Comunidades originarias de Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí solicitaron al Congreso reformas para impedir la exploración y explotación de gas y petróleo, ante los daños ambientales y la contaminación.
Cargando, por favor espere...
Un año después de la tormenta tropical 90-E, el peor desastre natural ocurrido en el norte de Veracruz durante los últimos cien años, que dejó localidades y municipios de esa región casi destruidos, además de 41 personas fallecidas, 300 mil damnificados, 81 localidades incomunicadas de 48 municipios del Totonacapan y la Huasteca; a la fecha siguen esperando ayuda. La capacidad de las autoridades federales, estatales y municipales ha quedado rebasada a un año del siniestro.
Donde antes había viviendas, calles y un campo de futbol, ahora permanecen montones de escombros, postes derribados, fragmentos de losas y estructuras que fueron arrancadas por la fuerza del río Garcés. En la comunidad de Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, al norte de Veracruz, el paisaje todavía conserva las huellas de la tragedia ocurrida en octubre de 2025, marcada en la memoria colectiva como una de las fechas más destructivas de la historia de este municipio de habla náhuatl.
A más de un año de las inundaciones registradas entre los días ocho y 10 de octubre de 2025, las familias afectadas están esperando ayuda para reconstruir sus hogares. Algunas tuvieron que refugiarse con familiares, otras viven en casas prestadas o pagan renta; mientras los terrenos donde alguna vez estuvieron sus viviendas, permanecen prácticamente en ruinas.
Fermín Tolentino Hernández, de 50 años, hombre de campo, con sus manos llenas de callos por las largas jornadas de peonaje, camina por lo que anteriormente era una de las calles de la localidad. Se detiene a un costado del antiguo campo de futbol y señala los espacios donde se levantaban las casas, desde lejos señala dónde terminaba la calle conocida por los habitantes como la orilla del río, aunque ni siquiera tenía un nombre oficial.
“Aquí había casas, aquí terminaba la calle y de este lado estaba el campo de futbol. Ahorita ya no hay nada. No ha llegado el apoyo para las personas que perdieron sus viviendas”, relata mientras observa los vestigios de lo que quedó después de la creciente en el río Garcés.
El hombre señala las marcas amarillentas que todavía se distinguen en algunas construcciones que lograron permanecer en pie. Esas señales permiten dimensionar hasta dónde alcanzó el agua. También se refiere a una ceiba cercana de unos cinco metros de altura, cuyo tronco conserva la evidencia de la altura registrada por la inundación.
La corriente no sólo inundó las viviendas, también modificó el cauce del afluente, que, de acuerdo con los habitantes, es una ramificación del río Garcés. La creciente se desvió de su trayectoria habitual y avanzó hacia la comunidad, arrastrando casas y materiales de construcción que terminaron atorados entre los restos de otras estructuras. En el recorrido todavía pueden observarse postes tirados, pedazos de mampostería y losas de concreto que fueron desplazadas por la fuerza del agua.
Fermín calcula que alrededor de 80 viviendas quedaron destruidas o desaparecieron por completo, mientras los datos de la Secretaría de Protección Civil estatal estiman 70 viviendas desaparecidas; la mayoría eran construcciones de concreto y algunas estaban hechas de adobe.
La desgracia también dejó víctimas mortales. Fermín recuerda a cinco personas que perdieron la vida, entre ellas su madre, dos maestras y una niña. El afluente de agua y la fuerza de la corriente impidieron que los pobladores intervinieran en las labores de auxilio, “nadie podía meterse al agua porque era demasiada. Ayudamos en lo que se pudo; pero lamentablemente fueron cinco vidas las que se perdieron”, expresaron don Fermín, Jesús y Octaviano, vecinos de la localidad.
Reclaman que los cuerpos de emergencia municipales, Protección Civil, así como la propia alcaldesa no visitaron la zona afectada; además, reprochan a las autoridades por el daño patrimonial de 140 millones de pesos (mdp) que dejó el expresidente municipal, Abad Tadeo Cortés, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, y que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el Congreso de Veracruz detectaron en el ejercicio fiscal 2025: el Ayuntamiento de Ilamatlán no comprobó el destino de 87 millones 69 mil 534.57 pesos ante la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el Orfis determinó un presunto daño patrimonial de 59 millones 32 mil 865.75 pesos, lo que adiciona más de 146 mdp sin aclarar su destino.
