Activistas y ciudadanos se reunieron en Ciudad de México para expresar solidaridad con la población palestina, visibilizar la situación de la infancia en Gaza y promover el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel.
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Tras ocho años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo a favor de México en el caso que sostenía con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company por la clausura de la mina Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Vulcan llegó a México en 1986; se dedicó a la extracción de material pétreo del subsuelo marino y de la selva de dicha entidad para exportarlo hacia Estados Unidos (EE. UU.), donde es utilizado en la industria de la construcción.
En 2022, ante los graves impactos ecológicos documentados en la zona, entre ellos la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración de mantos acuíferos, el Gobierno Federal ordenó el cierre de sus operaciones.
Como respuesta, la minera promovió un arbitraje internacional en el que reclamó una indemnización millonaria, al sostener que el cierre de su planta constituía una expropiación de sus activos.
Sin embargo, el CIADI informó que desestimó prácticamente la totalidad de las reclamaciones económicas derivadas del cese de actividades en Quintana Roo. La única excepción correspondió a la clausura de un predio en 2018, cuyo monto representa menos del 1 por ciento de los mil 700 millones de dólares exigidos por Vulcan.
En un posicionamiento, la empresa afirmó que el tribunal determinó que México violó el acuerdo comercial que mantiene con EE. UU. y Canadá (T-MEC), aunque admitió que la indemnización concedida fue “insignificante”.
Por su parte, la Secretaría de Economía señaló que analizará a detalle la resolución del CIADI para “determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance” y refrendó “su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”.
Tanto la empresa como las autoridades mexicanas disponen de 120 días para solicitar la anulación del fallo ante el organismo internacional. Hasta ahora, ninguna de las partes ha anunciado formalmente alguna medida al respecto.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410