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Reportaje
La impagable deuda pública de México
Conseguir recursos implica comprometer ingresos futuros, pues el Gobierno debe devolver el dinero prestado y pagar los intereses correspondientes.


Desde 2006, la deuda pública ha crecido. Aunque fue en el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), a partir del 2018, cuando AMLO aumentó casi en 50 por ciento comparado con el gobierno anterior. Para 2027, el déficit presupuestal será de más de un billón de pesos (bdp), que será enmendado con deuda, según lo autorizado por la Cámara de Diputados.

Durante los últimos meses, las calles del país se han convertido en escenario de reclamos diversos: médicos exigiendo insumos y mejores condiciones laborales; pacientes demandando hospitales y clínicas; ciudadanos reclamando agua potable y agricultores solicitando programas de apoyo; madres buscadoras insistiendo en la impartición de justicia; transportistas pidiendo seguridad y atención en las carreteras. Aunque sus demandas responden a distintos problemas, todas obedecen a la falta de presupuesto, a cuya presión se suma la elevada deuda pública del país.

Cuando el gobierno necesita más dinero del que recauda puede recurrir al financiamiento mediante préstamos directos o la emisión de instrumentos de deuda, como los bonos. Este mecanismo permite financiar obras de infraestructura, programas y otras necesidades sin depender exclusivamente de los ingresos disponibles en un momento determinado. Sin embargo, conseguir recursos implica comprometer ingresos futuros, pues el Gobierno debe devolver el dinero prestado y pagar los intereses correspondientes.

Durante el sexenio de AMLO y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la deuda pública alcanzó niveles sin precedente, impulsada por el déficit presupuestario, el financiamiento de proyectos emblemáticos de infraestructura y el creciente presupuesto destinado a programas sociales.

Así, el sexenio de AMLO dejó al país con una deuda equivalente al 50.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); en tanto, durante la gestión de la Presidenta, el endeudamiento ha alcanzado ya el 51 por ciento del tamaño de la economía, según un estudio de la consultora TResearch. El monto equivaldría a construir unos 73 mil 462 estadios Azteca, sin ajustes por inflación.

Frente a la creciente deuda pública, una parte considerable del presupuesto durante estos últimos años se ha destinado a cubrir los intereses, en lugar de enfocarse a obra pública y servicios para los mexicanos.

Especialistas consultados destacan que en el debate público, al menos dos han sido las posturas respecto a la adquisición de deuda. Por un lado, la oposición a la contratación de préstamos, en tanto la economía del país resulta insolvente; por otro lado, a la realización de obra pública mediante estos préstamos, que redituará en beneficios posteriores. Sin embargo, más allá de esas posturas, su impacto depende de para qué se utiliza el dinero, cuánto cuesta financiarlo y qué capacidad tiene el país para cumplir con sus obligaciones de pago.

 

 

Una bola de nieve

Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la consultora TResearch elaboró un análisis en el que documentó las variaciones del endeudamiento público durante las últimas siete administraciones federales, comenzando con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Al cierre de 1994, la deuda pública ascendía a 5.4 bdp, equivalente al 28.5 por ciento del PIB; para el gobierno de Ernesto Zedillo se logró contener el endeudamiento, incluso se redujo a 4.5 bdp, correspondiente al 18.8 por ciento del tamaño de la economía mexicana.

Estos datos están en pesos actuales, sin el efecto de la inflación, y se basan en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda. Además, son netos: a lo que debe el gobierno se le resta lo que ya tiene.

La tendencia a la baja fue significativa también en el sexenio de Vicente Fox, etapa en que la deuda tocó su punto más bajo en la historia reciente, al situarse en 4.7 bdp, apenas 17.8 por ciento; sin embargo, la ruta dio un giro drástico con Felipe Calderón, pues para amortiguar la crisis global de 2008 y la caída de los ingresos petroleros, el Gobierno recurrió al crédito externo e interno, al incrementarse la deuda a 9.9 bdp, es decir, el 32.4 por ciento del PIB.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda pública mostró un incremento, y al final de 2018, alcanzó 15.7 bdp, es decir, 44.7 por ciento respecto al gobierno anterior.

Ese ritmo ascendente continuó y, durante el mandato de AMLO, el costo de las obras “emblemáticas”, los programas sociales y el alza en las tasas de interés llevaron la deuda de los 15 a los 17.8 bdp, equivalente a 50.5 por ciento del PIB.

Hoy, bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, el registro histórico mantiene su trayectoria hasta alcanzar los 19.1 bdp, cifra equivalente a 51 por ciento de lo producido por la economía nacional.

