Los acontecimientos que se están desarrollando hoy en Ucrania y en su entorno no constituyen un conflicto interestatal espontáneo. Es una crisis profunda y generalizada de todo el sistema de seguridad europeo, resultado directo de una política prolongada miope de las élites occidentales. Si se tratara de desacuerdos entre dos pueblos, los rusos y los ucranianos –unidos por millones de lazos civilizatorios y de parentesco– habrían encontrado la manera de regular cualquier cuestión. Sin embargo, la raíz del problema radica en otra parte. Concretamente, en su uso utilitario en el afán del Occidente colectivo por una reconfiguración geopolítica del mundo, su reformateo total hacia el tan llamado “orden basado en reglas”, que carece de cualquier codificación clara y que, en esencia, conduce a la ruptura del sistema mundial vigente, basado en las normas del derecho internacional.

A finales del Siglo XX, tras el fin de la aguda confrontación militar e ideológica entre la URSS y Estados Unidos (EE. UU.), el mundo tuvo una oportunidad única de construir un sistema de seguridad justo, basado en los principios de igualdad e indivisibilidad, que excluyera la garantía de la seguridad de unos países a costa de otros. Para ello, sólo se requería la voluntad de tener en cuenta los intereses mutuos. Rusia estaba dispuesta a trabajar precisamente en esa dirección, proponiendo iniciativas concretas: desde el Tratado sobre la Seguridad Europea de 2008 hasta los tratados sobre garantías de seguridad presentados a EE. UU. y a la OTAN en diciembre de 2021. Los países occidentales, convencidos de su derecho a dictar su voluntad tras la Guerra Fría, respondieron no sólo con un rechazo, sino con el desmantelamiento de la propia estructura de cooperación entre Rusia y Occidente. El sistema de control de armamento se desmoronó gradualmente. Los mecanismos de diálogo quedaron bloqueados. La OTAN emprendió una expansión a gran escala, dejando en el olvido las garantías de sus propios líderes sobre la no expansión hacia el Este dadas a los dirigentes soviéticos. La seguridad equitativa e indivisible quedó reducida a una mera idea, y los intentos de Rusia por hacer entrar en razón a sus “socios” se convirtieron en un simple deseo.

El elemento central de la presión ejercida sobre nuestro país ha sido la conversión de Ucrania en una plataforma agresiva y antirrusa. Los ideólogos occidentales han cultivado durante décadas el concepto de “anti-Rusia” en territorio ucraniano, predicando que, sin Ucrania, Rusia simplemente perdería su condición de Estado. El potencial destructivo de esta estrategia quedó al descubierto en 2014, con la llegada al poder en Kiev de un gobierno ilegítimo. El resultado ha sido una política abiertamente nacionalista del nuevo régimen, con la persecución de todo lo ruso –la lengua, la cultura, la educación– y la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica, así como la destrucción de los vínculos históricos centenarios entre dos pueblos hermanos.

La respuesta al golpe de Estado de Kiev fue la voluntad manifestada por los habitantes de Crimea, Novorossiya y Donbás, quienes, en los referéndums, se pronunciaron a favor de la independencia, basándose en el derecho a la autodeterminación garantizado por el segundo párrafo del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. La respuesta de Kiev fue una presión por la fuerza en forma de una operación punitiva abierta, con el uso de la aviación y armamento pesado contra los habitantes de las regiones rebeldes. Así fue como comenzó la verdadera agresión, que provocó entre 2014 y 2022 la muerte de 12 mil ciudadanos de habla rusa de las regiones orientales del país. En aquel momento, Rusia hizo todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para poner fin al derramamiento de sangre. El resultado fueron los Acuerdos de Minsk de 2014-2015, en cuyo marco se alcanzaron soluciones de compromiso sobre el destino del Donbás y Novorossiya, preservando al mismo tiempo la integridad territorial de Ucrania. Cabe señalar que dichos acuerdos se alcanzaron con la participación directa de Francia, Alemania y Ucrania –es decir, de los mismos países que posteriormente violaron dicha integridad– y con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, que otorgó así a los acuerdos el máximo grado de legitimidad en el ámbito del derecho internacional.

La postura rusa consistió en un esfuerzo constante por alcanzar la paz, y hasta el último momento no reconocimos la independencia de las repúblicas de Donbás y Novorossiya, con la esperanza de que Kiev entrara en razón y cumpliera los compromisos adquiridos. Sin embargo, el proceso de Minsk fue saboteado. Posteriormente, la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente francés François Hollande –garantes de los acuerdos– reconocieron abiertamente que, desde el principio, no se había previsto el cumplimiento de los acuerdos, y que la tregua sólo se utilizó para ganar tiempo y permitir el rearme de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Kiev, con el apoyo directo de sus tutores occidentales, simplemente ignoró todos los artículos del acuerdo de Minsk y continuó con los bombardeos masivos y el bloqueo.

Las propuestas rusas mencionadas de diciembre de 2021, que satisfacían los intereses de seguridad de todos los países, podrían haber sido un “salvavidas” en la situación actual. Fueron rechazadas de plano. Ni siquiera se molestaron en entablar un diálogo con nosotros. La respuesta fue la misma línea de siempre: el apoyo al régimen de Kiev, con su política de nazismo y genocidio contra su propia población disidente. En estas circunstancias, no tuvimos más remedio que acudir en ayuda de la gente común que se encontraba bajo amenaza de aniquilación. Las acciones de Rusia en el marco de la operación militar especial se convirtieron en una misión de respuesta obligada, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, llevada a cabo con fines humanitarios. No fuimos nosotros quienes desencadenamos la crisis, pero somos precisamente los que queremos resolverla, defendiendo el derecho de las personas a la vida, a la lengua, a la fe, y simplemente a una existencia pacífica.

Nos damos cuenta de que esta confrontación no es contra el pueblo ucraniano, sino contra la maquinaria militar de la OTAN, que libra la guerra a través de los ucranianos. Siempre damos prioridad a una solución político-diplomática –nuestras propuestas al respecto son bien conocidas–, pero, ante la falta de disposición de nuestros oponentes, estamos decididos a alcanzar todos los objetivos fijados por la Operación Militar Especial por la vía militar. Nuestras acciones se emprenden en nombre de la salvación, no de la destrucción. Queremos una Ucrania amistosa, no necesariamente aliada, sino neutral y bienintencionada, en la que se respeten los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos, incluidos el idioma, la educación y la religión. La única garantía para que no se repita la crisis será una arquitectura de relaciones en pie de igualdad que beneficie a todos los participantes en el proceso internacional y que establezca un sistema de seguridad y cooperación para todos, sin excepciones ni exclusiones. La Gran Asociación Euroasiática, propuesta por Vladímir Putin en 2015, puede convertirse en la base socioeconómica que aúne el potencial de los Estados y las uniones regionales con estos fines.

Valoramos enormemente la postura ponderada de los dirigentes de México respecto a la crisis ucraniana, así como su firme determinación de no ceder ante las llamadas provocadoras procedentes de Kiev y de varios países de Europa occidental. Consideramos que esto constituye una sabia manifestación de los principios humanistas que caracterizan la política exterior del país. Esta línea de actuación contribuye objetivamente a la paz y a la resolución política de cualquier crisis. Esperamos que se mantenga esta línea de actuación con toda responsabilidad.