Afectaciones emocionales y de salud, pérdida de empleos e ingresos, gastos asociados con las búsquedas, conflictos y cambios en la dinámica familiar, además de violencia criminal e institucional contra quienes participan en estas labores, son sólo algunas de las consecuencias que enfrentan los hombres buscadores en México.

De acuerdo con el estudio "Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores", de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, los mandatos de género dificultan que los hombres reconozcan su vulnerabilidad y busquen apoyo emocional, en un país donde se registraban 133 mil 475 casos de personas desaparecidas hasta el 8 de diciembre de 2025.

El estudio, cuya primera edición corresponde a junio de 2026, se elaboró a partir de un taller realizado los días 2 y 3 de abril de 2025 en Ciudad de México, dentro de los espacios de acompañamiento del Programa de Derechos Humanos de Fundar, además de entrevistas a profundidad con hombres buscadores.

Reportó que la desaparición de un familiar obliga a modificar las dinámicas de los hogares. Aunque la participación masculina en los colectivos de búsqueda ha sido históricamente menor que la femenina, los hombres que asumen estas tareas también enfrentan daños físicos, psicológicos, económicos y sociales que suelen permanecer poco visibles.

Asimismo, señaló que entre las principales afectaciones psicoemocionales destaca el coraje, tristeza, angustia, enojo, desesperación, impotencia y miedo. Los testimonios también refieren trastornos del sueño, estrés crónico, depresión e incluso pensamientos suicidas. 

El documento también advierte que algunos buscadores asumen los costos de consultas psiquiátricas y medicamentos mientras mantienen sus responsabilidades familiares y de búsqueda.

Entre los principales gastos que reportaron de manera constante los hombres buscadores se encuentran la gasolina, el transporte, los alimentos, las herramientas para las búsquedas, la atención médica y los servicios funerarios. Ante la falta de recursos, algunos recurren a sus ahorros o solicitan préstamos, mientras que otros pierden ingresos por ausentarse de sus empleos o incluso enfrentan despidos, situación que los obliga a recurrir al trabajo informal, el autoempleo o pequeños negocios.

Además, los hombres buscadores reportaron amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización, burlas, negligencias y tratos indignos por parte de autoridades. También señalaron deficiencias en los protocolos de seguridad, traslados prolongados y situaciones en las que deben permanecer durante horas en lugares inseguros mientras esperan la llegada de las autoridades para el levantamiento de cuerpos. El informe documenta además casos de desplazamiento forzado y de buscadores que han sido asesinados o desaparecidos.

Un par de casos

Javier Barajas Barrera, Guanajuato. Tras la desaparición de su hija Guadalupe Barajas Piña, el 29 de febrero de 2020, Javier emprendió su búsqueda hasta localizarla el 18 de octubre de ese año en una fosa clandestina de Salvatierra. La violencia no terminó con el hallazgo: su otro hijo, Javier Barajas Piña, se incorporó a la Comisión de Búsqueda del Estado de Guanajuato para ayudar a encontrar a otras personas desaparecidas y fue asesinado el 29 de mayo de 2021. 

José Luis Reyes Cortés, Guerrero. Durante décadas buscó a su padre, Roberto Reyes Piedra, desaparecido por el Ejército en 1974 durante la represión político-militar del terrorismo de Estado. Durante el taller aún no había podido localizarlo; meses después, el 24 de octubre, una diligencia realizada en Coyuquilla, Guerrero, permitió exhumar dos cuerpos cuya identificación podría corresponder a su padre y a su tío. 

Ante este panorama, Fundar plantea la necesidad de políticas públicas específicas para atender a la población buscadora y amortiguar los daños físicos, emocionales, psicológicos, económicos y materiales que enfrenta. El documento propone una redistribución de las tareas de búsqueda y cuidados, así como un sistema que reconozca las necesidades de mujeres, hombres, jóvenes y niñas y niños que forman parte de las familias buscadoras.

Cabe destacar que desde 2010 y hasta abril de 2025, 27 personas buscadoras fueron asesinadas y otras tres permanecían desaparecidas en México por su labor de búsqueda de familiares, de acuerdo con el memorial elaborado por A dónde van los desaparecidos. El registro señala que las víctimas eran madres, padres, esposas, esposos y hermanos que investigaban por cuenta propia el paradero de sus familiares. Los homicidios ocurrieron en 14 estados del país y la mayoría de los casos permanecía impune, según el reporte publicado el 4 de abril de 2025.