En México, un total de 107 defensores del territorio fueron asesinados y 24 permanecen desaparecidos entre 2017 y 2024, reveló el segundo informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana; además, el estudio identificó 81 proyectos extractivos relacionados con al menos un hecho de violencia letal durante ese periodo.

El informe Entre el despojo y las apuestas por la vida: la maquinaria del extractivismo en México (2017-2024) señala que los casos se registraron en distintos sectores. La agroindustria concentra 21 proyectos con homicidios, seguida por el sector energético, con 20; el hídrico, con 14, y el minero, con 13. También se documentaron desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Asimismo, el reporte destacó que los estados con mayor concentración de casos son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, principalmente en regiones donde comunidades indígenas y agrarias mantienen disputas o procesos de defensa frente a proyectos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales. 

Entre los casos documentados se encuentra el de Irma Galindo, defensora mixteca de Oaxaca que denunció la tala clandestina en el bosque de Atatlahuca. Después de sufrir agresiones y desplazamiento, desapareció nuevamente en octubre de 2021 y hasta ahora se desconoce su paradero.

El informe también indicó que en Ayotitlán, Jalisco, una zona vinculada con la operación de la mina Peña Colorada. Ahí, el OCSA registra 39 asesinatos y siete desapariciones desde 1996, incluidos casos de defensores nahuas como Higinio Trinidad de la Cruz, asesinado en 2023; Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido en 2012, y Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos en enero de 2023.

El OCSA advierte que la persistencia de estas agresiones está acompañada por una respuesta insuficiente de las autoridades para esclarecer los casos y sancionar a los responsables. No obstante, entre 2017 y 2024 se registraron tres mil 734 eventos de acción colectiva, que muestran la organización de comunidades y grupos que han recurrido a asambleas, recursos legales, alianzas y distintas formas de protesta para defender sus territorios.

Conclusiones del estudio

A partir del análisis de mil 139 proyectos, el estudio identificó mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos que se relacionan entre sí y que, de acuerdo con el Observatorio, permiten que el despojo territorial se mantenga en el tiempo.
 

Agregó que el desplazamiento también forma parte de los efectos documentados, ya que identificó 52 proyectos relacionados con eventos de desplazamiento forzado durante el periodo analizado y señaló que México todavía carece de un registro oficial de las personas desplazadas por causas socioambientales.

Ante este escenario, el OCSA planteó la necesidad de que el Estado reconozca el desplazamiento forzado por causas socioambientales, genere un registro público de víctimas, también, se revisen los mecanismos de concesiones y consultas para establecer medidas efectivas de protección para quienes defienden el territorio. 

También llamó a que la violencia sea analizada en relación con los proyectos extractivos y no como hechos separados. Finalmente, reconoció que su investigación tiene límites porque parte de una revisión de información publicada en medios, por lo que las cifras podrían ser menores a la dimensión real del fenómeno, sin embargo, sostuvo que los datos permiten identificar patrones de violencia, despojo y resistencia en distintas regiones del país.