a la manifestación.

En ese sentido, los pueblos Mayo-Yoreme y el colectivo Aquí No difundieron un ultimátum al Gobierno Federal: una semana para dar respuesta a sus demandas. Si no responden las autoridades, anunciaron la clausura de la planta por cuenta propia.

En el ámbito institucional, las respuestas han sido limitadas. Desde el Congreso del Estado de Sinaloa se reconoció la existencia del conflicto, pero no se ha emitido un posicionamiento claro. La presidenta de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas Briseida Valenzuela Buichia declaró que se trata de un problema de larga data y que deberá atenderse en el ámbito federal.

“Ese problema es ya de años; no es de ahorita, desde que nosotros estamos en el Congreso del Estado, desde que soy diputada local… en su momento; se tiene que tratar, pero allá en la Federación”, estimó.

Cuestionada sobre si habrá un posicionamiento oficial, indicó que en su momento lo habrá, aunque no precisó fechas ni acciones concretas. También reconoció que, hasta ahora, a la comisión no ha llegado ninguna solicitud formal relacionada con el caso.

Mientras tanto, integrantes del colectivo han reportado la llegada de maquinaria pesada a la zona y vigilan permanentemente el territorio. Para quienes viven en la Bahía de Ohuira, el conflicto se desarrolla en tiempo real. Las guardias siguen, las manifestaciones no se detienen y la expectativa se mantiene sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

“Este territorio nos pertenece a todos como mexicanos, ese territorio es de los pueblos originarios; ése es mi territorio y de mis ancestros. ¡No fuimos consultados! ¡Fue un trato del gobierno! ¡Fue un teatro de Semarnat!”, lamentó Felipe.

El Gobierno de Sinaloa sostiene que la planta de amoniaco será una oportunidad de empleos, pero la empresa ha calculado que habrá 300 plazas directas, “además de los empleos indirectos asociados a servicios”.

Destruir un área natural protegida

Toda esta región es un sitio Ramsar –un lugar de observación y cuidado internacional por su biodiversidad– y un Área Natural Protegida. De acuerdo con la Semarnat, sólo la Bahía de Ohuira es el hogar de más de 100 mil aves playeras (84 por ciento de las aves migratorias distribuidas en México), un hábitat crítico para 19 especies, entre ellas, las tortugas golfina, laúd, carey, negra o prieta, así como la iguana negra, lagartija de cola de cebra, boa, cascabel, delfín nariz de botella, peces y crustáceos de alta importancia comercial.

Hay, además, seis diversas islas con características específicas. Una de ellas, la que se encuentra frente a la construcción de la planta, es la Isla de Patos, un refugio oficial para aves migratorias. Ahí ya se redujo considerablemente la presencia de aves.

Por si fuera poco, en este sitio se encuentra el hogar de un delfín que ha vivido libremente en la zona durante al menos 30 años, al que los pobladores han nombrado “El Pechocho”. Este delfín nació durante el paso del huracán Ismael, uno de Categoría 4 que azotó a Sinaloa, provocando que el ejemplar quedara huérfano, por lo que, desde entonces, vive en la zona.

Esas comunidades se han mantenido en lucha, con la esperanza de que el Gobierno Federal revise nuevamente los permisos concedidos y los daños ya registrados y que analice la viabilidad de la empresa frente a la resistencia de los Mayo-Yoreme. La esperanza creció al ver el rechazo y frenó proyectos como el de Perfect Day, en Mahahual.

Su lucha, aseguran, les ha costado amenazas y agresiones. A Felipe Montaño le recomendaron “pensar más en su familia” durante una reunión en el Gobierno del Estado, o las alusiones a la posible muerte de Claudia Susana Quintero y Melina Maldonado, dos mujeres que fungen como voceras y representantes del movimiento de resistencia. Los tres indígenas han tomado medidas de seguridad impuestas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las comunidades han llamado a la población en general a unirse a su causa, a bloquear las grúas que cargan la maquinaria de la planta, a que pidan también una explicación sobre por qué debe instalarse este proyecto en un sitio sagrado que también es un Área Natural Protegida, a que se aclare por qué no se intenta producir amoniaco en Alemania, dónde se sugirió la inversión superior a los 860 millones de dólares (mdd) otorgados por el banco KfW IPEX-Bank.

Ahora exhortan de gritar: “¡Aquí No!” a un proyecto que consideran que les fue impuesto y que acabará con el futuro de las generaciones Mayo-Yoreme que vienen detrás. La cuerda que se extendió el siete de junio frente a la planta permanece como un símbolo que resume la disputa: de un lado, una comunidad que defiende su territorio; del otro, un proyecto industrial que avanza.

Por ahora, no hay resolución definitiva proveniente de la autoridad, que –advirtió– es quien tiene la última palabra. Mientras tanto, la lucha sigue.