Las presiones del gobierno de Estados Unidos de América (EE. UU.) sobre México se han intensificado en los últimos meses: el combate al narcotráfico, la crisis del fentanilo, la migración irregular, la seguridad fronteriza, el comercio con China o la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han sido los arietes para presionar a México para un sometimiento más irrestricto a EE. UU. Esta presión ha puesto a la soberanía nacional en el centro del debate político. La política del vecino del norte no es una situación aislada ni de diferencias circunstanciales entre gobiernos, ni malentendidos, ni de cambios de personalidad del presidente norteamericano, lo que está en juego es algo más profundo: el peligro que se cierne sobre México para decidir su propio destino en un contexto internacional marcado por la crisis de decadencia de la hegemonía estadounidense, donde la disputa geopolítica mundial se ha vuelto cada vez más agresiva. El fin de este artículo es mostrar algunas ideas sobre el peligro en el que se encuentra México.

Cuando las 13 colonias que se convertirían en lo que ahora es EE. UU. iniciaron su guerra de independencia (1775-1783), su territorio apenas era una pequeña franja pegada al Atlántico: en 1803 compraron el territorio conocido como Luisiana, lo que les permitió duplicar su tamaño: después adquirieron lo que ahora es Florida; luego, en un episodio conocido para los mexicanos, por distintos medios, se apropiaron de más de la mitad de lo que era el territorio de México: Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Desde 1823 se arrogaron el dominio exclusivo sobre el continente americano, resumido en la doctrina Monroe “América para los americanos” y justificada con “el destino manifiesto” (1845). Es decir, desde que se independizaron, las 13 colonias iniciaron una carrera expansionista. El novel país, una vez agrandado en territorio, empezó a intervenir más allá de sus fronteras terrestres, el inicio de ello fue la guerra contra España (1898) por el dominio de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto marcó el final del imperio español en ultramar y el surgimiento de EE. UU. como potencia con presencia global.

Después de las dos guerras mundiales, de las guerras de liberación colonial en África y la disolución de la URSS, algunos teóricos sostuvieron que el imperialismo había desaparecido. Con la globalización, incluso, se afirmó que los Estados nacionales habían perdido importancia frente a organismos internacionales, empresas trasnacionales y mercados globales. Pero ninguna de las dos cosas fue cierta, el imperialismo sigue existiendo y, aunque las corporaciones operan a escala mundial, siguen teniendo un centro nacional de poder que protege sus intereses; es decir, detrás de las grandes empresas, de los organismos financieros internacionales y de buena parte de las instituciones que regulan la economía mundial, sigue encontrándose el poder de los Estados más fuertes, particularmente el de EE. UU., la cabeza del imperialismo. El imperialismo contemporáneo no funciona mediante la ocupación militar directa, sino mediante una compleja red de mecanismos económicos, financieros, diplomáticos, mediáticos y políticos que permiten a las grandes potencias influir sobre otros países y condicionar sus decisiones. Organismos internacionales, acuerdos comerciales, sanciones económicas, presiones diplomáticas y campañas ideológicas forman parte de esos instrumentos.

Es en el contexto del imperialismo estadounidense donde se tiene que ubicar la política agresiva de EE. UU. hacia México, que desde 1823 ha considerado a América Latina como su zona de influencia estratégica más importante. La historia del continente está llena de intervenciones directas e indirectas, golpes de Estado, bloqueos económicos, financiamiento a grupos políticos afines y múltiples mecanismos destinados a asegurar gobiernos compatibles con sus intereses. Estas prácticas no son cosa del pasado, el mundo en el que vivimos se guía por los intereses económicos derivados de una formación social donde predomina el modo capitalista de producción; por ello, la política exterior del imperialismo no se guía por sentimientos ni afinidades ideológicas, sino por intereses económicos.

Por lo tanto, conviene pensar por qué las presiones de EE. UU. se recrudecen precisamente ahora. Una explicación coherente se encuentra en el hecho de que el capitalismo contemporáneo atraviesa dificultades estructurales que se manifiestan en un crecimiento económico cada vez más lento, una competencia internacional más intensa y una disminución relativa de la capacidad de EE. UU. para imponer unilateralmente sus decisiones al resto del mundo. El ascenso económico y tecnológico de China, la consolidación de los BRICS, el fortalecimiento de nuevas alianzas comerciales y financieras, así como la creciente resistencia de numerosos países a aceptar sin cuestionamientos los dictados de Washington, han configurado un escenario internacional muy distinto al que existía tras el derrumbe de la Unión Soviética, cuando se pensaba que el modelo económico de EE. UU. era el que debía seguir toda la humanidad. Ahora, EE. UU. sigue siendo una potencia formidable, pero ya no es la potencia incontestable de hace treinta años. En estas condiciones, el imperialismo busca reforzar su control sobre sus áreas estratégicas y América Latina es una de ellas: sus recursos naturales, su cercanía geográfica, sus mercados y su importancia geopolítica la convierten en un espacio demasiado relevante.

