A menos de cinco meses de finalizar su mandato, el presidente colombiano Gustavo Petro, sancionó, el 17 de marzo del corriente año, la Ley 2569, norma que prohíbe el mercenarismo en el territorio nacional, penalizando el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento y la utilización de ciudadanos colombianos para participar en conflictos bélicos fuera del país.

Sin un contexto, esta noticia no sólo suena lógica, sino también muy positiva. Sin embargo, a mi entender, esta ley llega tarde y mal a la legislación colombiana.

El mercenarismo es una actividad ilegal, según lo establece la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, tratado de las Naciones Unidas del año 1989, que insta a los países a penalizar estas actividades. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, los mercenarios, al ser capturados, no gozan de las garantías que otorga el status de prisionero de guerra, del mismo modo que pueden ser sometidos a juicio por parte de la justicia del país que los capture.

Hace tiempo que Colombia es el país que más mercenarios suma a esta actividad, a nivel mundial, con más de diez mil personas, la mayor parte exmilitares, contratados por compañías militares privadas, según estimaciones de la ONU.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por esta situación, incluso señalando las penurias que sufren sus compatriotas en algunos escenarios bélicos, como Ucrania, a donde, según él, van “engañados”.

Ley contra el mercenarismo

A pesar de las preocupaciones del mandatario colombiano, debo señalar que Gustavo Petro no presentó el proyecto de ley para la ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios al llegar al poder, en agosto de 2022, sino dos años más tarde, promediando su cuatrienio, y recién un año después, en agosto de 2025, solicitó “mensaje de urgencia” al Congreso, mecanismo legal y constitucional que le permite al presidente pedir que se acelere el tratamiento de una ley.

Cabe recordar que Petro hizo este pedido al legislativo, luego de que el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, hiciera un llamado público a Colombia para que dejara de enviar mercenarios a su país, donde combaten para las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares que buscan tomar el poder en Sudán. Se estima que podría haber hasta dos mil mercenarios colombianos en este país africano, donde, unos diez días antes del mensaje de Idris, murieron cuarenta de ellos al ser derribado un avión emiratí que los llevaba a Sudán. Al respecto, Petro expresó en la red social X: “El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”. Lo que no señala el presidente colombiano es que estos mercenarios, a los que llama “jóvenes”, van a guerras ajenas para asesinar por dinero, como sicarios. Ellos no son las víctimas, son los victimarios y así deben ser considerados. Para que no queden dudas de las órdenes que puede llegar a ejecutar un mercenario por dinero, podemos recordar que veintiséis colombianos formaron parte del comando que torturó y asesinó en julio de 2021, en Puerto Príncipe, a Jovenel Moise, presidente de Haití.

El 17 de marzo de este año, finalmente, fue sancionada la ley contra el mercenarismo, con un lento trámite legislativo de diecinueve meses, casi el plazo máximo que se puede tomar el Congreso colombiano para el tratamiento de una ley, llegando esta norma, prácticamente al final de la Presidencia de Gustavo Petro, dejándole a su sucesor la aplicación de una ley que llega tarde y mal. Tarde porque a pesar de las palabras del presidente sobre la urgencia de la ley, no hizo mucho para acelerar los tiempos. Y llega mal, ya que lo que pretende reprimir resulta casi imposible en la práctica, debido a que, en muchos casos, detrás de toda la organización del reclutamiento hay gobiernos extranjeros, como en el caso de Ucrania; y no puedo imaginar a Petro rompiendo relaciones con Kiev, por motivos que profundizaré más adelante. Si al presidente de Colombia realmente le preocupa que sus compatriotas no vayan por el mundo matando gente por dinero en guerras que les son ajenas, lo que también debería hacer es castigar al mercenario, ya que, si saben que al regresar a su país pueden enfrentar prisión por sus delitos, tal vez lo pensarían mejor. Otra medida de disuasión sería embargar o impedir la llegada al país de remesas de dinero que seguramente muchos de estos mercenarios envían a sus familias en Colombia.

