Más de una decena de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos denunciaron una presunta estrategia de criminalización, estigmatización y obstaculización contra familias buscadoras que realizaron protestas pacíficas en el marco de las actividades relacionadas con la Copa Mundial FIFA 2026 en México.

A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones condenaron las acciones que, aseguran, limitaron el ejercicio del derecho a la manifestación entre el 4 y el 11 de junio, cuando familiares de personas desaparecidas aprovecharon la atención internacional generada por el Mundial de futbol para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, la cual supera las 134 mil personas desaparecidas.

Los colectivos también rechazaron declaraciones atribuidas a la Secretaría de Gobernación sobre el origen de los apoyos económicos para las familias movilizadas desde Jalisco, al considerar que esas afirmaciones desacreditan su lucha y ponen en riesgo su seguridad.

"Insinuar que su movilización tiene 'intenciones ajenas' a la búsqueda de justicia constituye un acto de estigmatización pública que deslegitima el derecho a la protesta", señalaron las organizaciones.

Denuncian operativos en Toluca, Puebla y Ciudad de México

En el documento se describen distintos hechos registrados durante las jornadas de protesta.

En Toluca, integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaron una protesta simbólica previo al partido amistoso entre México y Serbia en el estadio Nemesio Diez. Según el pronunciamiento, las familias fueron rodeadas por un amplio despliegue policial, incluyendo elementos de caballería, para impedir su avance.

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos denunció haber sido cercado por alrededor de 300 elementos antimotines mientras difundía fichas de búsqueda cerca del estadio Cuauhtémoc. Además, señalaron que algunas de sus integrantes fueron empujadas, despojadas de pertenencias y posteriormente citadas por la fiscalía estatal el mismo día de la inauguración del Mundial, hecho que calificaron como una posible medida para inhibir su participación.

Respecto al contingente de Ayotzinapa, el pronunciamiento sostiene que 17 autobuses con madres, padres y estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan bajo argumentos de seguridad nacional. Las familias afirmaron que el procedimiento fue irregular y denunciaron la presunta presencia de un infiltrado, situación que derivó en la cancelación de un mitin programado en el Hemiciclo a Juárez.

Exigen frenar la criminalización

Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para cesar cualquier acción que criminalice, intimide o sancione a las familias buscadoras por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, demandaron garantizar condiciones para que los colectivos puedan continuar con sus labores de búsqueda y exigir verdad y justicia sin enfrentar actos de hostigamiento o deslegitimación.

El pronunciamiento fue respaldado por diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.