El dolor por aquella tragedia se ha convertido también en impotencia para quienes aún no recuperan lo perdido.
Álamo y Poza Rica
Las inundaciones que golpearon a los municipios de Poza Rica y Álamo Temapache durante la madrugada del 10 de octubre de 2025 marcaron una profunda huella de destrucción, con miles de viviendas afectadas, familias que perdieron su patrimonio y decenas de víctimas mortales.
El desbordamiento de los ríos Pantepec y Cazones provocó que el agua invadiera colonias, calles y comunidades, arrastrara pertenencias y ocasionara daños en numerosas viviendas. De acuerdo con el balance oficial de Protección Civil estatal, la contingencia dejó 37 personas fallecidas y 10 desaparecidas, mientras que los daños materiales se extendieron a distintas regiones de Veracruz.
El censo federal contabilizó 56 mil 532 viviendas afectadas en la entidad. De éstas, alrededor de 14 mil fueron consideradas con pérdida total, 19 mil presentaron daños mayores, 10 mil tuvieron afectaciones medias y otras 12 mil registraron daños menores. En Poza Rica, uno de los municipios con mayores consecuencias por la inundación, se identificaron 13 mil 992 casas afectadas, con un estimado de 55 mil 968 personas damnificadas.
Las cifras reflejan la dimensión de una tragedia que obligó a numerosas familias a comenzar nuevamente después de perder sus pertenencias y, en algunos casos, sus viviendas. Pero la solución no ha empezado debido a que esperan algo de ayuda del gobierno estatal, pero éste no llega.
Sin casas y a la espera gubernamental
Fermín considera que existe una distribución desigual de los apoyos, pues asegura que algunas personas con daños menores sí han recibido ayuda; mientras familias que se quedaron sin casa están esperando; por ejemplo, 15 habitantes de la localidad de Chahuatlán se quedaron fuera de los apoyos de 400 mil pesos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está entregando.
El reclamo está dirigido también al gobierno del estado, encabezado por la morenista Norma Rocío Nahle García, pues los habitantes consideran que Chahuatlán permanece en el olvido institucional, pese al tiempo transcurrido desde la inundación.
El puente que conecta la comunidad con la localidad de Pino Suárez y que permite salir a la carretera federal Zontecomatlán-Huayacocotla se encuentra destruido, los habitantes exigen la reconstrucción del puente, única salida que existe, y cuestionan que, después de un año, no haya respuestas suficientes para quienes perdieron su patrimonio.
“Cómo es posible que algunas personas que no fueron tan afectadas, estén recibiendo apoyo sólo por ser familiares de las autoridades de la comunidad y de los funcionarios del Ayuntamiento, y las que no tienen dónde vivir sigan esperando. Hay una señora que estaba llorando porque no le llegó la ayuda; ella solamente quiere recuperar su lugarcito, tener nuevamente su propia casa”, reveló.
Comunidades incomunicadas
A la pérdida de las viviendas se suma otro problema que mantiene incomunicada a la población durante las temporadas de lluvias: el puente de acceso quedó prácticamente destruido. Aunque en el sitio fue colocado un anuncio sobre la obra de reconstrucción, los trabajos no han avanzado como esperaban y la infraestructura no ofrece hoy por hoy condiciones seguras.
Fermín explica que, en algunas ocasiones, sólo rellenan una parte del paso; pero cuando vuelve a crecer el río, el problema se repite. “La estructura quedó inservible y, cuando aumenta el nivel del agua, los habitantes se quedan sin comunicación para trasladarse o conseguir los productos y servicios que necesitan”.
Además, la construcción de un muro de contención resulta insuficiente, los vecinos reclaman que el Ayuntamiento redujo la longitud de 170 metros de largo a sólo 50 metros, y suponen que las autoridades “se están robando” el dinero; por lo que piden a la gobernadora del estado vigilar la ejecución de los recursos y evitar la corrupción, que es común en el municipio, como se demostró en la administración anterior.
Asegura que la comunidad necesita equipo pesado para avanzar en las labores, pues conseguirlo en esa región representa una dificultad adicional. Las prioridades para los habitantes son recuperar las viviendas de las familias damnificadas y reconstruir el puente que conecta a Chahuatlán con el exterior. Sin esas obras, advierte, la población seguirá expuesta a las mismas dificultades ante nuevas crecientes.