Hipocresía y disidencia controlada

Mientras hoy la disputa central a nivel mundial es la confrontación entre el Occidente Colectivo, que pretende seguir imponiendo un orden globalista y unipolar; y la Mayoría Global, encabezada por Rusia y China, que aboga por la consolidación de un nuevo sistema más justo, multipolar y soberanista; hay dirigentes que, tras románticos discursos antiimperialistas, en la práctica son funcionales al globalismo, que es el imperialismo del Siglo XXI, e intentan menoscabar a los que sí están librando la verdadera lucha por el futuro de la humanidad, y el presidente Petro es uno de los más claros ejemplos de esta clase de dirigentes.

Para señalar la hipocresía de Gustavo Petro, entre otros, dentro de la progresía global, voy a recordar la posición del presidente colombiano respecto de la guerra que está librando la OTAN contra la Federación Rusa a través del régimen de Kiev, encabezado por Zelensky.

Desde el comienzo del conflicto, en febrero de 2022, como candidato a la presidencia de Colombia, se mostró muy crítico con Rusia, calificando la acción como una invasión injustificable a Ucrania y condenándola. A partir de agosto de ese mismo año, ya como presidente, Petro mantuvo esta posición de calificar de víctima al régimen ucraniano, aunque mantenía formalmente la neutralidad, pero sosteniendo un relato muy duro contra la operación militar rusa, pareciendo desconocer todos los detalles, hechos y antecedentes que llevaron al inicio de esta guerra, como, por ejemplo, los ocho años de persecuciones, torturas, bombardeos, asesinatos e intento de genocidio contra la población civil del Donbás y otras partes de Ucrania, por parte del régimen de Kiev. Para sustentar esta posición, Petro siempre recurría al conocido argumento progresista, pacifista, buenista y bien pensante de que nunca se puede justificar una guerra, como si detener un genocidio no fuera una razón suficiente. Por otro lado, un razonamiento curioso viniendo de alguien que formaba parte de una organización guerrillera durante la guerra civil en Colombia.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, el mismo Petro, ante la Asamblea General de la ONU, instaba al mundo a formar un “ejército de salvación global”, una fuerza armada que fuera en defensa del pueblo gazatí, ante el genocidio ejecutado por Israel. Aquí se ve claramente la gran hipocresía del mandatario colombiano ya que, ante dos claros casos de genocidio contra población civil, mientras en un caso, nunca se justifica el uso de la fuerza, en el otro se convoca a una coalición armada, para detener por la fuerza la brutalidad de Israel en Gaza.

Quizás no sea casualidad que es en Ucrania donde hoy hay más mercenarios colombianos, alrededor de siete mil, según estimaciones. Como ya vimos, lo que más parece preocuparle a Petro es cuando sus compatriotas, que se ganan la vida matando gente en otros países, mueren o son maltratados. En diciembre de 2025, durante una ceremonia militar en Bogotá, declaró: “ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos”, agregando: “le pedí a la canciller que le oficie a Zelensky para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque ésa no es nuestra guerra”.

Ironías del destino. El régimen al que calificaba de víctima está esclavizando y secuestrando a sus mercenarios. Tal vez Petro debería admitir que Putin sabía algunas cosas más que él sobre el régimen de Zelensky o simplemente reconocerse como la disidencia controlada que es.

Para ejemplificar la disidencia controlada que representa Petro, puedo señalar cuando critica a la OTAN por ser imperialista, pero al mismo tiempo acusa a Rusia de llevar adelante una invasión imperialista en Ucrania, cuando lo que hace Moscú es, finalmente, enfrentar el acoso y la agresión imperialista de la organización atlántica, después de ocho años de apostar por la paz y el diálogo. Es decir, mientras para sus acólitos progresistas toma la postura de acusar a la OTAN de imperialista, lo cual es una obviedad, al mismo tiempo busca desacreditar a la Federación Rusa con la misma calificación, cuando es Rusia quien está luchando una guerra contra el globalismo imperialista.