El Gobierno mexicano busca contener el brote antes de la reapertura de las exportaciones ganaderas a Estados Unidos.
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Tras ocho años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo a favor de México en el caso que sostenía con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company por la clausura de la mina Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Vulcan llegó a México en 1986; se dedicó a la extracción de material pétreo del subsuelo marino y de la selva de dicha entidad para exportarlo hacia Estados Unidos (EE. UU.), donde es utilizado en la industria de la construcción.
En 2022, ante los graves impactos ecológicos documentados en la zona, entre ellos la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración de mantos acuíferos, el Gobierno Federal ordenó el cierre de sus operaciones.
Como respuesta, la minera promovió un arbitraje internacional en el que reclamó una indemnización millonaria, al sostener que el cierre de su planta constituía una expropiación de sus activos.
Sin embargo, el CIADI informó que desestimó prácticamente la totalidad de las reclamaciones económicas derivadas del cese de actividades en Quintana Roo. La única excepción correspondió a la clausura de un predio en 2018, cuyo monto representa menos del 1 por ciento de los mil 700 millones de dólares exigidos por Vulcan.
En un posicionamiento, la empresa afirmó que el tribunal determinó que México violó el acuerdo comercial que mantiene con EE. UU. y Canadá (T-MEC), aunque admitió que la indemnización concedida fue “insignificante”.
Por su parte, la Secretaría de Economía señaló que analizará a detalle la resolución del CIADI para “determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance” y refrendó “su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”.
Tanto la empresa como las autoridades mexicanas disponen de 120 días para solicitar la anulación del fallo ante el organismo internacional. Hasta ahora, ninguna de las partes ha anunciado formalmente alguna medida al respecto.
El Gobierno mexicano busca contener el brote antes de la reapertura de las exportaciones ganaderas a Estados Unidos.
El cierre de los mercados presionó los precios de venta y aumentó los costos de mantenimiento.
Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
El organismo advirtió que sin mayores flujos de capital no habrá una creación sostenida de puestos de calidad.
El SMN advirtió que durante las próximas 48 horas podrían registrarse inundaciones, deslaves, caída de árboles y otras afectaciones por tormentas severas en gran parte del país.
La FGR estima un daño a la Hacienda Pública de más de cuatro mil millones de pesos.
Fue en noviembre de 2023 cuando se registró la muerte de Zamir Pinto, joven de 16 años, tras cinco días de permanecer en el Colegio Militarizado de Aztlán.
Grupos de derecha y gente adinerada claman en México por la intervención yanqui; son partidos y actores políticos que ya estuvieron en el poder.
La derecha mexicana avala y promueve el intervencionismo norteamericano, la dominación de una nación sobre otra, es decir, el neocolonialismo.
La derecha mexicana ha recurrido a las redes sociales para difundir su mensaje; en algunos casos abiertamente, en otras de manera sutil.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
Ésta es la realidad de los “Pueblos Mágicos”, a pesar de la abundante publicidad que se difunde para atraer el turismo, los beneficios no llegan a las comunidades ni sus habitantes.
La presidenta aclaró que Estados Unidos no impuso un nuevo gravamen a México. Explicó que el arancel del 10 por ciento por trabajo forzado sustituye a un esquema previo y no modifica las condiciones comerciales del T-MEC.
Aunque la población económicamente activa aumentó en junio de 2026, el empleo formal perdió 84 mil plazas respecto al año anterior y la informalidad llegó al 55 por ciento, según un análisis de ManpowerGroup con datos del INEGI.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410