“Lo que urge es la vivienda y, sobre todo, el puente. Cuando crece el río, ya no tenemos comunicación para ningún lado: todos corremos hacia los cerros; pero los caminos en esos tramos se deslavan, y la única salida es por el puente”, insistió.
En espera de una completa respuesta institucional
Un año después de las inundaciones y deslaves, los damnificados en el norte veracruzano como la Huasteca indicaron que existen diferencias entre los informes oficiales sobre la recuperación y la realidad; por ello mantienen la exigencia de una atención más efectiva del gobierno de Rocío Nahle García.
Mientras la administración estatal ha destacado el despliegue de personal, maquinaria, entrega de despensas y acciones para restablecer la comunicación en las comunidades afectadas, habitantes de distintas localidades aseguran que la ayuda no llega oportunamente y que todavía existen familias que esperan apoyos para recuperar sus viviendas y patrimonio.
En los primeros días de la contingencia, el gobierno de Veracruz informó sobre la distribución de más de cuatro mil apoyos humanitarios en Álamo Temapache, así como la instalación de puentes aéreos para trasladar alimentos, medicamentos y personal médico a comunidades incomunicadas de Ilamatlán y Zontecomatlán.
Posteriormente, la gobernadora reportó que más de nueve mil brigadistas y 601 unidades de maquinaria participaban en las labores de limpieza y recuperación. También sobre la distribución de miles de despensas, agua embotellada y alimentos preparados para las personas afectadas.
En octubre de 2025 reconoció que la reconstrucción de caminos podría prolongarse hasta un año debido a la magnitud de los daños. Sin embargo, los testimonios de los damnificados reflejan una situación distinta. Familias de Poza Rica, Álamo, Tihuatlán y otras localidades han denunciado irregularidades en los censos, exclusión de programas de apoyo y falta de seguimiento a sus solicitudes.
Algunos afectados reportaron haber recibido un primer apoyo económico, pero luego quedaron fuera de las siguientes entregas sin que las autoridades les proporcionaran explicaciones claras sobre los motivos de la exclusión.
También persisten cuestionamientos por las promesas de reubicación de las familias que perdieron sus viviendas y la construcción de infraestructura de protección contra las crecidas del río Cazones, proyectos que, de acuerdo con testimonios documentados durante 2026, no se habían concretado en los plazos esperados.
Habitantes de comunidades serranas, como Chahuatlán, perteneciente a Ilamatlán, están esperando soluciones para recuperar espacios y viviendas dañadas. Los pobladores reclaman que la presencia de funcionarios, recorridos y anuncios institucionales no necesariamente se han concretado en respuestas inmediatas para quienes perdieron sus pertenencias.
De esta manera, mientras el gobierno estatal sostiene que hubo una respuesta coordinada y que la reconstrucción avanza, los damnificados cuestionan la cobertura de los apoyos, la falta de atención a determinadas comunidades y el incumplimiento de compromisos.
Un año después
Las familias del norte de Veracruz que perdieron sus viviendas o que habitan en zonas consideradas de alto riesgo podrán recibir un apoyo económico de 400 mil pesos para adquirir otra propiedad o comprar un terreno donde puedan construir una nueva casa, informó el gobierno estatal.
Los recursos serán canalizados mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), principalmente para habitantes de Ixhuatlán de Madero (161), Ilamatlán (171), Zontecomatlán, Huayacocotla y Texcatepec (133), municipios que registraron afectaciones por las inundaciones de octubre de 2025; en total se entregaron 465 tarjetas, el primer pago será de 160 mil pesos y, algunos de los afectados ya lo recibieron.
En contraste, el censo realizado por el propio gobierno reporta 56 mil 532 viviendas afectadas, de las cuales: 14 mil sufrieron pérdida total; 19, pérdida mayor; 10 mil, pérdida media y 12 mil, pérdida menor; todas pertenecientes a 41 municipios de la región norte del estado de Veracruz.
Los gobiernos estatal y Federal justificaron la medida como parte de las acciones de atención a las familias damnificadas, luego de las pérdidas ocasionadas por el desbordamiento de ríos, deslaves y daños en caminos y viviendas de distintas localidades veracruzanas.
La gobernadora ha destacado que existe un trabajo coordinado con el Gobierno Federal a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, mediante las reuniones del Comité Nacional de Emergencias. Inicialmente se formalizó una declaratoria de desastre para 34 municipios.
