La Legislatura de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las fiscalías estatales puedan perseguir delitos de delincuencia organizada, una facultad reservada actualmente a la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de una fuerte caída de las investigaciones federales en la materia.

La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión y, aunque tiene escasas posibilidades de prosperar por provenir de una entidad gobernada por la oposición, pone sobre la mesa el debilitamiento de la estrategia federal contra las organizaciones criminales.

Datos citados en el análisis que acompaña la iniciativa muestran que las carpetas de investigación por delincuencia organizada iniciadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cayeron 90 por ciento entre 2012 y 2017, al pasar de 2 mil 270 casos a apenas 222. Durante el sexenio anterior el promedio anual se mantuvo en 243 expedientes.

Si bien desde 2025 se registra un repunte, no existe información pública suficiente para conocer qué delitos se persiguen bajo esta figura ni cuántos casos concluyen con sentencias. Los únicos datos desagregados disponibles corresponden a delitos contra la salud.

La iniciativa también revive el debate sobre la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que contempla mecanismos extraordinarios como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio sin condena previa y el uso de testigos protegidos con identidad reservada.

Diversos especialistas han cuestionado estas herramientas por considerar que pueden vulnerar garantías procesales y abrir espacios para abusos por parte de las autoridades.

El documento compara además el modelo mexicano con experiencias internacionales. Mientras en Estados Unidos la ley RICO permite procesar a toda una organización criminal y responsabilizar a sus integrantes por las actividades de la red, en Italia la legislación antimafia castiga incluso la participación o colaboración económica con grupos delictivos.

En México, en cambio, la pertenencia a una organización criminal funciona principalmente como un agravante que permite a las autoridades acceder a facultades especiales de investigación y solicitar penas más severas.

La propuesta de Guanajuato plantea que la Federación mantenga la facultad de legislar, pero que los estados puedan aplicar la ley y perseguir estos delitos desde el ámbito local. No obstante, persisten interrogantes sobre la capacidad de las fiscalías estatales para proteger testigos, investigar estructuras criminales complejas y evitar abusos derivados de un régimen de excepción.

El debate ocurre en un contexto en el que las redes criminales operan desde los territorios locales, mientras la persecución federal muestra niveles reducidos y resultados poco transparentes, lo que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación en todos los niveles de gobierno.