 

 

TResearch explica que el nivel de endeudamiento actual “es como si cada mexicano debiera un coche nuevo y pagara intereses cada mes por él”, pues al repartir los 19.1 bdp entre todos, incluyendo a los recién nacidos, la cifra equivale a 145 mil 500 pesos por habitante.

Entrevistado por buzos, Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, estimó que, en el país, contrario a lo recomendado, casi la mitad de los recursos obtenidos mediante deuda se ha utilizado para costear los gastos del Gobierno.

“Cuando la deuda se utiliza principalmente para fomentar proyectos de inversión, como infraestructura, carreteras, trenes, obras hidráulicas o eléctricas, se puede decir que es positiva, ya que este tipo de inversiones fomenta el crecimiento y desarrollo económico (…); pero hemos detectado que alrededor del 40 por ciento, o 40 centavos de cada peso, no se utilizan para inversión, sino para el gasto corriente, que no es una buena práctica; y ha sucedido así desde 2019”, explicó el experto.

También explicó que el pago de los intereses asociados a la deuda, sumado al pago de pensiones, representarán aproximadamente 10.3 por ciento del PIB en 2027, frente a 6.8 por ciento destinado a los servicios públicos; es decir, para el siguiente año, el Gobierno Federal destinará más presupuesto al pago de intereses de la deuda que a la inversión en obra pública.

Diversos organismos han alertado sobre la operación deficitaria de este tipo. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), han establecido que cuando el costo financiero del endeudamiento supera los techos de inversión social, el Estado pierde margen de maniobra para aplicar políticas de desarrollo de largo plazo.

Estos organismos coinciden en que tal restricción deriva en una drástica reducción del gasto público ‒crucial para la modernización de la infraestructura hídrica, energética y de transporte‒, mientras eleva la vulnerabilidad financiera macroeconómica ante embates externos y limita la capacidad presupuestal para garantizar servicios básicos de salud, educación y seguridad ciudadana.

En México, uno de los principales problemas del endeudamiento radica en el costo representado por las finanzas públicas, porque el dinero destinado a pagar intereses y otros gastos asociados con la deuda no puede utilizarse simultáneamente para financiar nuevos proyectos; aunque esto no significa que cada peso pagado a los acreedores se hubiera destinado necesariamente a un servicio público.

A decir de México Evalúa, durante 2025, el pago de intereses de la deuda pública ascendió a 1.31 bdp, el monto más alto desde 1993. Mientras, la inversión física del gobierno cayó a 770 mdp, una reducción de 28.4 por ciento respecto a 2024 y su nivel más bajo desde 2008.

El problema también está relacionado con la forma en que se financia el gasto público. La organización no gubernamental de finanzas públicas México ¿cómo vamos? señala que una manera de evaluar el uso del endeudamiento consiste en comparar los recursos obtenidos mediante financiamiento con la inversión física realizada por el gobierno.

Según su análisis de las finanzas públicas, en 2023 la inversión física equivalió a 65 centavos por cada peso de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP); en 2024, a 53 centavos, y en 2025, a alrededor de 45 centavos.

A esta presión se suman otros compromisos del presupuesto, como las pensiones y las transferencias a los estados y municipios. En su análisis del Paquete actual, es decir, de 2026, México Evalúa estimó que 75 por ciento de los ingresos propios del gobierno estaría comprometido en gastos considerados como “difíciles de reducir”, entre ellos las pensiones, las participaciones federales y el pago de intereses a la deuda. Según el organismo, esta distribución dejaría un margen menor para ampliar los recursos en otros rubros.

Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) también identificó presiones sobre las finanzas públicas: precisó que el costo financiero de la deuda fue 8.9 por ciento mayor, en términos reales, que en 2024.

El organismo también reportó que, pese al ajuste fiscal realizado durante 2025, el gasto programable ‒que incluye los recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión‒ prácticamente no creció en comparación con el año anterior.

De esta manera, ambos centros de investigación coincidieron en que el costo de la deuda limita el margen de maniobra del gobierno para atender otras necesidades del país; ya que, si los intereses aumentan mientras los ingresos públicos crecen lentamente, quedan menos recursos disponibles para financiar servicios públicos e inversión; por lo que el gobierno debe recurrir a más financiamiento, buscar nuevas fuentes de ingresos o modificar la distribución del gasto.