Otro de los planteamientos institucionales consiste en reubicar a las familias asentadas donde existe peligro de nuevas inundaciones o deslaves. Sin embargo, los damnificados también han solicitado que las acciones no se limiten al traslado de sus viviendas, sino que incluyan apoyos económicos suficientes y obras de infraestructura pluvial para evitar enfrentar situaciones similares.
El subsidio de 400 mil pesos representa una de las medidas anunciadas para facilitar el acceso a una nueva vivienda a quienes perdieron su patrimonio o deben abandonar sus hogares por encontrarse en zonas vulnerables. La primera entrega de los apoyos ocurrió el domingo 1° de noviembre de 2026 en el municipio de Ixhuatlán de Madero, donde fueron convocadas 465 personas para entregarles las tarjetas donde se realizarán los depósitos.
En esa fecha, la gobernadora Rocío Nahle estuvo con la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel y autoridades locales. Pero mientras transcurría el evento, en Chahuatlán, las familias recorrían la zona del desastre para recordar a las instituciones que los apoyos no fueron distribuidos adecuadamente.
Ricardo Ramírez Cruz, habitante de la localidad de “El crucero”, del municipio de Benito Juárez, quien perdió todo, relata cómo la madrugada del 10 de octubre de 2025, la crecida del río arrancó su vivienda desde los cimientos; ahí vivían sus tres hijos, él y su esposa, “yo perdí todo, hasta papeles; el río se llevó mi vivienda; salí de la casa en short, playera y botas; fue todo lo que saqué, también tres de mis hermanos perdieron todo; las viviendas eran de material: teníamos reforzado todo con cimentación y muros fuertes; estábamos ubicados en buena altura, la crecida del río erosionó los cimientos; he pensado en rescatar las varillas de la losa porque no me han dado ningún apoyo”, reclamó.
Ramírez Cruz reprocha a las autoridades que los apoyos no se entreguen a todos los afectados; mientras hay gente que perdió todo, como don Ricardo; hay gente cuyas viviendas no sufrieron daños y está recibiendo todo, “a mí no me dieron ni los electrodomésticos que se entregaron; con los apoyos que supuestamente entregarán, ni siquiera pasaron a censarme; vivo rentando desde hace un año y no se ve para cuándo estén los apoyos”, llamó a la gobernadora del estado a priorizar el apoyo a las familias que perdieron todo.
Comunidades originarias de Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí solicitaron al Congreso reformas para impedir la exploración y explotación de gas y petróleo, ante los daños ambientales y la contaminación.
A tres meses del terremoto, sólo 1.2 por ciento de los recursos del Fondo Milagro se han ejercido.
Se trata de dos bebés, un adolescente y un adulto quienes sufrieron lesiones en el área de pediatría del Hospital General de Zona número 32, en Minatitlán.
El monumento de 35 metros de altura forma parte de las obras observadas en la Cuenta Pública 2025
El pozo Krem-1 permanece en llamas desde hace más de cuatro meses, en Veracruz.
Desde hace algunos años, en Veracruz y otras entidades, se ha desmantelado la industria cañera en detrimento de miles de trabajadores y productores de caña.
Habitantes carecen de agua potable, batallan para conseguir alimentos y suspendieron clases por el riesgo para los niños.
Autoridades estatales y federales desplegaron operativos de evacuación ante el incremento del río Agua Dulcita, cuyo nivel rebasó en 68 centímetros el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. Se habilitaron cuatro refugios temporales en Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital.
Dos niñas, su madre y una adulta mayor murieron luego de que una barda se desplomara sobre una vivienda en Villa Allende, Coatzacoalcos. El derrumbe ocurrió durante las lluvias y fuertes rachas de viento asociadas al frente frío número 2.
Para las comunidades cercanas al mar, los huracanes representan un problema recurrente porque, después de cada fenómeno, los afectados deben reconstruir su patrimonio y empezar nuevamente.
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas tendrán las mayores precipitaciones con acumulados de hasta 250 milímetros.
El fenómeno meteorológico impactó Sonora como huracán categoría 1 entre las 8:00 y las 8:50 horas del martes
Han pasado casi tres años y la situación del sistema de salud estatal ha empeorado.
El delito acumula dos años consecutivos de incrementos durante julio.
Condenamos enérgicamente estas acciones y advertimos que, si se consuma algún acto que vulnere la libertad o la salud de nuestros compañeros, emprenderemos una lucha de carácter nacional.
Escrito por Antonio de la Cruz / Francisco De Luna
Reporteros