No es casualidad que en distintos países del continente exista una disputa intensa entre los gobiernos que se someten a los designios de Washington o los que resisten; por eso no es casualidad que los gobiernos que intentan mantener cierto margen de autonomía económica o política enfrenten campañas permanentes de desestabilización, presiones económicas, ataques mediáticos o incursiones militares. Venezuela, Cuba y Nicaragua son los ejemplos más evidentes, pero no los únicos; Brasil, Colombia y México también enfrentan presiones constantes. México ocupa una posición particularmente sensible para EE. UU., se trata de la segunda economía más grande de América Latina, comparte una frontera de más de tres mil kilómetros con EE. UU., es uno de sus principales socios comerciales y desempeña un papel central en las cadenas productivas de América del Norte. Ninguna estrategia estadounidense para mantener su influencia continental puede ignorar a México. Por ello, cualquier intento de fortalecer la capacidad del Estado mexicano, por pequeño que sea, para intervenir en sectores estratégicos, desarrollar infraestructura propia, impulsar una política energética soberana o mantener una política exterior independiente genera reacciones desde el país del norte. Es en ese contexto de decadencia hegemónica donde el imperialismo genera presiones sobre el país, pues exige control para mantener seguro lo que considera su patio trasero.

Ahora bien, sería un error pensar que los riesgos para el país son sólo externos, hay también un problema interno: el hecho de que existe una oposición política que exige, como su única salida, que el gobierno estadounidense intervenga en México para solucionar el problema de la inseguridad, y que una cantidad considerable de mexicanos, poco educados políticamente, no ve la navaja en el pan, que se han sumado a esa petición. Basta observar algunas declaraciones realizadas en los últimos años para advertir cómo ciertos grupos políticos, empresariales y mediáticos han promovido la idea de que EE. UU. debe asumir un papel más activo en el combate al narcotráfico dentro del territorio nacional, llegando incluso a respaldar propuestas de intervención directa bajo el argumento de que el Estado mexicano es incapaz de resolver por sí mismo los problemas de seguridad. Aquellos que se adhieren a esa petición de buena fe deben darse cuenta de que el peligro que corre el país es entregar aún más su soberanía nacional. Se trata, pues, de una posición profundamente irresponsable. La experiencia histórica demuestra que la intervención del país norteamericano en los asuntos de otros países jamás ha sido para mejorarlo, sino siempre en función de los intereses económicos y políticos y del imperio; por eso, los que piden intervención deberían preguntarse si estarían dispuestos a aceptar las consecuencias económicas, políticas y estratégicas que inevitablemente acompañarían dicha intervención.

Por supuesto que el problema del narcotráfico es grave y exige soluciones concretas y eficaces que debe resolver el gobierno de México y los mexicanos, pero convertir esa realidad en una puerta de entrada para la injerencia extranjera es un error. Los problemas nacionales deben resolverse fortaleciendo las capacidades nacionales, no debilitándolas, por ello, aunque muchos mexicanos no coincidimos con la médula de la política de la 4T, sí compartimos el hecho de que los problemas de México deben resolverlos los mexicanos, es decir, todos deberíamos sumarnos a la consigna del respeto a la soberanía nacional y al derecho a la libre determinación de los pueblos.

En ese sentido, para hacer frente a los peligros que se ciernen sobre México no basta con hacer llamados abstractos a la unidad nacional para la defensa de la patria, sino verdaderamente trabajar en la educación y organización del pueblo. Por ello, no se entiende que el gobierno llame a la defensa de la patria mientras existe una población que diariamente enfrenta carencias: insuficiencias en los servicios públicos, dificultades para acceder a la salud, rezago educativo o problemas persistentes de infraestructura, etc. Para que el llamado a la unidad y defensa sean efectivos, se necesita que el gobierno atienda las necesidades de la población y a la par permita que se organice y eduque, es decir, fortalecer la organización popular, no atacarla como fue el talante del sexenio pasado. Un pueblo organizado, educado, que percibe que es atendido en sus necesidades por su gobierno, estará en mejores condiciones de defender la soberanía. Por ello, vale hacer dos llamados: el primero, que el gobierno atienda las peticiones del pueblo y las resuelva, la segunda, que el pueblo se organice y eduque para la conquista del poder político.