El déficit, un pendiente para 2027

Las cifras de endeudamiento muestran la dimensión del problema; pero las perspectivas para los próximos años permiten observar sus posibles consecuencias. Las estimaciones presupuestarias para 2027 prevén que el gobierno deberá mantener el ajuste de las finanzas públicas en un contexto marcado por el pago de intereses y otras obligaciones que compiten por los recursos disponibles.

En palabras de Jorge Cano, el incremento de la deuda provoca que el gobierno deba pagar más intereses. “A pesar de que los contribuyentes están aportando más impuestos, con tales impuestos que pagan extra no se financiarán la salud, la educación, seguridad, carreteras, sino que se pagará la deuda adquirida en años pasados”, informó.

En la misma línea, el CIEP advirtió que en el Paquete Económico 2027 “se aprecia un esfuerzo por reducir el déficit y, pese a ello, la deuda pública está aumentando; y la inversión pública no logra consolidar un crecimiento sostenido”.

También estableció que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ‒es decir, la medida de la deuda bruta del sector público del país‒, la deuda en su medida más amplia, aumentará a 55 por ciento del PIB el próximo año, 3.6 puntos porcentuales más respecto a lo aprobado para 2026.

Mientras el endeudamiento crece, agregó el CIEP, la inversión pública será de apenas un billón 133 mil 613.2 mdp, equivalentes a 2.9 por ciento del PIB y 10.7 por ciento del gasto total, lo que se traducirá en una disminución real de 12.3 por ciento respecto al asignado para el año en curso.

Además agregó que, de esta bolsa de recursos, 83.4 por ciento se concentrará en Petróleos Mexicanos, nuevos proyectos ferroviarios y en la Comisión Federal de Electricidad.

 

 

También denunció que el presupuesto para el sector salud apenas representaría 2.9 por ciento del tamaño de la economía, lo que dista de la recomendación internacional de seis por ciento, porque al interior de este rubro se observarán desigualdades entre instituciones.

“Una persona afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social recibiría más del doble del gasto destinado a una persona atendida por IMSS-Bienestar. Además, el gasto de bolsillo por persona sería 29.3 por ciento, mayor que el gasto público per capita en IMSS-Bienestar. Estas diferencias afectarían principalmente a la población sin seguridad social y a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos al gasto de bolsillo”, denunció.

Y destacó, además, que el gasto para el cuidado de los ciudadanos se reducirá 1.6 por ciento, a 475 mil 959.7 mdp, de los cuales 77.1 por ciento se destinarán a cuatro programas relacionados con pensiones y becas. “El predominio de transferencias monetarias sobre la infraestructura y servicios trasladaría la responsabilidad del cuidado a los hogares”, añadió.

Ante este panorama, Jorge Cano, de México Evalúa, consideró que el Gobierno Federal deberá establecer metas de salud financiera más robustas; entre ellas, ahorrar cuando se observen mayores ingresos para disponer de recursos ante posibles crisis; así como evaluar la trayectoria del endeudamiento en periodos más extensos.

Hacia el futuro, subrayó que el endeudamiento del país ascenderá hasta 55 por ciento del PIB en 2027; mientras que los costos asociados al mismo lo harán en alrededor de cuatro puntos porcentuales respecto al tamaño de la economía.

Así, la capacidad del gobierno para contener el déficit, fortalecer los ingresos públicos y establecer prioridades presupuestarias será determinante para definir cuánto margen tendrá el Estado para invertir en infraestructura y garantizar servicios como la salud, educación y seguridad. De ello dependerá que el endeudamiento contribuya al desarrollo económico o que sus costos limiten las posibilidades de atender las carencias del país. 

 

¿Cómo obtiene préstamos el Gobierno?

Los bonos funcionan como un préstamo: los inversionistas los adquieren, a cambio, reciben pagos periódicos de intereses (cupones) y, al vencimiento, el reembolso del capital invertido.

En México, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emite estos instrumentos para obtener financiamiento, mientras que el Banco de México (Banxico) los coloca en el mercado.

Entre los principales destacan:

CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación que generan ganancias una vez vencido el plazo.

Bonos M: Instrumentos a mediano y largo plazo que pagan intereses fijos cada seis meses.

BONDES: Títulos cuyos intereses varían periódicamente, según las condiciones de la tasa referencial del mercado.

UDIBONOS: Instrumentos que protegen la inversión frente a la inflación.

Cada uno tiene diferentes plazos y formas de pago; y pueden ser adquiridos por los ciudadanos e inversionistas extranjeros mediante plataformas gubernamentales, bancos, casas de bolsa y fondos de pensiones.


Escrito por Sebastián Campos Rivera

Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | @srivera1410


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